Este jueves, mientras La Moneda ultimaba los detalles para anunciarle al país al día siguiente el llamado ‘Plan Retorno Seguro’, la nueva jefa de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, comenzó a mover la maquinaria gubernamental para allanar el camino de la ‘nueva normalidad’ decretada por el gobierno.

La Orden Nº 1868 de esa repartición emitida el 23 de abril les comunicaba a muchas instituciones -entre estas mutualidades, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y reparticiones públicas, como la propia Seremi o el Instituto de Seguridad Laboral (ISL)- una serie de medidas para iniciar el retorno a los puestos de trabajo.

Ese documento, adjunto en este artículo, “establece medidas sanitarias que indica para los lugares de trabajo y otros de la Región Metropolitana”. INTERFERENCIA tuvo acceso a esa orden de la Seremi, y constató que la autoridad sanitaria regional elaboró un detallado manual de las medidas a tomar para una vuelta segura a los lugares de trabajo. A todas luces, se trata de una guía exigente.

Sin embargo, pocas horas después de emitir esa orden, la propia Seremi a cargo de Labra, sacó una nueva orden anulando la anterior. Todo en el mismo día, jueves 23 de abril, y sin publicar un nuevo lineamiento. Esta nueva orden caratulada como Nº 1873 deja sin efecto la Orden Nº 1868.

¿Qué pasó? No hay respuestas claras al respecto.

Nuestro medio se contactó el viernes en la noche con Paula Labra, quien nos respondió a los pocos minutos y nos derivó al departamento de comunicaciones de su institución. Este nos pidió un día más para contestar esa interrogante, y ayer sábado en la tarde nos envió una respuesta. 

Entonces, ¿quién decidió dar una violenta marcha atrás a la orden inicial? “Fue por disposición del Ministerio de Salud, ya que se sacará una nueva dada la contingencia”, aseguraron fuentes de la Seremi. “ Los protocolos van modificándose de acuerdo a la realidad epidemiológica”.

Pese a la aclaración, subsisten las sospechas de que la orden original se revirtió porque -dado el nivel de exigencia para el retorno laboral- pocas empresas e instituciones podrían cumplir con la guía original. Y eso pone en peligro del ‘Retorno Seguro’ del gobierno.