Al reconocer de plano ante el ministro en Visita, Eliodoro Ortiz, su participación en el comando que preparó y ejecutó la llamada “Operación Antena”, Rafael Undurraga no sólo abrió las puertas de la cárcel a los cerebros de la acción, el director de Canal 13 de Santiago, Raúl Hasbún, y el jefe de Propaganda de Patria y Libertad, Manuel Fuentes, sino que desnudó en toda su gravedad las acciones y omisiones de la jerarquía judicial, que aparecían como destinadas a dificultar el rápido esclarecimiento de los  hechos. 

Desde que se conoció el delito, la policía civil reunió pruebas que demostraban la participación de los ejecutivos del Canal 13 de la Universidad Católica y de sus representantes en el Canal 5 de Concepción. La detención de Peña Jiménez, el joven técnico electrónico de la UTE, también se transformó en una odisea, debido a las maniobras de la Corte de Apelaciones destinadas a postergarla. La Corte también salvó a Carlos de la Sotta, dejándolo en libertad incondicional. Con esta resolución, la pesquisa parecía volver a fojas cero. Las falsas acusaciones, los vejámenes, la impotencia ante el abuso de poder por parte de la derecha picaron el amor propio de los detectives, quienes prosiguieron en su tarea de desenmascarar a los ejecutores del plan. 

Se hizo un chequeo minucioso de los hoteles de la zona, descartándose cientos de sospechosos, hasta ubicar a un grupo de tres personas que en los días del suceso estuvieron hospedadas en el hotel El Dorado. Uno de ellos era Undurraga, los otros no registraron sus nombres. La atención se centró en el trío, luego de que la policía averiguara que Undurraga era ingeniero electrónico y comprobara que uno de sus acompañantes, un individuo alto, de barba y que parecía estadounidense, había hecho varias llamadas a Santiago, al fono 232705, correspondiente a la sede de Patria y Libertad, en calle Rafael Cañas.

El gringo dijo llamarse Juan Manuel Torres y pidió conversar con Manuel Fuentes. Posteriormente, se comunicó con el ciudadano alemán Manuel Katz Pride, notorio militante del FNPL. Los empleados del hotel recordaban que los individuos llegaron con unos extraños equipos de radio y que uno de ellos hizo amistad con una hermosa vedette llamada Gaby Santibáñez, quien se alojaba frente a ellos. Gaby fue blanco de los coqueteos de Undurraga y de un incidente a puñetazos durante una noche de juerga. Siguiendo esta nueva pista, los detectives encontraron a la mujer, quien recordó que Undurraga había pactado una cita con ella, dejándole un papel clavado en la puerta de su habitación.

La mujer aún conservaba la nota. Un peritaje confirmó que se trataba del mismo hombre que aparecía vinculado a las transmisiones clandestinas de Radio Liberación, la emisora móvil clandestina de Patria y Libertad, cuya pista se seguía desde hacía bastante tiempo. La identificación de sus dos acompañantes se logró mediante las descripciones físicas recogidas. Uno resultó ser el estadounidense Michael V. Townley, mecánico, casado con la chilena Inés Callejas, y el otro, Gustavo Etchepare, técnico electrónico y radio aficionado. 

Townley, que se hacía llamar “Juan Manolo”, era el mismo personaje que Fuentes presentó a Hasbún para “resolver” el problema de la interferencia. Era el mismo a quien De la Sotta, obedeciendo instrucciones cifradas del director del Canal 13, entregó las llaves de la casa vecina a la SEGTEL y que, después, para despistar a la justicia, se presentó en sus confesiones como un ciudadano argentino. Hasbún y Fuentes reconocieron estos contactos ante el tribunal, aunque los revistieron de la más absoluta inocencia.

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Townley y Callejas.

La complicidad de algunos jueces

Aunque abrumadoras, las pruebas parecían insuficientes para la Justicia. Por lo menos, así lo entendió el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, que pocas horas después de la detención de Undurraga y pese a sus confesiones, ordenó su libertad, en tanto el pleno estimó que los dos decretos con facultad para detener, propios de la policía, no indicaban expresamente el nombre del inculpado. La determinación pudo haber costado la liquidación definitiva de la investigación, pero, en los mismos momentos en que los detectives cumplían el mandato de la Corte, que acogió prestamente un recurso de amparo interpuesto por un equipo de abogados de Patria y Libertad, llegó una orden de detención expedida por el ministro en Visita desde Concepción.

Con aquel documento, la policía arrebató de las manos de sus protectores a Undurraga y pudo llevarlo ante el magistrado sumariante, quien lo incomunicó de inmediato. Mientras que, sin órdenes expresas, la policía tuvo que contemplar impotente la desaparición de Gustavo Etchepare y cómo la esposa de Townley, Mariana Callejas, locutora de Radio Liberación, se fugaba a Estados Unidos para reunirse con su marido, quien había abandonado Chile hacia Argentina por el paso fronterizo que llevaba hasta Mendoza. 

Las confesiones de Undurraga, sin embargo, parecían cerrar todas las posibilidades de maniobra en el terreno judicial. Reconoció que, junto a Townley, Fuentes y Etchepare, construyeron la radio clandestina que durante el paro de octubre de 1972 llamó a derrocar al gobierno constitucional. Y que ellos mismos estuvieron dedicados a fabricar unos aparatos llamados scrambler destinados a distorsionarlas voces en conversaciones telefónicas. Además. reconoció que en sus proyectos figuraba la voladura de la planta del Canal 7 de Televisión Nacional de Chile. Agregó que Pablo Rodríguez había aprobado la “Operación Antena” antes de que Fuentes se la propusiera a Hasbún y que el comando ingresó dos veces al local de SEGTEL para reconocer el terreno. Aunque Undurraga insistió en que él no intervino en la ejecución de los delitos, señaló que el gringo “Juan Manolo” lo invitó a ver los equipos robados después de consumado el golpe.

Según la investigación, el pintor Jorge Henríquez fue encontrado muerto en un inmueble de calle Freire en el centro penquista, donde funcionaba una antena que bloqueaba las transmisiones del Canal 5. Las pesquisas apuntan a que el crimen fue perpetrado por miembros de Patria y Libertad comandados por Michel Townley.

Todos estos antecedentes, en conocimiento del ministro en Visita, fueron representados por el abogado Manuel Manson para solicitar de la Corte Suprema el revocamiento de la sentencia absolutoria de la Corte de Concepción en favor de Inés Fuller y De la Sotta, así como la detención de Hasbún, Fuentes y otros implicados. Los integrantes del máximo tribunal debían pronunciarse sobre el recurso de queja presentado contra el fallo absolutorio con que dos de los tres ministros de una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción favorecieron al director del Canal 5, Carlos de la Sotta, y a otros implicados.

Dicho dictamen, calificado de abusivo por la parte querellante, desestimó las pruebas acumuladas por el juez sumariante y las propias confesiones de los detenidos, aceptando las coartadas presentadas por los inculpados para diluir su conexión con los delitos cometidos.

Los sacerdotes no mienten

Con estos torcidos procedimientos lograron evadir su responsabilidad por lo menos dos personajes con un relevante papel en la conducción de la estrategia de propaganda de la sedición en marcha y que elaboraron la “Operación Antena”: el director del Canal 13, Raúl Hasbún, y el jefe de propaganda de Patria y Libertad, Manuel Fuentes, quienes se concertaron para destruir la interferencia que, de acuerdo con sus atribuciones, la SEGTEL mantenía contra las emisiones ilegales del Canal 5 de Talcahuano. Hasta ese momento, constituía un misterio el hecho de que ambos individuos no hubieran sido declarados reos por el magistrado Eliodoro Ortiz, en circunstancias que, al ser interrogados por éste, reconocieron haber sostenido reuniones para preparar la acción comando que culminó con el robo de los instrumentos electrónicos y el asesinato del testigo, Jorge Henríquez. Esta situación permitió a Hasbún presentarse como víctima ante una opinión pública que creía en el dogma de que los sacerdotes no mienten. Parapetado tras este prestigio ajeno, el cura había desatado una “guerra santa” contra el gobierno, en un intento por arrastrar a la Iglesia a un falso enfrentamiento con el Estado. 

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Manuel Fuentes.

El inescrupuloso “cruzado” afirmó desde su Canal 13 que la Iglesia era luz y el marxismo, tinieblas. Que la Iglesia era verdad y el marxismo, mentira. Que como él vestía sotana, él no mentía. En sus declaraciones ante el ministro en Visita, Hasbún reconoció haber hecho llegar órdenes cifradas a De la Sotta a través de su sobrina y de su secretaria, luego de aprobar la fórmula que le propusieron los miembros de Patria y Libertad. Explicando al juez su desconocimiento de la identidad del jefe del comando de Patria y Libertad, quien se presentó como “Juan Manolo”, el director del Canal 13 señaló: Como sean sus explicaciones sólo se trataba de una simple operación electrónica, no le encontré a su proposición nada que fuera éticamente reprobable y terminé por aceptar lo que me proponía. Y agregó: Recuerdo que esta persona me hizo presente que en su concepto al Canal 13 no le convenía verse envuelto en algún problema de esa clase, por lo que resultaba mucho más aconsejable que yo desconociera su identidad. 

Según el jefe de la División de Telecomunicaciones de la SEGTEL, Hasbún visitó Estados Unidos. A su regreso declaró que había recibido ayuda en equipos de los norteamericanos. "No me cabe la menor duda que la ayuda en Estados Unidos la obtuvo de la CIA, implicada en el complot contra Chile preparado por la ITT... En mi opinión, por estos hechos y los ocurridos en Concepción, Hasbún debe estar en la cárcel". 

Dos semanas después, en una entrevista con la revista Ercilla, Hasbún contestó del siguiente modo la consulta respecto a si él había dado la orden de terminar con las interferencias: Esta dirección ejecutiva no ha dado instrucciones de ninguna especie para la comisión de ningún acto delictivo. Punto. Aténgase a eso. 

El ingeniero Pedro Caraball, de Canal 13, declaró en el proceso que: para terminar con la interferencia de una manera exclusivamente técnica, Canal 5 disponía sólo de dos caminos: aumentar la potencia de sus trasmisiones, de modo de sobreponerse a la Interferencia, o rodear la antena obstructora de una pantalla que impidiera la irradiación de las ondas.

De ello se desprende que la misión del comando era robar los equipos, cosa que se ordenó obviamente sin consultar a los profesionales que hubieran podido asesorar a Hasbún en el propio Canal 13. Sin embargo, el tribunal de primera instancia y la Corte de Apelaciones, desconociendo, aparentemente, este importante hecho, dieron crédito a la cobertura ideada por Hasbún y sus cómplices, dejándolo al margen del proceso.

Los vínculos del cura Hasbún con la CIA

Todos los hechos investigados indicaban al joven Peña Jiménez como pieza importante del crimen y del robo. Por eso, la policía santiaguina, adelantándose a la orden de aprehensión que en su contra dictó el Primer Juzgado del Crimen de Concepción, le invitó a prestar declaraciones. Obviamente, Peña Jiménez no era el autor material del asesinato ni de la “Operación Antena”, más bien se lo señalaba como quien había facilitado los medios, además de entregar el conocimiento que tenía acerca del lugar. Su coartada se preparó cuidando todos los detalles, hasta el preciosismo de hacerlo aparecer dos veces de manera “casual” en A esta hora se improvisa. 

En todo caso, la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de sus ministros, acogió velozmente un recurso de amparo y exigió la inmediata entrega de Peña Jiménez. Luego, reunidos en pleno extraordinario a las diez de la noche y sin tener los antecedentes necesarios, lo dejaron en libertad. 

La apretada relación de los hechos que condujeron al crimen pareció confirmar que Hasbún fue el inspirador intelectual del mismo. El robo y asesinato siguieron a una visita del cura a Concepción. 

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Instalación del Canal 5.

El Superintendente de Servicios Eléctricos, Jaime Schatz, refiriéndose a las medidas que adoptaría la SEGTEL en el futuro, afirmó: Nosotros tenemos que seguir cumpliendo con las obligaciones que emanan de la legislación nacional y nuestros compromisos internacionales. No puede haber emisiones piratas. Cumpliremos el papel de ‘policía del éter’ que nos asignan los tratados. Nosotros vamos a emplear los medios técnicos para evitar estas trasgresiones. Le hemos pedido al gobierno que nos dé la fuerza pública para terminar con el funcionamiento Ilegal del Canal 5. 

Según Schatz, Hasbún había incurrido en otro delito, amparándose en la autonomía universitaria: la internación liberada de equipos de telecomunicación que no han sido autorizados ni controlados por SEGTEL y que han sido suministrados por manos extrañas. Sobre este asunto, el jefe de la División de Telecomunicaciones de la SEGTEL, ingeniero Rodrigo Gutiérrez, fue mucho más categórico: Hasbún visitó recientemente Estados Unidos y España. A su regreso declaró a la prensa que había recibido ayuda en equipos especialmente de los norteamericanos. No me cabe la menor duda que la ayuda en Estados Unidos la obtuvo de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, implicada, como se ha reconocido en el Senado estadounidense, en el complot contra Chile preparado por la ITT... En mi opinión, por estos hechos y los ocurridos en Concepción, Hasbún debe estar en la cárcel. 

Peña Jiménez reconoció ante el juez sumariante que su ingreso al Canal 5 como técnico de audio, el 20 de febrero, se debió al hecho de haberse jactado públicamente de poseer los medios para liquidar la interferencia. 

El caso fue languideciendo hasta desaparecer en medio de los agitados últimos días de la Unidad Popular. Bajo la dictadura militar jamás fue reactivado; por el contrario, fue derechamente sepultado. 

María Inés Fuller, propietaria de los tres edificios en que se preparó y ejecutó el robo de los equipos y el homicidio del pintor Jorge Henríquez, confesó haber informado a Carlos de la Sotta, director del Canal 5, y al propio Hasbún, del proyecto del estudiante Peña, quien moraba en una pieza de la casa vecina a la oficina de la SEGTEL, donde también vivía el asesinado Henríquez. En la primera planta, había una ventana posterior que daba acceso al patio de la SEGTEL, donde se instaló, sin misterio alguno, la antena de los equipos interceptores. Ello permitió eludir sin riesgos la vigilancia permanente que Carabineros mantenía en la puerta de acceso de la oficina pública. 

De la Sotta concurrió varias veces al edificio de Freire 382 y a la casa de María Fuller, ambas colindantes con la sede de la SEGTEL, a fin de constatar en el terreno mismo las informaciones dadas por Peña. El viernes 16 de marzo, 48 horas antes del robo y del crimen y mientras Hasbún se encontraba en Concepción para supervigilar los detalles más minuciosos de la acción, De la Sotta recibió las llaves de la puerta de entrada de Freire 382. Dos días antes, el estudiante Peña fue enviado a hacer un curso de audio en la sede santiaguina de Canal 13.

En materia de delitos, los ejecutivos del Canal de la UC no improvisaron. Al contrario, se jugaron enteros y comprometieron a la Corte de Apelaciones de Santiago cuando obtuvieron, primero, la urgente tramitación de un recurso de amparo y, luego, la libertad absoluta, aprobada en un desusado pleno nocturno por sus ministros integrantes. Cogido in fraganti en su plan, el cura Hasbún no titubeó en provocar un enfrentamiento entre la Iglesia Católica, la Universidad Católica y el gobierno. En esta peligrosa maniobra encontró el apoyo de los parlamentarios del PDC, que en declaración pública afirmaron que el esclarecimiento de los delitos cometidos por Hasbún y su equipo, significa el comienzo de una campaña contra la Iglesia Católica. 

En las semanas y meses siguientes, poco a poco el caso fue languideciendo hasta desaparecer en medio de los agitados últimos días de la Unidad Popular. Bajo la dictadura militar jamás fue reactivado; por el contrario, fue derechamente sepultado. 

En octubre de 2018, 45 años después de estos hechos, el ministro especial para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, se declaró incompetente para investigar el crimen del pintor Jorge Henríquez, asesinado en Concepción en marzo de 1973 por miembros de Patria y Libertad. Poco antes, el ministro Jaime Arancibia, que instruía el sumario en Valparaíso, remitió el caso a la Corte de Apelaciones de Concepción para que se siguiera investigando. Sin embargo, el ministro Aldana se declaró también incompetente para investigar el crimen ocurrido a meses del golpe de Estado de septiembre de 1973. Según la investigación de Arancibia, el pintor Jorge Henríquez fue encontrado muerto en un inmueble de calle Freire en el centro penquista, donde funcionaba una antena que bloqueaba las transmisiones del Canal 5. Las pesquisas apuntan a que el crimen fue perpetrado por miembros de Patria y Libertad comandados por Michel Townley.