Instituto Nacional de Derechos Humanos
Julia Chuñil lideraba la reivindicación de las tierras de su comunidad y las protegía frente a la creciente deforestación del bosque nativo. A su familia y cercanos les había advertido sobre las amenazas frecuentes que recibía. Desde noviembre, cuando se la vio por última vez, las búsquedas han sido intensas. Se han rastreado bosques y cerros, y los esfuerzos para dar con su paradero continúan a diario en la región de Los Ríos. Esta crónica fue publicada originalmente en Revista Anfibia, y fue escrita por la periodista Natalia Figueroa.
Se trata del teniente coronel Daniel Estrada Garay, a quien se le acusa de golpear a un interno reducido y esposado luego de un altercado en un penal de Santiago. Estrada, además, es parte del Directorio Nacional de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, como tesorero del principal gremio de oficiales de Gendarmería.
El cabo 2° Manuel Sánchez fue condenado al pago de 6 UTM (371 mil pesos aproximadamente) por atropellar a un manifestante en noviembre de 2019 en el contexto del estallido social en Concepción, desestimando una pena privativa de libertad. El tribunal también desestimó condenarlo por no prestar auxilio al manifestante y retirarse del lugar.
Politización, falta de autonomía y poca transparencia fueron los argumentos de la oposición para rechazar el presupuesto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los funcionarios responden subrayando los riesgos implicados en la negación de los recursos y su impacto en los tratados internacionales.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos deja el cargo luego de nuevos nombramientos de consejeros, con lo que perdió los equilibrios políticos que le habían permitido sostenerlo en el cargo. Esto, pese a la grave crisis a la que arrastró a la institución, por su obsecuencia con el gobierno de Sebastián Piñera. De todos modos seguirá siendo consejero.
La justicia estableció que Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue despedido irregularmente por Sergio Micco después de que el funcionario indicara la existencia de violaciones 'sistemáticas' a los derechos humanos durante el 2019. Además de las disculpas –que deberán permanecer tres meses en la página del instituto, y que están al final de la web en letra chica– se condenó al pago de una indemnización de $30 millones.
El 8 de noviembre de 2019, Carabineros disparó más de 2 mil tiros de escopeta en Plaza Dignidad. El INDH interpuso 44 acciones judiciales por violaciones a los derechos humanos en aquella jornada. La abogada Valeria Reyes fue una de las víctimas de ese día: "La sensación era que te estaban matando".
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de nulidad presentado por el INDH, el que buscaba revocar una sentencia de 2021 donde se acreditó el despido discriminatorio de Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios. Según el fallo, Sergio Micco sacó irregularmente a Torres del instituto por su trabajo en el informe anual de 2019.
Fuentes cercanas a Dirección del INDH aseguran que la decisión de no renovar a 48 funcionarios de 63 que terminaban contrato, se debe a que los fondos son transitorios, por lo que no se podría garantizar su paso a contrato indefinido. Desde las jefaturas regionales aseguran que las víctimas pagaran las consecuencias.
La abogada española Alicia Gil se opone a la justicia con perspectiva de género y dio una polémica entrevista a un medio español a propósito del caso "La Manada". Además, es contraria a la aplicación de la figura del delito de “genocidio” para perseguir a quienes han exterminado a colectividades por razones políticas, a pesar de que ha sido una herramienta para condenar a esos criminales.
La Corte Suprema falló a favor de Jemilatu y Alfred y sus dos hijas, a quienes La Moneda buscaba quitar su calidad de refugiados al considerar que no existía riesgo de daño en su tierra natal. La familia escapó de Sierra Leona luego de que desconocidos intentaran mutilar los genitales de las niñas de 5 y 7 años, siendo su abuelo líder de una comunidad que realiza esta práctica.
Este miércoles, tras la publicación de un reportaje de INTERFERENCIA que da cuenta de que el INDH sólo está contabilizando en sus informes a los heridos oculares que se querellaron junto a la institución, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara citó al director del INDH, Sergio Micco, a explicar el fundamento de esta medida. Se suma a las diputadas Mix (Comunes), Yeomans (Convergencia Social) y Sandoval (RD), quienes este jueves oficiarán a Micco pidiendo detalles del caso.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
El ahorcamiento de Camilo Miyaki bajo custodia de Carabineros en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda –descrita por la Fiscalía como un suicidio– y la desestimación de la prisión preventiva para el sargento Juan González Iturriaga luego de que asesinara de seis balazos al malabarista Francisco Martínez durante un control de detención, gatillaron diversas protestas en Santiago y otras ciudades.
El abogado Daniel Soto ayudó a fundar el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros el 2011 e hizo clases en la institución hasta septiembre de este año. Junto a su colega Rodrigo Pérez de Arce, realizaron un estudio jurídico para responder el por qué falló el uso de la fuerza durante el estallido, centrándose en el derecho internacional.
Registros audiovisuales muestran cómo un efectivo de FF. EE. empujó a un adolescente que corría por el puente ubicado al costado de Plaza Dignidad, mientras se desarrollaba una protesta. El joven de 16 años cayó desde siete metros al lecho del río, encontrándose internado en la Clínica Santa María con múltiples fracturas pero estable dentro de su gravedad. Parlamentarios piden la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas.
Los querellantes han manifestado su preocupación por la dilación de causas por violaciones a los DD.HH ocurridas posterior al 18 de octubre de 2019 —que incluyen heridos oculares, atropellos y golpizas— y que todavía no se formalizan, esto pese a que varias de las diligencias apuntan a funcionarios de Carabineros que ya están identificados.
Cientos de reclamos de pacientes o familiares que no llegan a puerto, junto con sumarios en los que las pruebas en contra de los acusados son casi imposibles de reunir. Esa es la situación en una parte del sistema de psiquiátricos, donde hay personas que han estado internas durante décadas, a pesar de estar psiquiátricamente estables.
Mientras que el Ministerio de Obras Públicas que dirige Alfredo Moreno, no realizó ninguna exigencia extra por la emergencia sanitaria a las empresas concesionarias, pudiendo hacerlo legalmente, uno de sus inspectores a cargo de fiscalizar estas cárceles dijo que no pueden hacer nada, pues dotar de elementos de protección “no sale en las bases de la licitación”.
Se requiere al doctor Luis Carrasco Ruiz -ex funcionario de la Dirección Previsional de Carabineros- para saber del funcionamiento del centro hospitalario civil e indagar en varios aspectos controversiales publicados por INTERFERENCIA, entre los que se encuentra el impedir el ingreso del INDH a las instalaciones en los días más álgidos de las protestas.
La historiadora del arte y hermana de Andrónico Luksic controla el fundo La Fusta en la provincia de Malleco a través de una sociedad domiciliada en Jersey, un paraíso fiscal dependiente de la corona británica. Además de tener concesiones mineras en esas tierras, y cientos de litros de agua por segundo para uso hidroeléctrico, el territorio está en un proceso de recuperación por parte de comunidades mapuche-pewenche en medio del estallido social.
Mientras que la Superintendencia de Salud informa que el doctor Luis Carrasco Ruiz obtuvo su certificado de especialista en cirugía general por parte de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), a esta última entidad no le consta haber emitido dicho documento. INTERFERENCIA solicitó el título al médico en cuestión para zanjar la duda, pero este no quiso entregarlo.
En caso de aprobarla el Congreso, serán inmediatamente aplicables ciertos artículos de los códigos Penal y de Justicia Militar que ofrecen grados de impunidad bajo condiciones que determine el Presidente. Es una medida que ya los militares habían solicitado cuando el Gobierno estuvo a punto de volver a sacarlos a las calles el 13 de noviembre, tal como informó INTERFERENCIA.
El sábado 26 de octubre se difundió una denuncia por violencia sexual al interior de la 51° Comisaría, donde además funciona la Prefectura de la zona Santiago Rinconada. INTERFERENCIA conoció que existen otras dos denuncias por violación por parte de funcionarios del cuartel policial, y cuyas víctimas serían menores de edad. Los antecedentes están en el INDH.
Quienes atienden a heridos en medio de las protestas, recibieron impactos directos de agua del guanaco e incluso una bala de goma. En tanto, en la Posta Central de Santiago, el director del recinto ordenó cerrar la entrada de urgencias con una cadena y prohibir la entrada a la prensa y organismos de Derechos Humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso un recurso de amparo en favor de los uniformados acusados por la pérdida de un casco, quienes hoy presentan cuadros psiquiátricos graves, que incluyen la ideación suicida.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al fiscal regional de Los Ríos, Juan Meléndez, con el objetivo de esclarecer los hechos que produjeron la muerte del presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Marcelo Vega, y de su acompañante en el vehículo siniestrado, Jorge Hualme, cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una caleta cercana a la zona.
Una misión de observación del INDH detectó que los habitantes de Copiapó y Tierra Amarilla viven con el inminente riesgo de consumir agua contaminada. Relaves, tronaduras, derrames y material particulado enfrentan a las comunidades Colla y los poblados atacameños con las faenas mineras de la región.
