El pasado jueves 1 de agosto la Corte Suprema validó la continuidad del Plan Impulso Araucanía, esto después de que un recurso de protección presentado por cerca de 40 comunidades mapuche intentara frenar esta política pública del gobierno de Sebastián Piñera.

El fallo entregado por los ministros María Eugenia Sandoval Gouet, Carlos Aránguiz  Zúñiga y Arturo Prado Puga, además de los abogados integrantes Jorge Lagos Gatica y Julio Pallavicini Magnere, no entregó argumentos para la decisión, expresando en el fallo tan sólo que “se confirma la sentencia apelada de fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve”.

La acción judicial en contra del Plan Araucanía fue presentada en octubre de 2019, argumentando que la iniciativa encabezada por el Ministerio de Desarrollo Social, actualmente a cargo de Sebastián Sichel, no consideraba la consulta indígena obligatoria según el Convenio 169 de la OIT, al cual está suscrito Chile, por lo que en su esencia era ilegal, tal como informó INTERFERENCIA.

Tras la decisión del máximo tribunal del país, las comunidades y los patrocinantes del recurso de protección, expresaron su reproche al resultado, principalmente, porque no hubo posibilidad de presentar alegatos en esta instancia.

En conversación con nuestro medio, el werkén de la comunidad Nilpe de Galvarino, Enrique Llanquileo, planteó su rechazo al fallo: 

“Mi preocupación por la resolución que tomó la Corte Suprema es que el Estado chileno en todos sus poderes fácticos no respete los derechos de sus pueblos indígenas. Estamos en el siglo XXI y se siguen vulnerando nuestros derechos. La Corte Suprema no se dio el tiempo de escuchar nuestros alegatos. Muchas veces nosotros no tenemos herramientas y el Estado nos impone consultas. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, pero como se nos cierran las puertas la lucha va a continuar”, dijo.

En la misma línea, José Ramírez, integrante del equipo jurídico que presentó el recurso de protección en contra del Plan Araucanía, cuestionó la decisión de los supremos.

“La Corte Suprema perdió una oportunidad para tutelar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ya que el Plan Impulso ha sido llevado adelante sin considerarlos, violando al derecho a consulta del convenio 169. Así lo dijo el voto disidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, entregado por la abogada integrante Helen Pacheco Cornejo”, argumentó.

Ramírez alude al resultado que tuvo el recurso en la Corte de Apelaciones de Temuco en junio pasado, el cual sí contó con alegatos, y que tuvo un resultado de dos votos contra uno en desmedro del recurso de protección.

El asesor jurídico añadió que ahora analizarán con las comunidades la posibilidad de acudirá a instancias internacionales para exigir que se respete el derecho a consulta indígena.