Es todo legal, pero se ve opaco. En pocas palabras, Gendarmería licitó un nuevo contrato para proveer tobilleras electrónicas. El presupuesto total para 6 años era de $54 mil millones, pero la única empresa que queda en carrera, una unión temporal entre Sonda y la británica Buddi, ofrece los “Servicios de Monitoreo Telemático de personas condenadas, personas sujetas a control y de víctimas, para Gendarmería de Chile” en casi 64 mil millones. Específicamente $5252 por persona monitoreada.

Según las bases administrativas, contenidas en la resolución de Contraloría 125 de 2024 es posible incrementar o disminuir el presupuesto hasta en un 30% es decir poco más de $71 mil millones, por lo que la oferta que sigue en carrera, con casi $63 mil millones, está dentro del rango permitido.

Aunque las bases consignan “razones fundadas” para subir el monto del contrato, -como  nuevas leyes sobre monitoreo telemático-, que impliquen la incorporación de más personas con tobilleras, hasta el momento Gendarmería ni la Subsecretaría de Justicia han querido explicar los motivos para aceptar esta oferta más cara. Sobre todo cuando hay un dato al menos llamativo: En Colombia y Costa Rica, la empresa Buddi- Technologies ha recibido denuncias por participar en licitaciones que curiosamente, se ajustan a su medida. En Colombia después de cuatro años de obviarse licitaciones por “urgencia inmediata”, terminó perdiendo el contrato anticipadamente luego de denuncias de funcionarios estatales. En Costa Rica fue aún más escandaloso: quedó fuera luego que se filtrara que la ministra de Justicia, de ese país, firmó en secreto y poco antes de irse, un contrato para otorgar la provisión de tobilleras a Buddi, a través de un intermediario, ya que no tenían representación oficial en el país centroamericano. Y eso, solo en nuestro continente.

La respuesta desde Gendarmería para esta nota fue que la institución no puede referirse al tema “por existir un proceso de licitación en desarrollo”. Desde el área de comunicaciones del ministerio de justicia, respondieron que “aclarar que en relación a tu requerimiento, ni el Ministerio ni la Subsecretaría tienen participación en dichos procesos…. Las licitaciones son responsabilidad de cada servicio”. El director de Gendarmería es nombrado por el Presidente de la República y está bajo dependencia del Ministerio de Justicia.

Antes cumplía, pero ahora no

Efectivamente, la licitación no se ha adjudicado, superando largamente el 12 de junio, establecida como fecha límite para elegir un ganador, según el cronograma del proceso, disponible en la plataforma Mercado Público. Tampoco es posible saber el motivo de este atraso ni los motivos exactos para que -en la práctica- la UTP Sonda-Buddi sea la más probable ganadora.

Otro aspecto importante es que las bases técnicas que llevaron a la determinación final, no son públicas, solo se entregaron a los oferentes. Según cercanos al proceso, por razones de seguridad. Esta condición hace que no sea posible saber por qué el  3 de febrero de 2025 la comisión técnica de Gendarmería  determinó que la oferta técnica de Track Group, el actual operador del servicio, desde 2020, fue rechazada. Solo es posible revisar los datos más bien genéricos que se entregan como justificación del rechazo. Entre otros “no cumple con lo especificado en el 6.1.8”, de las Bases Técnicas (que no son públicas). Específicamente, los datos públicos consignan que Track Group, quedó fuera del proceso porque no cumple con las siguientes condiciones técnicas de las bases: “diferenciación de caída de Alarmas por cada Ley. Letra d) Control Simultaneo de más de una Medida. Letra g) Comunicación Instantánea de Alarmas. Letra h) Reportes y Tablas Estadísticas Prueba 2 Dispositivos de control.

 Los dispositivos de control, en conjunto con el sistema integral deben permitir lo establecido en el numeral 6.1.9 B.T.  Letra l) Sistema de carga de Batería. Letra v) Tiempo de recarga y autonomía de funcionamiento.

Sorpresivo al menos, teniendo en cuenta que Track Group, una firma de origen estadounidense que hoy cuenta con personalidad jurídica chilena y que opera con Gendarmería desde 2013, presta el servicio de monitoreo desde 2020, con un contrato por 5 años de $30 mil millones. Y que además, cuenta con una tecnología superior a sus pares. Es la que actualmente usan para arresto domiciliario Jahir Bolsonaro, Cristina Fernández y saltó a la pantalla este año en Netflix por  acompañar toda la cuarta temporada de Ginny&Giorgia, porque es la tobillera que se utiliza en la mayoría de los estados en EE.UU y es la única que cuenta con el dispositivo para “hablarle” al detenido y orientarlo en cambiar su conducta, antes de llamar a carabineros, que en promedio tarda 12 minutos en llegar. Esto no es un dato menor considerando que casi el 100% de los hombres que han estado detenidos por VIF y cuentan con este tipo de dispositivo, lo primero que hacen al dejar la cárcel es intentar ir a visitar a la víctima. Si la licitación hubiese exigido este requisito, ninguna otra empresa habría podido participar en la licitación.

Cuando en septiembre de 2024, la licitación para proveer este servicio fue declarada desierta, de los 23 participantes, solo cuatro: Pegasus, Globe, Sonda y Track Group, cumplían con las bases técnicas. Por eso resulta al menos curioso que el operador actual sea descalificado esta vez, por no calificar técnicamente para un servicio que ya está operando.

Las controversias de Buddi

Otro detalle que se puede advertir en el actual proceso es que al momento de abrir las ofertas económicas en febrero de 2025, la comisión de Gendarmería dejó constancia de que en la presentación formal, no estaba detallada la participación de la británica Buddi Technologies, y solo aparecía Sonda. La unión temporal de proveedores solo aparecía en la web de Mercado Público. De todas maneras, la oferta fue aceptada.

Puede que existan razones para no mostrar abiertamente la participación de Buddi. La empresa, para efectos de esta licitación, se presentó como “líder en el monitoreo electrónico de personas privadas de libertad y víctimas de  violencia doméstica. A partir del año 2010, la empresa se especializó en el desarrollo de hardware y software específicamente diseñados para el monitoreo de transgresores de la ley y casos de violencia doméstica. (…) con contratos que suman más de 35.000 dispositivos desplegados en países como el Reino Unido, Suecia, Irlanda, Holanda, Malasia, Australia, Nueva Zelanda,Tasmania, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Canadá, Curazao, St. Marteen, y Guatemala”.

Lo que no dijeron, tiene relación con las controversias de la empresa y parte de sus ejecutivos, cuyos pasaportes estuvieron a la vista de la comisión de Gendarmería, como parte de los antecedentes solicitados. En septiembre de 2023 el contrato de esta empresa con el servicio de cárceles de Colombia fue suspendido. La decisión se tomó por la sospecha de irregularidades por parte de la  equivalente a Gendarmería en Colombia (USPEC), que declaró sucesivamente “urgencia manifiesta” para mantener a Buddi Technologies a cargo del contrato. En Colombia, también fue cuestionado el sistema tecnológico de los dispositivos.  Antes, en 2020 la empresa británica protagonizó una controversia similar en Costa Rica, cuando la ministra de Justicia, de ese país, firmó en secreto y poco antes de irse, un contrato para otorgar la provisión de tobilleras a Buddi, a través de un intermediario, ya que no tenían representación oficial en el país centroamericano.

Además está la figura de Sara Murray, que aparece como ejecutiva en los papeles presentados a Gendarmería en Chile y fuera la directora ejecutiva de la compañía hasta marzo de este año. Ese mes, la firma decide suspenderla, por mentir a los accionistas sobre su verdadera participación en otras firmas que conforman la propiedad de la tecnológica. Además, fue descubierto su plan para desviar 320 millones de libras a paraísos fiscales. Ninguno de estos asuntos fue advertido por Gendarmería, que mantiene a Buddi como único competidor en la licitación en alianza con Sonda.

Las coincidencias con los pasaportes

Algunos rasgos de esta licitación, coinciden con otra polémica adjudicación concretada por la Subsecretaría de Justicia en el proceso para proveer nuevas cédulas y pasaportes al Servicio de Registro Civil e Identificación. También, bajo un marco completamente legal, se entregó el contrato para la elaboración de documentos a la francesa IDEMIA hasta el 2032. La medida se concretó a pesar de que la compañía tuvo serios problemas técnicos con la implementación, los que se reflejaron en caos al interior de las oficinas y errores groseros en la entrega de documentación a las personas.

En el caso de IDEMIA, el contrato total es de US$ 226 millones. Pero usando una herramienta legal, la urgencia de “continuidad del servicio” y la “confianza” que el Registro Civil manifestó hacia la empresa proveedora, la firma europea obtendrá US$314 millones extra en solo 3 años, gracias a los tratos directos ejecutados sucesivamente entre 2022 y 2024, para asegurar la mantención del servicio. Pero además, porque el Registro Civil agregó otros servicios a la sola confección de documentos. De esta manera, IDEMIA se adjudicó la provisión de mobiliario, gestores de fila, entre otros dispositivos. De la misma manera en que la UTP Sonda-Buddi, se adjudicaría la implementación de “Infraestructura, mobiliario, y servicios definitivos” para las centrales de monitoreo telemático.

En el caso de la licitación de cédulas y pasaportes, Sonda fue uno de los proveedores excluidos. En el caso de IDEMIA, tenía una mejor asesoría jurídica, conectada con sectores del gobierno. Es el caso de ZC abogados, el estudio de Francisco Zúñiga, abogado PS, cercano al bacheletismo, y Jaime Campos, ex ministro de Justicia, en el segundo gobierno de la ex Presidenta. En este cruce además, está el actual ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien trabajó para el estudio Zuñiga Campos, antes de ser titular en la subsecretaría de Justicia, entidad a cargo de la licitación de pasaportes y también de tobilleras, cuando se declaró desierta en septiembre de 2024. Gajardo asumió como ministro en noviembre del año pasado. En el proceso para proveer cédulas, Sonda, quedó eliminado. Pero actualmente en la licitación de tobilleras es la ganadora más probable, al igual que IDEMIA en el caso anterior, la empresa fundada por los hermanos Mario y Andrés Navarro, parece ser la única que puede proveer la gestión de un millonario contrato por los próximos seis años.