Según datos de la ONU, para el 2019, cuando Sierra Leona decidió prohibir la mutilación genital femenina, un 90% de las niñas y mujeres del país ya habían sufrido este tipo de agresión. Hoy, a dos años de aquel importante avance, la situación sigue siendo crítica; viéndose reflejada la problemática incluso en un fallo judicial chileno.

El pasado 21 de julio, el medio especializado en noticias judiciales, En Estrado, publicó un fallo de la Corte Suprema emitido ese mismo día. En este, el tribunal ordena dar refugio a una familia de Sierra Leona, representada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, luego de que llegaran a Chile acusando el intento de secuestro y mutilación genital de dos niñas de 5 y 7 años en su tierra natal. 

“Existe la amenaza real, actual y concreta de que el grupo familiar sea objeto de persecución y hostigamiento por parte de agentes no gubernamentales, en caso de retornar a su país de origen”, explica el escrito emitido por la Tercera Sala de la Suprema.

Del otro lado se encontraba el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidades que buscaban evitar que la familia sierraleonesa recibiera refugio.

El gobierno, consideró que la familia no reunía las condiciones para que se les diera refugio, ya que sólo ocurrió un intento de secuestro contra las menores, sin repetirse la agresión luego de que la madre y las dos niñas escaparan a otra ciudad.

El gobierno, según el escrito presentado ante la Suprema, consideró que la familia no reunía las condiciones para que se les diera refugio, ya que sólo ocurrió un intento de secuestro contra las menores, sin repetirse la agresión luego de que la madre y las dos niñas escaparan a otra ciudad. A juicio del CDE, el que permanecieran durante cuatro meses antes de viajar al extranjero sin ser objeto de nuevos intentos de secuestro daba como para descartar “el peligro de sufrir el daño” de una mutilación genital.

INTERFERENCIA accedió a la apelación de la cartera de Interior a la entrega de refugio a la familia, encontrando entre los argumentos del gobierno la historia de un matrimonio africano que dejó todo por miedo a que mutilaran a sus hijas.

La historia detrás del escape de la familia y los argumentos del gobierno para negarles refugio

Dentro del texto redactado por el CDE a nombre del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, se establece la cronología del proceso migratorio de la familia sierraleonesa.

El viaje partió el 2017, cuando Alfred –cuyo nombre completo, al igual que del resto de la familia, será mantenido en reserva– decide viajar sólo a Sudamérica. El 16 de mayo hizo ingreso a Chile por el paso fronterizo Los Libertadores, proveniente de Argentina. Cuatro días después, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones en el aeropuerto Arturo Merino Benítez: llevaba un pasaporte falso.

Alfred, no es francés, como decía el documento. Es de Sierra Leona y buscaba viajar a Canadá, donde esperaba trasladar a su familia para recibir refugio. En su tierra natal, sus hijas y su pareja, Jemilatu, esperaban a que se asentara para escapar de una amenaza latente.

El padre de Alfred y abuelo de las menores es líder de una sociedad secreta llamada “Sociedad Bundo”; la cual realiza ritos de “iniciación” donde mutilan los genitales de mujeres y niñas. El abuelo, según el escrito “habría instado por practicar la ablación a sus nietas para efectos de resguardar su reputación espiritual y de líder ante su comunidad”.

Según describe el Consejo de Defensa del Estado en su escrito, las hijas de Alfred y Jemilatu, de 5 y 7 años, sufrieron un intento de secuestro. En aquella oportunidad, desconocidos intentaron raptar a las niñas con el fin de realizarles una ablación, es decir, mutilar sus genitales; gatillando el escape de la familia a otro pueblo y, a la larga, la llegada de Alfred a Chile para intentar trasladar a su familia como refugiados a Canadá.

Meses después, en navidad de 2017, Jemilatu y sus dos hijas ingresaron a Chile provenientes de Bolivia, solicitando refugio en la frontera. Y es precisamente los meses transcurridos entre la llegada de Alfred y el resto de su núcleo familiar uno de los argumentos principales para el Ministerio del Interior y su intento judicial por revertirles la calidad de refugiados.

El CDE asegura que, el hecho de que la familia se mantuviera distanciado por tanto tiempo con las menores aún en Sierra Leona, implica que no existiría peligro de que fueran atacadas nuevamente, ya que luego de ocurrido el intento de secuestro, Jemilatu y sus hijas escaparon a otro pueblo y en este no fueron atacadas nuevamente.

Sin embargo, durante la construcción de los hechos, se revela un detalle relevante a la hora de evaluar el peligro al que estarían sometidas las niñas ante un retorno forzoso al país africano: el padre de Alfred y abuelo de las menores es líder de una sociedad secreta llamada “Sociedad Bundo”; la cual realiza ritos de “iniciación” donde mutilan los genitales de mujeres y niñas. El abuelo, según el escrito “habría instado por practicar la ablación a sus nietas para efectos de resguardar su reputación espiritual y de líder ante su comunidad”.

En opinión del Departamento de Extranjería y Migración de Interior, estos hechos no serían de relevancia como para conceder la calidad de refugiado a la familia sierraleonesa. Basándose también en un informe emitido por la Secretaría Técnica a cargo de evaluar el caso, solicitan rechazar la condición de refugiados puesto que a su juicio no reúnen los requisitos.

Plantean la teoría de que el abandono de Sierra Leona por parte de las niñas y su madre se habría dado con el fin de mejorar sus condiciones económicas y reunirse con Alfred. A pesar del rol del abuelo de las niñas como líder de una comunidad que mutila genitales femeninos y de la existencia de un intento por secuestrarlas y mutilarlas, el gobierno chileno argumentó la “inexistencia de un agente persecutor” porque durante los 6 meses que Jemilatu y sus hijas escaparon a otra ciudad dentro del país africano y estando sin Alfred, no volvieron a ser atacadas.

Alfred, Jemilatu y sus hijas de 5 y 7 años podrán quedarse en Chile y no tendrán que volver a Sierra Leona, donde la mutilación genital femenina sigue siendo una amenaza.

Mas la argumentación presentada por el CDE no sería acogida por el Tribunal Supremo, pronunciando los ministros de la Tercera Sala Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Rodrigo Biel (s) y el abogado integrante, Jorge Lagos; el fallo que ratificó la entrega de refugio a la familia sierraleonesa.

Alfred, Jemilatu y sus hijas de 5 y 7 años podrán quedarse en Chile y no tendrán que volver a Sierra Leona, donde la mutilación genital femenina sigue siendo una amenaza.