El jueves 28 de febrero, a las 10.30 de la mañana, el equipo de la división de análisis contable de la Contraloría General de la República (CGR) se reunió con el máximo jefe de esa entidad del Estado, Jorge Bermúdez, para advertirle acerca de un problema grave. Los cálculos sobre los déficit fiscales de los municipios podrían ser erróneos.

Un mes antes, a fines de enero, la Contraloría había dado a conocer con bombos y platillos que el municipio de Viña del Mar tenía pérdidas por más de 17.500 millones de pesos. “El órgano fiscalizador anunció la instrucción de un sumario y una reparación de 150 millones”, afirmaba el canal de TV CNN Chile.

Pero esa mañana de fines de febrero, el jefe de la unidad de contabilidad de la CGR, Patricio Barra, le informó al Contralor que ese cálculo podía estar errado. Y es que la institución trabajaba con al menos tres o cuatro métodos distintos para computar las finanzas municipales. Y según el método empleado, las pérdidas podían ser menores, mayores o incluso ganancias.

Los gritos y recriminaciones de Bermúdez se escuchaban desde los pasillos aledaños. “No, no, ello no es así”, espetaba el contralor. Patricio Barra había solicitado esa reunión para explicarle a su superior que la manera de computar los déficit o superávit de los municipios era una suerte de lotería. ¿Por qué? Porque la Contraloría aplica métodos de contabilidad que no son uniformes. “Lo que podrían ser pérdidas millonarias, también podrían ser ganancias según el método empleado”, afirma una fuente de la Contraloría que está al tanto de las metodologías.

Tres meses después de esa tensa reunión, Barra fue despedido por haber perdido la confianza de Bermúdez. “Atendida su mala evaluación de desempeño al interior de la institución, el Contralor General ejerció la facultad de pedir la renuncia del Sr. Barra”, comunicó el departamento de prensa de esa institución.

“Quienes conocen la interna señalan que Barra ha sido permanentemente cuestionado por su liderazgo y actitudes poco diligentes para ejercer su cargo”, afirma una persona cercana a Bermúdez, quien prefirió el anonimato para dar esa declaración. “Por ejemplo, su incapacidad para trabajar de manera coordinada con los equipos de auditoría. De hecho, su relación con otros jefes de división es prácticamente inexistente”.

Al ser consultado por INTERFERENCIA acerca de qué significa ser mal evaluado -por ejemplo, si hay procesos formales de evaluación de desempeño-, un vocero de la institución insistió en que la facultad de despedir personas en cargos de confianza radica en el Contralor. Así, la “mala evaluación” parece ser un privilegio exclusivo de la opinión personal de Bermúdez.

La punta del iceberg

Los últimos sucesos, como el despido de Barra y otros dos altos funcionarios de la Contraloría sucedidos el viernes recién pasado, son indicios de la profunda crisis en la que está sumergida la Contraloría. Desde el fallido despido de la subcontralora Dorothy Pérez a fines del año pasado, a la que Bermúdez tuvo que reincorporar a sus funciones tras una serie de fallos judiciales que perdió por goleada, el Contralor ha estado en una espiral descendiente.

La Moneda ha tratado de aprovechar la reciente debilidad del Contralor, quien al estrenarse en su cargo en diciembre de 2015 quiso mostrarse como un paladín de la probidad, para tratar de cooptarlo. Una muestra de ello fue que el ministerio del Interior contrató hace unas semanas al abogado Carlos Peña como jefe de su división jurídica. Peña había sido hasta ese momento el jefe de gabinete del contralor Bermúdez. Pero ayer, Peña renunció a su cargo, presionado, según aseguran varias fuentes a nuestro medio, por las dudas del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien consideraba que el abogado venía con demasiados pasivos a cuestas.

Bermúdez, por su parte, ha buscado de en las últimas semanas apoyos políticos, entre ellos los del gobierno, para afirmarse en el cargo. Según personas cercanas al contralor, este teme que se pueda generar una acusación constitucional en su contra para botarlo, que es el único mecanismo que existe para reemplazar a un Contralor.

Así se explica, por ejemplo, la diligencia con que la Contraloría se pronunció acerca de la legalidad del viaje de los hijos del Presidente Sebastián Piñera en la reciente gira a China.

Pero mientras el Contralor y La Moneda tratan de establecer buenas relaciones, en las que Bermúdez parece un subordinado del gobierno, hay sectores del oficialismo que no le dan tregua al jefe de la Contraloría. Un ejemplo es la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe (JVR), quien está determinada en hacer caer a Bermúdez. “No podemos tener un contralor que despide gente porque le llevan la contra”, afirmó ayer la presidenta de la UDI a la prensa. El hecho de que la Contraloría pusiera el foco en los municipios de La Florida y Vina del Mar, ambos en manos de militantes UDI, resulta algo inaceptable para JVR. “No nos saquemos la suerte entre gitanos”, dice un cercano a la jefa de la UDI. “Todos los municipios tienen distintos grados de corrupción, no es un tema de color político”.

Amigo del Frente Amplio

Jorge Bermúdez hizo gran parte de su carrera como profesor de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí conoció a muchos jóvenes que se convertirían con el paso de los años en conocidos dirigentes políticos. Uno de ellos era Jorge Sharp, actual alcalde de la ciudad porteña. Otro era Camilo Mirosevic, quien actualmente se desempeña en la CGR, y que es hermano del diputado del Frente Amplio Vlado Mirosevic.

En sus círculos más íntimos, Bermúdez no oculta su simpatía por los jóvenes porteños y el Frente Amplio, conglomerado del cual se siente cercano. Aplaudido por ese sector político debido al celo de probidad que impuso al inicio de su mandato como contralor, hoy se ha alejado un poco para buscar aliados más poderosos.

De todos modos, y más allá de su tácita alianza con el gobierno, el sitiado Contralor tiene varias cartas comunicacionales a su favor. Una de ellas es que sus mayores enemigos públicos son personeros de la derecha, lo que le podría abrir la puerta a quejarse de una persecución política en su contra.

INTERFERENCIA pidió hablar con Jorge Bermúdez, pero su equipo de asesores se remitió al comunicado público que la institución emitió ayer. Nuestro medio también se contactó con la subcontralora Dorothy Pérez, quien declinó dar declaraciones.