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Jueves, 5 de diciembre de 2019
Misma fórmula

Piñera insiste en militarizar el ambiente al pedir que las FF.AA. resguarden 'infraestructura crítica' sin estados de excepción

Nicolás Massai D.

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Foto: Presidencia
Foto: Presidencia

Mientras que varios en la Democracia Cristiana han apoyado desde ya el proyecto de ley presidencial, sin una definición de lo que es "infraestructura crítica", otros en la oposición consideran la iniciativa como anticonstitucional.

La mañana de este domingo 25 de noviembre el presidente Sebastián Piñera realizó una visita a la Escuela de Suboficiales de Carabineros, ubicada en la comuna de Macul, donde aprovechó de realizar anuncios en medio de la crisis política de mayor envergadura que se ha visto en el país desde el regreso a la democracia –en 1990–, que lo tiene como el mandatario peor evaluado por la ciudadanía, recibiendo críticas desde distintos sectores políticos y sociales.

En la instancia, anunció que enviará en las próximas horas un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas presten resguardo en servicios básicos –lugares relacionados al abastecimiento de electricidad, por ejemplo– sin que sea necesario decretar un estado de excepción, siempre y cuando las condiciones de seguridad estén críticas. Esto, con el propósito de liberar a Carabineros para otras funciones de reestablecimiento del orden público. De todos modos Piñera no entregó mayores detalles y se retiró del lugar sin aceptar preguntas de la prensa.

Rápidamente el mandatario comenzó a recibir críticas por parte de la oposición. El senador Francisco Huenchumilla (DC) indicó –a través de Twitter– que el proyecto es "inconstitucional, no puede hacerse por ley. No juguemos a los resquicios o a la letra chica".

Sin embargo, fue la misma DC desde donde llegó apoyo. "Creemos que el control del orden público es prioridad, que si es necesario que personal del Ejército, sin limitar ningún tipo de derecho ni de desplazamiento, puedan resguardar infrestructura crítica, creo que hay que evaluar esa posibilidad de todas maneras para liberar a Carabineros", declaró el presidente de la colectividad, Fuad Chahín a La Tercera.

El diputado Matías Walker, hizo algo similar en Radio Bío Bío, donde declaró que "si el Gobierno está proponiendo estas medidas es porque cuenta con información de que hay grupos que pretenden hacer afectación de estos servicios básicos". Acto seguido, recordó la colaboración que también le prestan a la policía las Fuerzas Armadas en el combate contra en narcotráfico en las fronteras de Chile. 

Efectivamente, este año se aprobó el decreto del Ministerio de Defensa que autorizaba la colaboración entre estas instituciones, aunque con algunas limitaciones. La misma Contraloría General de la República hizo un alcance a este texto legal para que se este apoyo fuera "en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o a otras entidades, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, o la Dirección General de Aeronáutica Civil".

Más allá de las interpretaciones sobre la legalidad del proyecto de ley, el presidente Piñera recibió críticas por insistir en vincular a los integrantes de las Fuerzas Armadas en el orden público.

El senador Alejandro Guillier (independiente), salió a decir en Twitter que "el vacío de poder no se llena con los militares en la calle […] Llaman al acuerdo pero siguen en guerra. Nuestra democracia se debilita en medio del desgobierno que no escucha a la ciudadanía. Yo no seré cómplice pasivo".

El anuncio se da en un contexto de crítica a las Fuerzas Armadas por la crisis de violaciones a los derechos humanos. Si bien, la mayoría de las situaciones involucra a Carabineros, al día de hoy, el Instituto Nacional de Derechos Humanos suma seis querellas por homicidios en medio de las protestas sociales. Al menos cuatro de estos episodios involucran a personeros del Ejército o de la Armada.

También hay testimonios de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército en el Supermercado Alvi de Pajaritos, en Maipú, entre otras acusaciones de abusos cometidos por militares.

Además, la semana pasada las tres ramas de la Defensa presentaron una carta de rechazo a las acusaciones de la ONG Amnistía Internacional, algo que en la oposición se interpretó como un ejercicio deliberativo. Esto, en un contexto en que las Fuerzas Armadas han tenido crecientemente un rol político, tanto al haber sido llamadas al Consejo de Seguridad Nacional, como por haber truncado la aspiración presidencial de aplicar un nuevo estado de emergencia la noche del 13 de noviembre.

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