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Martes, 27 de octubre de 2020
Golpe a los derechos reproductivos

Trump prohíbe informar sobre aborto en clínicas financiadas por Estado

Lissette Fossa

La Casa Blanca se opone a la entrega de información sobre este tipo de intervención en recintos de salud, incluso en casos donde el Estado los paga, como cuando se trata de violación, incesto y riesgo de vida de la madre. Mientras los conservadores celebran la medida, organizaciones de control reproductivo anuncian acciones legales para impedir su ejecución.

Como una decisión ideológica calificaron las organizaciones de planificación reproductiva la medida del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir que las clínicas con financiamiento público puedan informar sobre el aborto como opción ante un embarazo indeseado. El mandato ya fue comunicado a los recintos de salud y comenzará a regir esta semana.

La nueva regulación fue aclamada por grupos conservadores y religiosos. "Poner fin a la conexión entre el aborto y la planificación familiar es una victoria para la atención médica con sentido común", afirmó en un comunicado Kristan Hawkins, presidente de la agrupación Estudiantes por la Vida.

La medida viene a rescatar una iniciativa del gobierno de Ronald Reagan, que fue aprobada en la década del 80 por la Corte Suprema de Estados Unidos, pero que nunca se ejecutó.

La prohibición de entregar información sobre el aborto es parte de un paquete de medidas conservadoras de Trump. Otras regulaciones, que esperan aprobación en tribunales, permitirían una objeción de conciencia más amplia al equipo médico y a clínicas, que les daría la opción de no ofrecer ningún tipo de método anticonceptivo que ofenda sus creencias religiosas o morales.

El aborto es un procedimiento médico legal en Estados Unidos, pero las leyes federales prohíben el uso de fondos de los contribuyentes para pagar los abortos, excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la mujer. Actualmente, las clínicas reproductivas con financiamiento estatal ofrecen diversas prestaciones y anticonceptivos con fondos públicos, a excepción del aborto, que es pagado por la paciente. Aunque sigue siendo un tema de debate político, las cifras de aborto en ese país han bajado progresivamente, pasando de ejecutarse en 29 de cada 1.000 mujeres en promedio en 1980, a 15 de cada 1.000 en 2014. 

Organizaciones de médicos y Planned Parenthood (paternidad planificada), la principal prestadora de métodos anticonceptivos y abortos en Estados Unidos, anunciaron que tomarán medidas legales para que esta medida de Trump no se haga efectiva. "No dejaremos de luchar por todos aquellos en todo el país que necesitan cuidados esenciales", dijo Leana Wen, ex presidenta de Planned Parenthood.

La Asociación Médica Americana se encuentra entre los grupos profesionales que se oponen a la nueva medida. Afirman que las más perjudicadas con esta decisión serán las mujeres de bajos ingresos, que no estarían informadas sobre todas las opciones para el control de la natalidad, y podrían incluso verse afectadas frente a la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

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