“El costo de Espacio Riesco, le cuesta a Chile menos de lo que le cuesta un parlamentario al mes”, aseguró ayer domingo el presidente Sebastián Piñera en una entrevista con Chilevisión. 

La frase evidencia la falta de diálogo, por así decirlo, que hay entre los poderes ejecutivo y legislativo en estos días. Después de todo el presidente estaba denostando implícitamente a los congresistas, casi simultáneamente a su llamado a la unidad nacional para enfrentar la pandemia por Covid-19.

Esa misma distancia se ve reflejada en las urgencias legislativas que ha puesto el gobierno desde el miércoles pasado en la Cámara de Diputados y el Senado.

En medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo y que ha llegado a Chile, la semana pasado el gobierno puso suma urgencia a once proyectos de ley en la Cámara y a 35 en el Senado. Sin embargo, no son muchos los proyectos que tienen que ver con la pandemia. Es más, la mayoría se enfocan en la agenda policial y de orden público que el gobierno viene priorizando desde el estallido social.

La suma urgencia significa que un proyecto de ley debe ser conocido y despachado por la respectiva corporación legislativa en un plazo de 15 días, y es una facultad que solo tiene el poder ejecutivo.

De los once proyectos enviados con suma urgencia a la Cámara de Diputados, tan solo uno se relaciona con la salud de los chilenos: Reforma el Fondo Nacional de Salud y crea un Plan de Salud Universal, que podría ampliar la cobertura de Fonasa a más personas.

En cambio, las relacionadas con seguridad y orden público, con suma urgencia en la Cámara, son cuatro: Moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica, Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado y Proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica.

Algunos de esos proyectos, como la modernización de la institucionalidad de las fuerzas de orden y seguridad, vienen esperando desde antes del estallido social dados los escándalos por corrupción en el alto mando de Carabineros, pero adquirieron notoriedad tras este. 

La lista incluye también el proyecto simbólico de la agenda del gobierno; el que está enfocado en prevenir daños a infraestructura crítica, el que en la práctica permite sacar militares a la calle sin decretar estados de excepción.

En el Senado el mensaje del gobierno también va por esa línea. Allí dio suma urgencia a 35 proyectos de ley. Tan solo hay uno relaciona con salud pública: el proyecto que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.

En cuanto a seguridad la lista es larga. Los proyectos de ley relacionados a estos temas son siete: el de Antiencapuchados; el de especialización preferente de las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas; el que modifica el Código Penal y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de Gendarmería de Chile; el que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias; el que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas; el que establece normas especiales para la entrega voluntaria de armas de fuego a la autoridad ; y el que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad.

Críticas de los parlamentarios

Estas urgencias se presentan a pesar de que los diputados y senadores de todas las bancadas han advertido que su prioridad estos días será legislar sobre proyectos que se relacionan con contener la pandemia en Chile y sus efectos en la sociedad, la economía y el trabajo. Incluso, para cumplir con las medidas recomendadas por el gobierno del distanciamiento social y la prohibición de reuniones de más de 50 personas, es que los legisladores están trabajando de manera remota, en la mayoría de las comisiones y en sus votaciones en sala.

“Llama la atención que el presidente Piñera, quien dijo que el gobierno se estaba preparando desde enero para la crisis sanitaria del coronavirus, recién ahora en marzo, con la crisis encima, esté enviando proyectos para resolver dicho problema. Y en ese contexto, es realmente inexplicable que el gobierno coloque, no urgencia simple, sino urgencia suma, a un conjunto de proyectos de ley en la Cámara y el Senado, varios que no tienen ninguna relación con proteger a los chilenos de la amenaza de salud, económica y social que viven los chilenos”, comentó a INTERFERENCIA el jefe de bancada del Partido Socialista en la Cámara de diputados, Manuel Monsalve.

El ejecutivo, además, puso suma urgencia a otros proyectos de ley que eran parte de sus propuestas incluso antes del estallido social, como el proyecto sobre la modernización de la Dirección del Trabajo, el que modifica la educación parvularia o el que moderniza la franquicia tributaria, entre otros.

“El foco de todos ahora debe ser cautelar la salud y la vida de las personas, eso significa colocar especial atención a la crisis sanitaria y a las medidas que se toman para proteger a los chilenos. Uno ve proyectos en suma urgencia como la modernización de la Dirección del Trabajo, que va en dirección contraria, va a precarizar las condiciones de los trabajadores, ¿Qué sentido tiene ponerle urgencia en medio de la crisis sanitaria? Uno pudiera pensar que es un oportunismo para tramitar proyectos de ley”, consigna Monsalve.

Los senadores consultados por INTERFERENCIA concuerdan es que su prioridad esta semana también va a ser la discusión de proyectos relacionados con la salud y la contención de los efectos del coronavirus en Chile.

“Creemos que es prioritario que el gobierno le ponga urgencia legislativa a los proyectos que dicen relación con la pandemia. Por ejemplo, el que se relaciona con el seguro de cesantía. El resto de los proyectos podremos sacarlos adelante, pero acá se requiere enfrentar la pandemia, tener sentido de realidad del momento que está viviendo el país”, afirmó el senador Francisco Chahuán (RN) a INTERFERENCIA.

El gobierno también se va a enfrentar a un problema práctico respecto de la labor legislativa, ya que el trabajo remoto y la cuarentena de muchos de los parlamentarios podría impedir que avancen aceleradamente los proyectos con suma urgencia. Por ahora, en el Senado, por ejemplo, por razones de seguridad sanitaria, están trabajando las comisiones de Hacienda, Constitución y Justicia, Trabajo y Salud, mientras que las otras están “desactivadas”.

“Al no juntarse, es muy difícil discutir proyectos de ley. Pero si tiene que ver con el coronavirus, se toma con urgencia, incluso muchos parlamentarios están yendo presencialmente para ver estos temas. No es prudente por parte del gobierno introducir suma urgencia a otros proyectos, que requieren consultarle a mucha gente, por lo tanto saldrían con deficiencias de no ser discutidos”, afirmó el senador Alejandro Guillier (Independiente de oposición).