El pasado 22 de septiembre, la AFP Provida fue notificada de una sanción en su contra cursada por la Superintendencia de Pensiones por el monto de 5.000 Unidades de Fomento, es decir, más de $171 millones según el valor actual de la UF ($171.223.050, más precisamente).
La multa corresponde a la conclusión de un procedimiento administrativo relacionado con la entrega que dicha AFP tuvo que hacer de los dineros correspondientes a los proyectos de ley que permitieron a los afiliados el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones en tiempos de pandemia.
Así lo señala la Resolución N°29 de 2022 de la Superintendencia de Pensiones (revise el documento en adjuntos al final del artículo), la que concluye en la sanción mencionada, y en la que se puede observar que el organismo presentó tres cargos en contra de la administradora.
Los cargos
El primero de los cargos dice relación con “haber incumplido las instrucciones contempladas en Oficios Ordinarios y Oficios Reservados dictados por esta Superintendencia, por cuanto debió haber dado respuesta y/o entregado la información requerida dentro de los plazos instruidos por este Servicio - conforme a los hechos y cifras descritas en el presente oficio - y no lo hizo”.
El segundo cargo levantado por dicha superintendencia dice relación con “haber incumplido los plazos de entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar, de las personas individualizadas en el presente oficio.”
Y en tercer lugar, por pagar los dineros del retiro de 10% de fondo de pensiones “a los afiliados - alimentantes - montos que, a la fecha del retiro, se encontraban retenidos por órdenes judiciales, debidamente notificadas a la Administradora, conforme a lo descrito en el presente oficio”.
Descargos de Provida y respuesta de la Superintendencia
La AFP de propiedad de Metlife, contrarrestó estos cargos señalando que “AFP Provida ha cumplifdo exitosamente con implementar el sistema de transferencia de fondos de pensiones por los retiros del 10% en condiciones inéditas”.
En efecto, Provida se defendió en este procedimiento administrativo, a través de una respuesta formal a la Superintendencia de Pensiones en la que señala que este órgano formuló los cargos mencionados “en contravención a las normas del debido proceso”, por no entregar la oportunidad a la AFP de una defensa plena. Además, la administradora señala que los cargos “no aparecen revestidos de fundamentación” y que “AFP Provida ha actuado con extremada diligencia frente a la implementación de leyes que imponían en forma urgente medidas y despliegue de recursos nunca victos en nuestro país”.
Respecto de los retrasos en su respuesta a los oficios que la Superintendencia de Pensiones envió a Provida solicitando información, la administradora señala que se trata de demoras que no son imputables a la AFP, sino que a la propia Superintendencia. Señalando además, en una carta de enero de 2022, que “Provida pagó en forma exitosa para nuestros afiliados y alimentarias ha pagado el 99% de las solicitudes de retiros dentro del plazo establecido por la Ley para esos efectos”.
La Superintendencia en todo caso, contra argumentó que para la fecha de esta respuesta, efectivamente ya se habían subsanado varios de los problemas, pero que en un primer momento, Provida “encabezó el número de reclamos de los afiliados, durante el período comprendido entre el 30 de julio de 2020 y 28 de febrero de 2021, registrándose 48.611 requerimientos en tal sentido, lo que representó el 41% del total de reclamos tramitados por este Organismo Fiscalizador”.
Esto es: la que más reclamos tuvo por parte de los afiliados.
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La Superintendencia señala que “dentro de la documentación que la misma Administradora acompañó en el término probatorio, el porcentaje de pago en plazo para el primer retiro establecido en la Ley N°21.248 fue de un 90,7%, mientras que, para el segundo retiro, dicho porcentaje aumento a un 96,1%”.
El órgano fiscalizador señala además que, si bien en términos globales se podría considerar un porcentaje alto de cumplimiento, el contexto de crisis económica y sanitaria exigía que el pago de estos fondos -de propiedad de cada afiliado- fuera lo más rápido posible y al número más alto de afiliados que lo exigían.
Respecto de los pagos directos del 10% a personas con obligaciones pendientes de pagar pensión de alimentos, Provida señaló que en efecto eso ocurrió en un número menor de casos, reconociendo incluso que inicialmente había hecho mal estos pagos en hasta 1.511 casos. Provida rescata que “hasta la fecha, AFP Provida ha asumido 1.511 pagos a alimentarios por un total de $1.351.000.000”, lo cual según la administradora fueron pagos hechos con dinero de su propio patrimonio.
INTERFERENCIA se comunicó con AFP Provida para hacer las consultas del caso, desde donde se nos señaló que todo lo que la AFP pudiera decir respecto del caso se encuentra en el procedimiento que terminó con esta sanción. Consultados sobre si harán uso de recursos que impugnen la multa, se nos señaló que es algo que la AFP no divulgará públicamente aún.
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