Ayer fue un día agridulce para Marcela Cubillos. Por un lado, una encuesta semanal la situaba como la ministra peor evaluada del gobierno. Pero, por otro, recibió un espaldarazo sorpresivo de cara a la acusación constitucional que enfrenta en la Cámara de Diputados.

Y este respaldo provino nada menos que de Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales (UDP), quien emitió un informe en derecho que desmonta, punto por punto, los argumentos de la oposición para destituir a la jefa de la cartera de Educación (ver informe completo de Peña en documento adjunto). Cubillos presentará -entre otros antecedentes- este informe el miércoles 25 de septiembre a los diputados que buscan destituirla.

Lograr el respaldo de Peña fue una jugada audaz, toda vez que gran parte de la elite política lo considera el columnista más influyente del país. Cada domingo, el rector escudriña desde las páginas dominicales de El Mercurio el alma republicana del país a punta de parafrasear a los grandes filósofos occidentales, atrayendo tanto a detractores como admiradores de derecha e izquierda.

En su informe en derecho Carlos Peña fue vago a la hora de decir quién se le había encargado. "Se me ha solicitado emitir una opinión, a la luz de la literatura y el derecho vigente, acerca de la procedencia y fundamento de la acusación constitucional que ha sido presentada en contra de la Ministra de Educación doña Marcela Cubillos Sigall", comienza el escrito sin especificar quién había solicitado esa opinión. Según El Mercurio, que ayer reveló en exclusiva el escrito de su columnista, Peña había sido contactado por la ministra para elaborar el reporte, pero el diario no entregó mayores antecedentes al respecto.

La conclusión del rector Peña, en cambio, es contundente: "Por las razones expuestas puede aseverarse que la acusación en contra de la Ministra de Educación Marcela Cubillos Sigall contraviene el sentido institucional que este mecanismo posee bajo el derecho vigente en Chile y que, incluso si se sostuviera que está acorde con él, los reproches que en él se formulan carecen de base fáctica y corrección conceptual".

Peña, otra vez

A Carlos Peña le gusta la exposición mediática, al menos aquella que lo reafirma en su papel de intelectual público. En privado, muchos académicos de distintas facultades de esta universidad privada -que en 2018 contaba con más de 15.000 alumnos en pregrado y más de 1.600 en estudios de postgrado- comienzan a expresar un creciente descontento. ¿Es rector o es columnista?, se preguntan varios profesores que han conversado con INTERFERENCIA a lo largo de los últimos meses.  

Este último episodio -el apoyo a la ministra Cubillos- probablemente sólo agregue al creciente descontento interno con el rector. Esto porque, una vez más, Peña parece haber confundido los papeles. Después de todo, el informe en derecho que respalda a la ministra proviene de una autoridad e institución que está regulada por esa misma ministra y su cartera. En palabras sencillas, un actor educativo sometido a regulación estatal defiende al regulador. El hecho de que Peña haya firmado el informe como “profesor de derecho de la Universidad Diego Portales (y la) Universidad de Chile”, no cambia la naturaleza de un evidente conflicto de intereses.

Pero ello no es nada nuevo para el rector Peña. En julio de 2014, a inicios del segundo gobierno de Michelle Bachelet, se prestó para hacer de entrevistador y periodista en el Cuerpo de Reportajes de El Mercurio, al entrevistar al entonces ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre.

La autoridad universitaria y columnista de ese medio pareció no ver ningún conflicto en el hecho de que el representante de una institución regulada -él y la UDP- hicieran de intermediario ante la opinión pública de entrevistar al encargado de regularlo a él y su universidad.

Como dijo entonces Leonidas Montes, entonces profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y actual director del Centro de Estudios Públicos (CEP) en una columna del diario La Segunda, "el rector Peña debió reparar que, al entrevistar al ministro, incurría en un conflicto de intereses".

Pero Carlos Peña no reparó en ello y ahora, cinco años después, vuelve a confundir a la opinión pública al mezclar sus propios intereses institucionales, con los del ministerio y la República.

Los ministros acusados y Peña

Carlos Peña ha sido un actor relevante en el debate educacional de la última década, tanto en su calidad como rector de una universidad privada, como en la de analista dominical de la realidad chilena.

Tras el estallido estudiantil de 2011, Peña rápidamente reconoció que su universidad estaba en una encrucijada. Aunque a fines de ese año realizó un generoso evento para todos los académicos y funcionarios de la institución en el Club Hípico de Santiago, con barra libre, comida a destajo y regalos para todos, al año siguiente se dio cuenta que había que apretar el cinturón. Más aún cuando Michelle Bachelet volvió al gobierno con una ambiciosa agenda en la educación superior.

Más de una decena de académicos manifestaron a este periodista, a condición de no revelar sus nombres, que en esa época sintieron que la rectoría de la UDP trataba de castigar de maneras sutiles a los profesores y profesoras que asesoraban al gobierno.

Como sea, al revisar las opiniones que Peña ha emitido como columnista de El Mercurio surge un patrón: el rector tiende a defender a los ministros de Educación de derecha.

Cuando en 2008 la entonces titular del Ministerio de Eduación, Yasna Provoste, enfrentó una acusación constitucional que terminó en su destitución, Carlos Peña afirmó en su columna titulada Adiós a la realidad (El Mercurio, 20 de abril de 2008): "La acusación constitucional vino de la derecha; pero los motivos para hacerla plausible no vinieron de la derecha sino del gobierno. Así entonces nada de qué quejarse".

Y, citando al sociólogo alemán Max Weber, Peña remató: "Al aferrarse a la ex ministra Provoste, el gobierno hizo lo peor que uno puede esperar de un gobierno: convertir los afectos en un principio ético".

Pero cuando le tocó el turno a Harald Beyer, el ex ministro de Educación en el primer gobierno de Sebastián Piñera, el discurso de Peña fue más fino. "¿Cuál es el sentido de la acusación constitucional contra el ministro Beyer? Para saberlo hay que dar un breve rodeo”, escribió Peña en la columna titulada Beyer en el banquillo publicada por El Mercurio el 24 de marzo de 2014. Acto seguido se dedicó a explicar varias reflexiones de Hegel para concluir: "Si se compara la conducta ministerial de Harald Beyer con la de quienes le antecedieron, él aparece con la agilidad y el rigor de un inquisidor entusiasta. Si se pusiera la vara de esta acusación a la misma altura enfrente de todos los ministros de las últimas décadas, no cabe duda de que Beyer la saltaría sin problemas y casi todos sus colegas se enredarían en ella sin pasarla. Lo prueba el hecho -la verdad sea dicha- de que con iguales reglas él ha ejecutado más acciones para verificar el cumplimiento de la ley que todos los que lo antecedieron. Este hecho es tan indesmentible, que ni el furor ideológico logra ocultarlo, ni el ajedrez de la política justificarlo".

Y a inicios de este mes, Carlos Peña escribió en el diario de la familia Edwards una columna respecto a la acusación en contra de la ministra Cubillos. ¿Es correcta la acusación constitucional contra la ministra de Educación?, se preguntó el rector. Y utilizando la misma herramienta retórica que utilizó con Beyer, pero no con Provoste, Carlos Peña afirmó: "Para saberlo es necesario dar un rodeo".

Tras ese breve rodeo, llega a una conclusión: "Una cosa son las reglas constitucionales y legales y otra cosa las acciones gubernamentales o las políticas públicas. No basta, en consecuencia, que el gobierno o sus ministros ejecuten una mala política o tomen decisiones que puedan ser consideradas contrarias al bienestar social para que, por ese solo hecho, se considere que han infringido la Constitución".

El argumento de la fijación emocional del gobierno por una ministra -como argumentó en el caso de Yasna Provoste en 2008- pasó en 2019 a ser un argumento de constitucionalidad.