Este sábado 26 alrededor de las 17:30 arribaron a Chile los periodistas argentinos Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Díaz del Campo (ANCAP), con el objetivo de reportear las movilizaciones sociales registradas en Chile en los últimos días. 

Al desembarcar, fueron demorados por funcionarios policiales. Según afirmaron en un video publicado en redes sociales, la Policía de Investigaciones (PDI) les informó que no podrían entrar al país porque sus publicaciones "incitan al odio".

“Sin darnos explicaciones nos retuvieron los documentos, nos llevaron a un cuarto, nos hicieron esperar, después nos hicieron pasar uno por uno", luego de eso "nos dijeron que nos iban a deportar porque hay fotos en nuestras redes sociales que incitan al odio. Vinimos a trabajar como periodistas y ahora estamos encerrados en un cuarto", relató Roviello en el video.

La denuncia fue viralizada rápidamente en redes sociales, y de ella se hicieron eco organizaciones como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Colegio de Periodistas de Chile. 

La PDI echa pie atrás

Durante la jornada, la PDI desmintió la acusación efectuada por los tres periodistas argentinos. La policía civil explicó que se verificó la condición de periodistas de los tres argentinos al ingreso al país, instante en que estos señalaron que venían a efectuar labores periodísticas, “sin contar con acreditación en medios nacionales o internacionales, o cualquier otra documentación que sustentara aquello”, según consignó Bío Bío Chile.

Según la versión de la policía civil, se procedió a chequear nuevamente sus antecedentes, comprobándose que son profesionales de la comunicación, por lo que se les permitió el “ingreso al país con la indicación de que deben concurrir a solicitar los permisos de trabajo que les permitan realizar estas labores”.

La justificación policial para el retraso de los reporteros recuerda lo ocurrido en Venezuela con el periodista Rodrigo Pérez y el camarógrafo Gonzalo Barahona de TVN, cuando al ser expulsados del país en enero de este año, la justificación del oficialismo venezolano fue que los reporteros no contaban con permisos de trabajo. En dicha oportunidad, la administración de Sebastián Piñera respaldó ampliamente lo vivido por los comunicadores del canal estatal.  

Sobre la denuncia de los periodistas referida a que la prohibición de su ingreso se debe a lo que han posteado en sus redes sociales, la declaración de la policía sostiene que se tomó conocimiento de esos antecedentes, los que debieron ser “analizados y consultados con las autoridades pertinentes de su país de origen, como también por Interpol, determinándose que no poseen antecedentes actuales [las cursivas son de INTERFERENCIA] que impidan su ingreso al territorio nacional”.

Una vez en el país, los reporteros argentinos agradecieron la gestión de los abogados del INDH y del diputado Tomás Hirsch (PH), quienes efectuaron gestiones legales para lograr el ingreso de los retenidos. 

Por su parte, la Corporación Fundamental y la Fundación Datos Protegidos enviaron una misiva dirigida a Edison Lanza para denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.