En una reciente entrevista en el programa Estado Nacional de TVN, el ministro de Economía, Nicolás Grau, manifestó la posición gubernamental de presentar una nueva ley de pesca para reemplazar a la antigua. 

Al respecto, el titular de la cartera explicó que “nosotros vamos a presentar una nueva Ley de Pesca que va a reemplazar la anterior, porque esa ley actual tiene problemas. Hay juicios zanjados al respecto, no es una opinión de mi parte sino que el sistema judicial chileno definió que en algunos casos hubo graves actos de corrupción. Así que ese es un hecho de la causa”. 

En esa línea, y fundamentando la decisión, Grau comentó que lo que buscan es que las instituciones logren recuperar su legitimidad, de forma que la ciudadanía vuelva a confiar en ellas. “Creo que es muy importante en estos cuatro años que vienen, recuperar la legitimidad de las instituciones y que tengamos leyes en que la ciudadanía pueda confiar de que se hicieron de buena manera y no sobre representando intereses por actos de corrupción”, apuntó.

En efecto, no son pocos los aspectos que han generado fuertes cuestionamientos en la también denominada 'Ley Longueira'. La tramitación que se desarrolló entre 2011 y 2013, desde sus inicios, provocó las críticas de la pesca artesanal, la sociedad civil y el mundo académico, por la afectación al bien común, la seguridad alimentaria y los derechos históricos de los pueblos originarios. Sin embargo, la principal fuente de ilegitimidad fue la manera en que la clase política y parlamentaria fue capturada por los intereses empresariales.

En distintos sectores ha surgido la necesidad de una nueva legislación que no esté salpicada por los escándalos del pasado, y que se haga cargo de otras críticas que recibió en su momento la normativa, como la necesidad de detener la sobreexplotación y cuidar la sustentabilidad de los recursos pesqueros; fortalecer la pesca artesanal y ajustar la asignación de los recursos pesqueros. 

El caso más bullado fue el ​​los ex parlamentarios UDI Jaime Orpis y Marta Isasi, quienes ya fueron condenados con penas de cárcel por corrupción, fraude al Fisco y cohecho, por haber recibido instrucciones por parte de la entidad gremial Corpesca para legislar en directo beneficio de los intereses industriales.

Pero hubo también otras investigaciones que no siguieron adelante, específicamente en la Región de Bío Bío, con la influencia de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), tal como reveló Ciper en su momento, lo que involucró a la ex presidenta de UDI, Jacqueline van Rysselbergue.

Así, en distintos sectores representados en el actual Congreso ha surgido la necesidad de una nueva legislación que no esté salpicada por los escándalos del pasado, y que se haga cargo de otras críticas que recibió en su momento la normativa, como la necesidad de detener la sobreexplotación y cuidar la sustentabilidad de los recursos pesqueros; fortalecer la pesca artesanal y ajustar la asignación de los recursos pesqueros. 

De tal modo, en el panorama actual, la expectativa está en el Congreso. Así, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general, el proyecto que declara la nulidad de la Ley de Pesca (Boletín 10.527-07). En las comisiones unidas de Pesca y Constitución fue aprobado el proyecto con indicaciones que plantean que la nulidad se hará efectiva una vez que se promulgue una nueva Ley de Pesca, con un plazo de dos años para que ello ocurra.

En paralelo, una Ley Corta de Pesca, presentada por el gobierno de Sebastián Piñera, se tramita lentamente en el Senado, con acuerdo de los miembros de la Comisión de Pesca y luego de la Comisión de Hacienda. Para los sectores que desean derogar la ley actual, esta iniciativa no incorporó los cambios necesarios para dar legitimidad a la institucionalidad pesquera.

Reacciones de la nueva Comisión de Pesca de la Cámara

INTERFERENCIA conversó con algunos de los integrantes de la nueva comisión, que tuvo su primera sesión el miércoles de esta semana y a la que asistió el subsecretario de Pesca, Julio Salas. Los parlamentarios, de distintas coaliciones políticas, entregaron sus impresiones sobre las palabras del ministro y su disposición para legislar al respecto. 

La presidenta de la Comisión de Pesca, María Candelaria Acevedo (PC), manifestó que “nosotros vamos a recibir todo lo que envíe el Ejecutivo en torno a la Ley de Pesca, pensando que es un programa de Gobierno de nuestro Presidente y es justo evaluarlo, ya que por mucho tiempo nosotros hemos discutido y luchado por esto”.

Sobre la participación en la discusión Acevedo sostuvo que “cuando llegue, la revisaremos e invitaremos a las organizaciones que tengan que ver con el tema. No hay veto en ese sentido. Vamos a escuchar las dos partes o hasta una tercera parte (...) empresarios, industrias pesqueras, pescadores artesanales y de orilla”.

Asimismo, también Acevedo considera una nueva Ley de Pesca como una prioridad pues “tiene que ver con nuestro mar y no puede ser que algunas familias de este país se lleven toda la pesca de nuestra costa”. 

“Lo importante es que haya una Ley de Pesca. Porque si se retira la actual sin una que comience de inmediato en operaciones, volveremos a inicios de los ‘90. Ese es el peor de los mundos, porque esa es la carrera loca de que él tenía más fuerza depredaba el mar sin ningún control”, apuntó Eric Aedo (DC).

En la misma línea, la diputada Clara Sagardia (RD), indicó que “hay que hacer una buena ley. La ley que hay no obedece a las necesidades que tienen tanto pescadores artesanales ni industriales. Hay que hacer una más equitativa para todos y que cuide el medio ambiente”. 

Además, sobre la legislación agregó que “es una prioridad hace muchos años, no sé sí será por moción parlamentaria o por el Presidente, pero yo estoy abierta a que cambie”.  

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), comparte la visión en cuanto a los actores que deben participar en la discusión. “Si el gobierno estima que hay que presentar una nueva Ley de Pesca que incorpore los intereses de todos los actores, pescadores artesanales, industriales, y obviamente el Gobierno y el Congreso, no tengo ningún inconveniente”, puntualizó.

Sin embargo, fue enfático en destacar que se se debe hacer lo posible para evitar cierto escenario: “lo importante es que haya una Ley de Pesca. Porque si se retira la actual, sin una que comience de inmediato en operaciones, volveremos a inicios de los 90. Ese es el peor de los mundos, porque esa es la carrera loca de que él tenía más fuerza depredaba el mar sin ningún control”, apuntó el parlamentario. 

También Aedo tuvo palabras para las declaraciones del ministro Grau y un eventual nuevo proyecto de ley. “Entiendo que el ministro expresó una opinión, un deseo y con ese deseo el Gobierno debe avanzar hacia una propuesta legal, si es que esa es su intención”. 

Desde la oposición, el diputado Leonidas Romero (RN), se mostró abierto a un nuevo proyecto. “A mí me parece bien y hay que estudiarlo”. Además, agregó que “la Ley de Pesca actual no es la perfección, desgraciadamente está relacionado a actos irregulares como el financiamiento de la política”. 

El parlamentario, también destacó la importancia de evaluar bien el proyecto. “Si se estudia en forma seria y responsable una Ley que mejore la actual yo estoy disponible, pero sí es eliminarla por eliminarla y tener un mamarracho mañana obviamente no voy a estar de acuerdo”, indicó Romero, quien, al igual que sus pares, enfatizó en la importancia de sumar a los actores correspondientes. 

Por otro lado, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) se opuso a la creación de una nueva Ley de Pesca, pues “yo creo que todo es perfectible y después de la puesta en vigencia hace algunos años se puede revisar, pero ahí a derogar o eliminar, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con perfeccionar”. 

“Creo que hay que hacer correcciones y estoy dispuesto a estudiar esas propuestas, pero a derogar la ley yo, en principio, no estaría de acuerdo. Vamos a ver qué presenta el gobierno y cuáles son sus ideas para esto y las discutiremos y analizaremos en su mérito”, concluyó.