El 7 de enero, la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a la comunidad mapuche de Temucuicui para realizar un allanamiento en búsqueda de marihuana. Aquel día y por el megaoperativo policial ingresaron 850 funcionarios de la PDI en más de 200 vehículos a la comunidad.

Del lugar salieron 849 policías: en medio del allanamiento, el subinspector de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Iquique, Luis Alberto Morales Balcázar (34 años), fue muerto de un disparo en su rostro.

La familia de Morales Balcázar busca esclarecer quién abatió al detective, y en qué circunstancias. Es por esto que presentaron una querella “en contra de todo aquel que conforme a la investigación resulte responsable, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor” por el homicidio de su familiar, a la cual INTERFERENCIA tuvo acceso.

Las desprolijidades denunciadas

La acción judicial presentada incluye declaraciones de efectivos que participaron del procedimiento en que falleció Morales, contando con el testimonio de un policía de su mismo equipo táctico.

Cerca del final de la querella, agregan otro antecedente relevante: “Se hace presente que; conforme consta en las declaraciones vertidas en la carpeta de investigación; los policías no pudieron tener comunicación con el Centro de Mando a fin de dar cuenta de su condición, pedir auxilio, refuerzos, o simplemente coordinar el procedimiento”.

En la declaración de los funcionarios de la PDI de iniciales M.A. y R.M. al Ministerio Público se dan a conocer aspectos del allanamiento que dan cuenta de errores o falencias importantes; los cuales en opinión de la familia y sus representantes legales se tradujeron en un operativo “sin mayor planificación y preparación”.

Consultado por el Ministerio Público, el detective M.R. aseguró que el Equipo de Reacción Táctica (Erta) de Valdivia se comunicaba a través de handies o radios de mano, pero que no tenían “equipos que nos permitieran comunicarnos con el centro de mando, helicóptero o los otros carros que conformaban la caravana, lo cual se suma a que la señal telefónica en ese sector era pésima”. En otras palabras, los funcionarios policiales desplegados en Temucuicui no tenían comunicación entre los distintos Erta, ni con la central de comunicaciones, ni con quienes eran sus ojos en un terreno extenso; el helicóptero. 

A juicio de la familia y sus abogados, estos testimonios dan cuenta de un operativo “sin mayor planificación y preparación de quienes pertenecían al Erta, y sin ninguna información directa a los otros funcionarios partícipes del procedimiento”. 

Por su parte, el efectivo M.A. en su declaración explica que luego de ser desplegados en la ciudad de Angol, previo al operativo, sólo algunos policías recibieron instrucciones. “Ese día martes [5 de enero] solamente a los tácticos nos dieron instrucciones, entrenamiento y unificación de procedimientos, dictada por la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana. Durante todo el día miércoles nos fueron dando información de a poco, y en la tarde ya teníamos claro que era un procedimiento por droga […]”, indica el efectivo al Ministerio Público. 

Según se lee en la querella, a juicio de la familia y sus abogados, estos testimonios dan cuenta de un operativo “sin mayor planificación y preparación de quienes pertenecían al Erta, y sin ninguna información directa a los otros funcionarios partícipes del procedimiento”. 

Los testimonios son coincidentes con el video revelado por INTERFERENCIA grabado por la GoPro de un agente táctico, en el que se observan serios problemas estratégicos y tácticos del operativo.

Cerca del final de la querella, agregan otro antecedente relevante: “Se hace presente que; conforme consta en las declaraciones vertidas en la carpeta de investigación; los policías no pudieron tener comunicación con el Centro de Mando a fin de dar cuenta de su condición, pedir auxilio, refuerzos, o simplemente coordinar el procedimiento”.

La acción judicial también solicita al tribunal autorizar una serie de diligencias investigativas orientadas a encontrar responsabilidades detrás de la muerte de Morales Balcázar. Varios de estas acciones solicitadas apuntan a posibles responsabilidades de mando en el operativo.

En la primera diligencia requerida, los representantes de la familia del fallecido detective requieren a la PDI "que informe acerca de la existencia o no de algún manual o protocolo para efectuar allanamientos en lugares abiertos, en especifico a predios rurales. De existir, en su caso, se remita copia de aquel".

En el punto 2 de las diligencias solicitadas, los defensores piden la identificación de todos los funcionarios que participaron del operativo, así como también la de "quiénes eran los superiores jerárquicos de la víctima".

Los puntos 5 y 6, en tanto, están dirigidos al Alto Mando de la Policía de Investigaciones. El quinto solicita que informen "sobre cómo se planificó la comunicación de ellos con las unidades que participaron en el procedimiento", mientras que el sexto solicita se informe "cuántos funcionarios de los que participaron en el procedimiento portaban armas de fuego; la descripción de ellas; y la cantidad de municiones con las que disponía cada uno de ellos".

Además de los testimonios y las diligencias de investigación solicitadas, los familiares y sus abogados incluyeron, junto a la querella, el dictamen de sumario administrativo N°17:2021 de la PDI; el cual señala que Luis Alberto Morales falleció a las 14:40 en el Cesfam de Ercilla. También agrega información relevante obtenida en la autopsia: "del cadáver se extrajeron 6 esquirlas metálicas 3 de color gris y 3 de color amarillo y 15 esquirlas de material plástico negro" todas en cadena de custodia".