El pasado martes 4 de enero el pleno del Tribunal Constitucional acogió a tramitación tres reclamos de aseguradoras de rentas vitalicias por el tercer retiro de fondos provisionales y rechazó otras tres, pese a que, en esencia, los seis reclamos eran idénticos.

En voto dividido de 5 contra 5 (en caso de empates entre los diez miembros del tribunal no se acogen tramitaciones), el pleno rechazó dos peticiones de Renta Nacional, perteneciente al grupo de Francisco Javier Errázuriz, y uno de 4 Life Seguros de Vida del grupo Dercorp, controlado por la familia Del Río.

En cambio, por seis votos contra cuatro, sí aceptó ver los reclamos de Bice Vida, del Grupo Matte, y dos de Penta Vida, del consorcio controlado por Carlos Alberto “Choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín.

En 2013 Letelier le pidió a Délano aportes para la campaña de primarias presidenciales de Pablo Longeuira. También estuvo involucrado en otras aristas del financiamiento ilegal de la política.

Las aseguradoras recurrieron al Tribunal Constitucional en abril del año pasado nada más promulgarse el tercer retiro de los fondos de pensiones que, a diferencia de los dos retiros anteriores, incorporó a los casi 700 mil pensionados vía rentas vitalicias. Hasta fines de diciembre, las aseguradoras habían pagado poco más de US$ 1.100 millones en retiros o adelantos previsionales.

Desde que se dio a conocer la decisión del TC han aumentando las suspicacias por los votos de dos ministros en particular. Se trata de Cristián Letelier (UDI) y Nelson Pozo (ex militante del PS).

El caso de Letelier, aseguran varias fuentes, es especialmente delicado ya que debió haberse inhabilitado en los casos de las compañías de seguro del Grupo Penta. Cuando fue diputado por el Distrito 31 la Región Metropolitana, cargo que asumió a inicios de 2011 en reemplazo de Gonzalo Uriarte y que ejerció hasta 2014, Letelier personalmente le escribió al Choclo Délano pidiendo platas políticas, según reveló el diario La Tercera a inicios de 2015.

En el correo electrónico, fechado el 7 de junio de 2013 en la recta final de la primaria presidencial de la derecha que enfrentaba a Pablo Longueira con Andrés Allamand, el entonces diputado y hoy ministro del TC escribió:

“Apreciado Carlos Alberto. En períodos difíciles mis amigos han recurrido a mí para defenderlos en tribunales. Ahora que la UDI me ha puesto en la situación de ser diputado, como siempre he defendido con vehemencia nuestros principios, pero veo que los recursos siempre son muy escasos, por eso me atrevo a pedirte me ayudes a enfrentar este momento y sacar adelante en mi distrito la campaña de Pablo Longueira. Toda la ayuda se agradece. En la confianza de nuestra amistad. Un abrazo. Cristián”.

Pozo fue el único de los 10 ministros que dividió sus dictámenes, dando así los votos clave para que las compañías de seguros del Grupo Bice y Grupo Penta pudieran seguir adelante.

Letelier también estuvo involucrado en otras aristas del financiamiento ilegal de la política. En un reportaje de Ciper de diciembre de 2020 titulado “La lista que el mundo político quería enterrar: los involucrados en platas ilegales que figuran en los Tribunales Tributarios”, se revela que Cristián Letelier recibió en 2009 un pago de 5,5 millones de pesos del Grupo Said. Ese año el abogado se postuló sin éxito al Senado por Atacama. Y en 2011, siendo ya diputado, recibió 22,2 millones de pesos del Grupo Copec, de la familia Angelini.

Según una fuente que estuvo al tanto de la votación en el TC, el ministro Letelier en ningún momento recordó este historial ni pensó en abstenerse a la hora de votar a favor de acoger los reclamos de la aseguradora del Grupo Penta. Tampoco el presidente del tribunal, Juan José Romero, levantó alguna duda al respecto. De todos modos, los seis votos de Romero fueron de rechazar los reclamos de las aseguradoras.

Un conocedor de los mecanismos de inhabilitación afirma que, desde el punto de vista legal, Letelier no estaba impedido de votar en el caso de las empresas Penta. “Pero es verdad que la distancia que existe entre la ética y la ley no debería ser tan amplia y arbitraria”, dice.

Un ministro dividido

El caso del ministro Nelson Pozo llamó la atención de varios observadores del poder judicial y político. Esto porque, siendo los seis requerimientos muy parecidos, el ministro cercano al Partido Socialista decidió votar en tres casos a favor de acoger los reclamos, y en tres casos en contra. Fue el único que dividió sus dictámenes, dando así los votos clave para que las compañías de seguros del Grupo Bice y Grupo Penta pudieran seguir adelante.

No es la primera vez que Pozo entrega votos favorables a grandes grupos económicos. En 2018 fue clave en el fallo del TC que permitió a Julio Ponce Lerou rebajar la multa de US$ 69,5 millones impuesta por el regulador en caso Cascadas, a sólo US$ 3,2 millones.

Según conocedores de los vericuetos del mundo judicial algunas de sus decisiones también toman en consideración cálculos políticos que pudieran favorecer la aspiración de su pareja, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Soledad Melo, de integrar la Corte Suprema. De hecho, la ministra fue parte de la más reciente quina en noviembre pasado.

Se espera que el TC entregue el fallo sobre los reclamos de las tres aseguradoras hacia fines de este mes o a inicios de marzo.