Cada cambio de gobierno en Chile trae promesas de reformas estructurales. Algunas se cumplen, otras se diluyen en el camino. Pero hay un ámbito donde, curiosamente, los gobiernos pasan y el statu quo permanece casi intacto desde hace muchos años: el fútbol profesional.

Desde que se instauró el modelo de sociedades anónimas deportivas, el fútbol chileno dejó de ser un sistema de clubes sociales para transformarse en un negocio administrado por controladores privados. La promesa era simple: profesionalización, transparencia y estabilidad financiera. Dos décadas después, el balance es, como mínimo, discutible en cuanto a las ideas y valores de base y desastroso en cuanto a los resultados.

Hoy el fútbol chileno vive una paradoja evidente. Nunca ha estado tan concentrado en manos de propietarios privados y, al mismo tiempo, nunca ha generado tan poca confianza entre sus propios hinchas.

Y nunca en toda nuestra historia los resultados deportivos habían sido tan dramáticamente malos. Los estadios se vacían, a nivel internacional nuestros clubes son arrasados. Nuestra selección es la peor de la CONMEBOL, las divisiones inferiores languidecen y la relación entre clubes y comunidades parece más débil que nunca. En el congreso un proyecto de ley en tramitación pretende mitigar la catástrofe. Con poca difusión, poco entusiasmo y poco que ganar pues se trata de un cambio no esencial.

En ese contexto, el nuevo gobierno enfrenta una disyuntiva interesante. Puede optar por la vía tradicional —mirar el fútbol como un problema menor que debe resolverse dentro de la propia industria— o asumir que el modelo institucional del deporte más popular del país también es una cuestión de interés público. 

No se trata de estatizar clubes ni de romantizar el pasado. Pero sí de reconocer algo que hoy resulta evidente: cuando los equipos pasan a ser activos financieros, la lógica deportiva deja de ser necesariamente la prioridad.

En Chile, la propiedad de los clubes ha terminado en manos de grupos empresariales, fondos de inversión o controladores cuya relación con la historia de las instituciones es, en el mejor de los casos, circunstancial. El problema no es que exista mucha o poca inversión privada; el problema es que el sistema carece de contrapesos efectivos y no existe participación relevante de aquellos para quienes el fútbol es algo más que un negocio. Los que lo aman y postulan una forma especial de socializar en torno al balón.

La gobernanza del fútbol chileno sigue dependiendo de estructuras donde los propios dueños toman decisiones que afectan a todo el ecosistema: competencia, televisión, desarrollo juvenil y reglas de la actividad. Es un modelo donde el regulador, el regulado y el beneficiario muchas veces terminan siendo los mismos.

El nuevo gobierno, que promete gobernar echando mano a los decretos que constitucionalmente puede emplear sin recurrir al Congreso Nacional, no nos ofrece nada en cuanto al fútbol. Su programa solo prometía mantener el sistema de SADP, regular mejor a los controladores, combatir la violencia en estadios y mejorar la transparencia del sistema. Nada concreto, nada estructural. Y es evidente que la discusión sobre el futuro del fútbol no es solo deportiva. Es institucional. Y tarde o temprano el nuevo gobierno tendrá que decidir si quiere abordar ese debate o seguir dejando que la industria se regule a sí misma. La pregunta de fondo es simple: ¿el fútbol chileno es solo un negocio privado o también un bien cultural que merece reglas distintas?

El gobierno entrante no tiene un discurso explícito al respecto, pero implícitamente debemos entender que, para las nuevas autoridades, mientras el fútbol no de problemas, que se enriquezcan con él los que se enriquezcan, que los clubes mueran, junto a su historia y tradición, no es inconveniente. Lo central es que sea en orden y generando riqueza para los poderosos de siempre.

El fútbol, en suma, no es parte de la emergencia.