La semana pasada el comando presidencial del líder republicano, José Antonio Kast, oficializó como coordinador económico a Jorge Quiroz. Doctor en economía de la Universidad de Duke e Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile, Quiroz se autodefine como “momio” pero “antipinochetista”. Ha sido duro crítico del gobierno de Gabriel Boric a través de sus habituales columnas en El Mercurio. Llegó a cruzar palabras con el presidente, cuando este le enrostró a través de X el crecimiento del 2,6% que tuvo el PIB.

El economista fundó hace treinta años Quiroz y Asociados, una consultora dedicada a asesorar empresas en negociaciones y litigios económicos. De aquí que el coordinador de JAK se haya visto envuelto en los grandes casos de corrupción económica durante los últimos quince años.

El caso más destacado en el intervino Quiroz fue la colusión de los pollos. Este explotó en 2011, cuando la Fiscalía Nacional Económica acusó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo -unidas bajo la Asociación de Productores Avícolas-, de colusión en la producción y asignación de cuotas en el mercado.

Tras investigación y los fallos en contra del Tribunal de la Libre Competencia y la Corte Suprema, se determinó que entre 1994 y 2010 los productores se habían agrupado para fijar el precio de los pollos.

¿Cómo lo hicieron? Con ayuda de Jorge Quiroz, quien es mencionado en el fallo del TDLC como el gestor del modelo de consumo utilizado por Ariztía, Agrosuper y Don Pollo.

En detalle, en el fallo se mencionan correos de 2009 en los que ejecutivos de las empresas avícolas compartían información sobre un “modelo de estimación de consumo [que] está siendo trabajado con la oficina de Jorge Quiroz a fin de introducirle pequeños ajustes”. 

U ex trabajador de Don Pollo declaró que los montos se determinaban “a partir de análisis propios nuestros y también análisis de la Asociación Gremial. Este análisis era uno que hacía Jorge Quiroz. A partir de la información que proporcionaba, nosotros estimabamos las cantidades a producir".

Así también, se señalan apuntes tomados durante reuniones de la asociación gremial que “dicen relación con distintos puntos que demuestran inquietudes por ciertos temas, tales como la relación con los supermercados y las importaciones, con las acciones ejecutadas con anterioridad, con la manera de comunicarse, con una asesoría otorgada por Jorge Quiroz”. 

La situación era tan evidente que el fallo del TDLC señala que: “Literalmente las notas dicen en una parte “colusión - fijación estándar. Nuestro acuerdo limita máximo para no dejar nadie afuera”. 

En este sentido, un ex trabajador de Don Pollo declaró durante la investigación que los montos se determinaban “a partir de análisis propios nuestros y también análisis de la Asociación Gremial. Este análisis era uno que hacía Jorge Quiroz. A partir de la información que proporcionaba, nosotros estimabamos las cantidades a producir".

En 2014, el TDLC condenó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo por coludirse durante años para repartirse el mercado del pollo en Chile y limitar su producción. La coordinación se realizaba a través de la Asociación de Productores Avícolas, que elaboraba proyecciones, asignaba cuotas y monitoreaba el cumplimiento de los acuerdos. El fallo ordenó la disolución de la gremial, y un año después, la Corte Suprema confirmó multas por un total de 72.000 UTA: 30.000 UTA para Agrosuper y Ariztía, 12.000 UTA para Don Pollo, y 2.000 UTA para la APA por su rol central en el cartel.

Cinco años después, en 2019, la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (CONADECUS) presentó una demanda colectiva contra las tres empresas, buscando una indemnización para los consumidores afectados por la colusión. Inicialmente, el TDLC declaró inadmisible la acción, pero en 2020 la Corte Suprema revirtió esa decisión y permitió que la causa siguiera su curso.

A fines de 2022, Agrosuper y Don Pollo alcanzaron un acuerdo con CONADECUS para pagar más de 20 mil millones de pesos, y en enero de 2023 Ariztía se sumó con un compromiso de otros 9 mil millones. Como no era posible repartir el dinero directamente entre los consumidores, se aplicó el mecanismo cy près, que destinó los fondos a 23 fundaciones sociales, entre ellas el Hogar de Cristo y la Fundación Las Rosas.

En 2010, Jorge Quiroz estuvo involucrado en el conocido Caso Farmacias. Ese año, declaró ante el TDLC en representación de SalcoBrand, asegurando que “no existen indicios de corrupción en este mercado”.

Los otros “casos” de Quiroz

En 2010, Jorge Quiroz estuvo involucrado en el conocido Caso Farmacias. Ese año, declaró ante el TDLC en representación de SalcoBrand, asegurando que “no existen indicios de corrupción en este mercado”.

Más adelante, en 2015, su nombre volvió a aparecer en el marco del caso de las navieras. La FNE acusó a varias empresas navieras, entre ellas MOL, de coordinar precios en servicios de transporte marítimo de automóviles. En 2016, Quiroz elaboró un informe para Mitsui, empresa matriz de MOL. Finalmente, la Corte Suprema aplicó multas que alcanzaron los 30 millones de dólares, aunque MOL fue favorecida por dos prescripciones en el proceso.

Otra ocasión en la que Quiroz participó fue en el caso del asfalto, que involucró a Enex, Asfaltos Chilenos, Química Latinoamericana y Dynal por reparto de mercado. Durante los juicios, los informes técnicos elaborados por Jorge Quiroz fueron considerados en la defensa de Asfaltos Chilenos.

Durante la tramitación de la ley para regular el mercado del gas, impulsada por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Quiroz asesoró a Metrogas, acusada por el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, de haber obtenido rentabilidades por cifras que excedían el máximo legal.