Como sucede todos los años, la entrega de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior no pasó inadvertida para los medios de comunicación. En momentos del año en que la información y pautas escasean –2023 se ha convertido en una vistosa excepción a la regla– los puntajes de la PAA, PSU, PDT y la flamante PAES suelen ocupar las portadas, columnas y editoriales de los principales diarios y portales digitales.

La cobertura de los puntajes dados a conocer el año que recién comienza, sin embargo, ha incluido ingredientes que la hacen particularmente sabrosa, partiendo por el hecho que el presidente de la República, la ministra Secretaria General de Gobierno y el ministro de Desarrollo Social fueron hasta hace no mucho activos dirigentes estudiantiles. De forma adicional, a partir de este año se decidió no informar a través de canales oficiales los resultados obtenidos por colegio, en un intento por evitar los tradicionales rankings que hacían competir a los establecimientos. El argumento –más que atendible– era que la educación no debe ser vista como una competencia entre estudiantes y menos si esta se desarrolla en la forma de una contienda profundamente desigual.

¿Y qué pasó? Los resultados y la forma en que fueron entregados recibieron duros cuestionamientos por parte de la prensa más conservadora, la que aprovechó la instancia para abrir un nuevo flanco en sus ataques al gobierno. En su editorial del 8 de enero, titulado “Educación estatal sin rumbo”, El Mercurio lamentó una vez más el fin de la selección de estudiantes en los llamados “liceos emblemáticos” y sostuvo que gran parte de la política educacional llevada a cabo desde la Revolución Pingüina de 2005 se ha sostenido en base a “ideologismos”. El texto reforzaba las críticas ya hechas el 5 de enero. El lunes 9, en el mismo espacio, el diario de los Edwards cuestionó la dificultad para elaborar rankings por establecimiento en desmedro del “derecho a decidir” que les corresponde a las familias. Una vez más, se apuntó a “una cuestionable revolución ideológica en el ámbito de la educación”.

En una de las lecturas más recomendables de los últimos días, Ernesto Laval publicó un largo hilo en el que enfatizó cómo los rankings y promedios “pueden ser una trampa que nos lleva a tener una mirada estrecha del problema”.

La simplificación en el análisis de los resultados recibió la inmediata respuesta de académicos como Andrés Scherman (UAI), quien cuestionó que se analice la educación pública considerando únicamente una pequeña muestra –los “liceos emblemáticos”– sin antes revisar los resultados completos de los colegios municipales y ver conclusiones. “La obsesión de la elite de crear otras élites en otros niveles”, enfatizó. Adicionalmente, Scherman subrayó la complejidad del fenómeno, apuntando por ejemplo “cómo la educación pública ha disminuido las brechas con la privada en el Simce”.

Las críticas de El Mercurio hay que entenderlas como lo que son: provienen de un diario que históricamente ha entendido la educación como un bien de consumo y en el que de manera regular tienen acceso como columnistas prácticamente todos los exministros de educación de derecha como Joaquín Lavín (otrora editor de la sección de Economía y Negocios), Harald Beyer, Gerardo Varela (amigo personal del director), Marcela Cubillos (cuyo padre fue presidente del consejo del diario) y Raúl Figueroa.

El sábado 6 de enero fue el turno de La Tercera para editorializar sobre “La destrucción del Instituto Nacional y de la educación pública”. El diario de los Saieh se sumó a las críticas mercuriales por la caída en los puntajes de los emblemáticos y apuntó al “llamado ‘movimiento pingüino’ y todo lo que vino después”, evitando referirse de manera clara en su análisis al fin de la selección de estudiantes en dichos establecimientos y dando a entender que antes de 2005 la educación pública chilena era un ejemplo mundial. En un discurso repetido, el buque insignia de Copesa clamó por un cambio de rumbo “que se oriente hacia la calidad, en vez de la ideología”, concepto que repetirían otras dos veces más en los párrafos siguientes.

Pero, ¿cuánto de razón y cuánto de mito hay en los análisis de esta prensa? ¿Se puede acusar de ideología a quienes piensan distinto y pasar por alto el hecho de que sus miradas están profundamente teñidas por concepciones economicistas de la educación? ¿No es el modelo nacido en Chicago y que se respira en cada línea de estos editoriales uno de los más extremos en materia ideológica?

La existencia de cifras y rankings usados luego para publicar en portada a los mejores (y peores) establecimientos del país es un arma de doble filo, particularmente si a través de ellos se intenta, de paso, obtener dividendos políticos y criticar al rival de turno.

En una de las lecturas más recomendables de los últimos días, Ernesto Laval publicó un largo hilo en el que enfatizó cómo los rankings y promedios “pueden ser una trampa que nos lleva a tener una mirada estrecha del problema”. Entre otros puntos, su análisis destaca como más de 5.600 estudiantes prioritarios –para quienes la situación socioeconómica de sus hogares dificulta su proceso educativo– y que obtienen puntajes altos provienen de más de 1.600 liceos.

La visión de Laval resuena con la Jerry Muller, quien en su libro The tyranny of metrics resalta la obsesión de las sociedades modernas por las cifras, lo que puede traducirse en manipulaciones que pueden perjudicar al sistema de salud, los negocios, el gobierno y… la educación. En palabras del autor, “lo que se puede medir no siempre es lo que vale la pena medir; lo que se mide puede no tener relación con lo que realmente queremos saber. Los costos de medir pueden ser mayores que los beneficios. Las cosas que se miden pueden desviar el esfuerzo de las cosas que realmente nos importan. Y la medición puede proporcionarnos un conocimiento distorsionado, un conocimiento que parece sólido pero que en realidad es engañoso”.

La adoración por los promedios es criticada también por Hans Rosling en Factfulness, libro que destaca que si los promedios ya pueden llamar a confusión, la comparación entre ellos puede ser más engañosa aún. El instinto humano de la separación, señala el autor, nos lleva a pensar de manera binaria (educación pública versus educación privada), como si no hubiera matices y existiera separación donde hay continuidad: “A menudo la realidad no está tan polarizada y la mayoría está justo en el medio”. Adicionalmente, el “instinto de la culpa” nos empuja a buscar razones sencillas cuando algo malo ha sucedido: “Una vez que encuentras un culpable, dejas de buscar los verdaderos motivos”. El periodismo, argumenta Rosling, debe constantemente revisar sus sesgos para evitar caer en estos errores.

Las críticas publicadas por El Mercurio y La Tercera en estos últimos días no van dirigidas necesariamente a los más recientes resultados de la PAES. Los cuestionamientos comenzaron hace más de una década, cuando estudiantes secundarios y luego universitarios salieron a las calles a exigir reformas.

La existencia de cifras y rankings usados luego para publicar en portada a los mejores (y peores) establecimientos del país es un arma de doble filo, particularmente si a través de ellos se intenta, de paso, obtener dividendos políticos y criticar al rival de turno. Lo anterior no significa desconocer los serios problemas por los que atraviesa la educación pública chilena desde hace décadas (mucho antes de los pingüinos, como certifica un estudio de los expertos en educación Cristián Bellei y Gonzalo Muñoz y que califica al chileno como “uno de los experimentos más tempranos y extremos de reforma basada en el mercado, que terminó abruptamente con un sistema burocrático de ‘estado docente’ de un siglo de antigüedad”).

Las críticas publicadas por El Mercurio y La Tercera en estos últimos días no van dirigidas necesariamente a los más recientes resultados de la PAES. Los cuestionamientos comenzaron hace más de una década, cuando estudiantes secundarios y luego universitarios salieron a las calles a exigir reformas, y cuando era imposible aventurar que esa generación llegaría un día al poder, primero al legislativo y luego al ejecutivo. Lo que más le dolía entonces a la prensa conservadora era el cuestionamiento a un modelo de educación que benefició a su sector durante décadas y que tenía un componente ideológico central. El mismo que hoy tratan de ver en el ojo ajeno.