Desde marzo de 2022, Juan Antonio Soto Zamora figura como uno de los doce asesores con los que cuenta el diputado Tomás De Rementería (PS) entre su personal de apoyo. Según Transparencia de la Cámara Baja, ingresó como administrativo un sueldo de $366.667, los que aumentaron paulatinamente hasta $860.000 a día de hoy.

Sin embargo, algo que no se informa es que, en octubre de 2017, Soto Zamora fue declarado culpable por el delito de estafa reiterada en grado de consumado sucedido en Quillota entre los años 2014 y 2015.

Según consta en la condena emitida por el Juzgado de Garantía de Quillota, a la que tuvo acceso Interferencia, Soto Zamora conformó una red organizacional basada en la simulación de ejercer cargos de funcionarios públicos en la Municipalidad de Valparaíso y en el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso. 

De Rementería señaló que: “Yo no tenía por qué saber, porque en su certificado de antecedentes se omite cualquier tipo de antecedente penal y se cumplen todas las condiciones”.

¿El problema? Desde mayo de 2024, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias prohíbe explícitamente la contratación de personas condenadas. 

En su normativa, el organismo establece que “constituirán un impedimento para ser contratado como personal de apoyo y/o asesoría externa [...] hallarse condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva”. 

Aún así, Soto Zamora habría logrado evitar la reglamentación, pues en la sentencia se aplicó el beneficio de omisión de la condena en su certificado de antecedentes.

Condena asesor Tomás de Rementería.

Condena asesor Tomás de Rementería.

De este modo, sólo nueve meses después de ser condenado, fue contratado como asesor territorial por la senadora Isabel Allende (PS) con honorarios por $333.333. En marzo de 2022, fue contratado por De Rementería.

Consultado por nuestro medio, el diputado socialista afirmó que: “Seguimos el procedimiento estándar, que es que se le pide el certificado de antecedentes a las personas, los que son revisados por la propia Cámara de Diputados”. 

Sobre la razón para contratar a Soto Zamora, De Rementería señaló que: “Sabía que esta persona había trabajado con otros parlamentarios de la región, con la senadora Allende, con el senador Ávila, incluso algunos concejales. Entonces, lo que aquí se genera es una situación que yo no tenía por qué saber, porque en su certificado de antecedentes se omite cualquier tipo de antecedente penal y se cumplen todas las condiciones”.

El delito

Según describe la sentencia, durante 2014 y 2015 Juan Antonio Zamora Soto conformó una red organizacional basada en la simulación de ejercer cargos de funcionarios públicos en la Municipalidad de Valparaíso y en el Serviu de la Región de Valparaíso. 

El delito consistía en que Zamora Soto, junto a Rigoberto Gálvez, Francisco García Callejas y Viviana Valdés Orellana simulaban estar a cargo de la captación de personas con necesidad habitacional a quienes le ofrecían una casa sin necesidad de pagar dividendo gracias a un patrocinio del Serviu que ellos mismos gestionaban. 

Así, para acceder al subsidio, sólo pedían que no vendieran ni arrendaran la propiedad durante cinco años y la apertura de una libreta de ahorro en que debían depositar un monto coincidente con la casa a la que postulaban. Además, pedían un cobro extra por la gestión que debía ser en efectivo, cheque o depósito.

De este modo, se apropiaron de los montos que las víctimas entregaron para reserva y gestión en montos que oscilaban entre los $200.000 y los $3.900.000, totalizando un perjuicio total de $22.250.000 contra 37 víctimas. 

Para dar confianza, los condenados decían ser funcionarios públicos y tener influencias dentro del organismo, pero solo Zamora Soto era funcionario municipal, aunque sin relación con el Departamento de Vivienda municipal.

Bajo este esquema, los condenados organizaron reuniones a las que incluso asistían con logos municipales y mencionaban a otros funcionarios que sí trabajaban en el Serviu para transmitir confianza. Asimismo, llevaron a las víctimas a visitar viviendas y conjuntos habitacionales en construcción en el que incluso les permitían escoger una casa. 

Pero dicha gestión nunca se realizó y las solicitudes nunca se cursaron. De este modo, se apropiaron de los montos que las víctimas entregaron para reserva y gestión en montos que oscilaban entre los $200.000 y los $3.900.000, totalizando un perjuicio total de $22.250.000 contra 37 víctimas. 

Con todo, los cuatro fueron condenados a una pena de tres años de presidio menor en su grado medio, la que fue conmutada a remisión condicional sujeta al control de asistencia en un centro de reinserción social por tres años, así como la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de tres unidades tributarias mensuales cada uno.