En junio de 2019, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe de auditoría que da cuenta de los detalles y resultados de una fiscalización a las adquisiciones de servicios informáticos y arriendo de equipos realizados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales -dependiente del Ministerio de Salud-, la que en ese entonces encabezaba el ex subsecretario Luis Castillo Fuenzalida. 

Tal como lo indica la Contraloría en dicho informe, estas adquisiciones se habían dado en el marco de “la estrategia del Ministerio de Salud orientada a la implementación de tecnología digital en las redes asistenciales”. 

Esta estrategia ya provenía desde el gobierno anterior, con la implementación de la “Plataforma Convergente Minsal”, que buscaba gestionar grandes bases de datos en salud desde hospitales y así crear una red unificada. Otra estrategia emparentada con este tipo de propuestas es el Hospital Digital, el cual ha sido implementado por el actual gobierno de Sebastián Piñera.

En ese informe, de junio del año pasado, se encontraron algunos preocupantes hallazgos. La Subsecretaría de Redes Asistenciales había contratado la adquisición de licencias de uso de programas informáticos de biometría [software Innovatrics], servicio que fue proveído por la empresa chilena Tecnodata SA. por una suma total de US$4.866.804 por 3 años de licencia. Cabe mencionar que esta contratación data de 2017, cuando la titular del ministerio de Salud era la doctora Carmen Castillo Taucher, durante el gobierno de Bachelet. 

Sobre esto, Contraloría encontró que “habiéndose recepcionado las licencias informáticas, y pagado dos de las tres cuotas pactadas, estas aún no son utilizadas, restando solo un año de cobertura para soporte”. Estas dos cuotas representan, por lo tanto, los US$ 3.244.536 que la Contraloría mantiene objetados. 

Según esta auditoría, la Subsecretaría de Redes Asistenciales argumentó que no había hecho uso de este software debido a que habían recibido este proyecto en marzo de 2018, y que no habían podido utilizarlo por “falta de antecedentes”, Además, señalaron que trabajarían en buscar que el Registro Civil pudiera hacerce cargo de esta plataforma, ya que esa entidad trabaja con recolección de datos personales.

Otro de los hallazgos preocupantes encontrados en esta auditoría a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, está relacionado con los pagos de contratos por “arrendamiento de equipos computacionales y servicios asociados”, a la empresa Intesis Chile SA, negocio cuyo precio fue pactado en dólares. 

Redes Asistenciales totalizó un pago de $2.687.209.297 por estos servicios entre abril y julio de 2018. Sin embargo, esta subsecretaría tardó en la autorización de la facturación para hacer los pagos, y a causa de este retraso, debió desembolsar un monto de $110.869.565 adicionales debido al alza del precio del dólar. 

Irregularidades sin subsanar y juicio de cuentas

Recientemente, a finales de julio de este año, la Contraloría terminó de elaborar el informe de seguimiento que observa si la Subsecretaría de Redes Asistenciales tomó las medidas que el ente controlador le había exigido. 

Sobre el nulo uso de licencias de software que mencionamos anteriormente, la CGR exigió a Redes Asistenciales que iniciara un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades en el caso, y además, le exigió a esa subsecretaría que presentara una carta Gantt en la que “se determine el uso y destino final de las licencias y que además considere los acuerdos obtenidos con el Servicio de Registro Civil”, para que fuera este organismo el que se hiciera cargo de la plataforma. 

Contraloría observó este año que efectivamente esta subsecretaría había confeccionado una carta Gantt, pero que no detallaba el uso y destino de estas licencias, sino que sólo se refería a procesos de “habilitación” de estos software. Tampoco se refería a los acuerdos conseguidos con el Registro Civil. 

Además de esto, la CGR observó que Redes Asistenciales sí había instruido un sumario el 28 de junio de 2019, pero que a mayo de este año aún se encontraba abierto, es decir, sin resultados luego de casi un año. Por todo esto, la CGR mantuvo estas observaciones, dándole un plazo de 60 días hábiles a la subsecretaría para regularizar esta situación.

Sobre los $110.869.565 adicionales que Redes Asistenciales tuvo que pagar por arriendo de equipos debido a una demora en los pagos, la Contraloría había exigido a esta subsecretaría -en junio de 2019- el reintegro de esos fondos en la cuenta corriente de dicha subsecretaría. Para esto, Redes Asistenciales contaba con un plazo 60 días hábiles. 

El reintegro es una medida que puede tomar la CGR, la que consiste en “ordenar la restitución de fondos, derivada de observaciones asociadas a la custodia, administración, recaudación, recepción, inversión o pago de caudales públicos”. 

La Subsecretaría de Redes Asistenciales no cumplió con esta restitución de fondos, lo cual llevó a que la Contraloría presentara un reparo en contra de esa subsecretaría. 

Este reparo es la demanda con la que se inicia un juicio de cuentas, el cual es un procedimiento que tiene por objeto determinar la responsabilidad de personas que en el ejercicio de sus funciones, puedan tener culpa o negligencia que haya "provocado un daño patrimonial al Fisco”.

Este juicio de cuentas, por el monto de $110.869.565, está caratulado con el rol el N°62 de 2020, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría El procedimiento se habría iniciado con posterioridad a julio de este año y tiene el carácter de secreto hasta que se conozcan sus resultados. 

INTERFERENCIA se contactó con el área de comunicaciones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales la tarde del viernes pasado para conocer si el sumario antes mencionado aún se encuentra abierto o ya arrojó resultados, considerando que ya nos encontramos a septiembre de 2020. Además, se le preguntó a este organismo por el juicio de cuentas que la Contraloría ordenó en su contra y, en particular, sobre cuáles son los funcionarios que han sido objeto de este juicio de cuentas.

Sin embargo, al cierre de esta edición, nuestro medio aún no había tenido respuesta desde este organismo. 

Estas gestiones realizadas por la Contraloría se suman a la investigación que este órgano de control está realizando a propósito de irregularidades asociadas a la contratación de residencias sanitarias por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales durante la pandemia, lo cual fue informado por nuestro medio. 

[Ver artículos Arturo Zuñiga contrató por $205 millones residencia sanitaria que estaría vinculada a alto funcionario del Minsal; y también Redes Asistenciales contrató por $ 187 millones residencia sanitaria de familia del subsecretario de Obras Públicas]