Han pasado 9 años desde que el entonces teniente de Carabineros Aldo Valenzuela Perroni, violó y abusó a más de una decena de alumnos de la Escuela de Caballería institucional, caso tramitado por la cuestionada Justicia Militar.

En la judicatura castrense, Valenzuela Perroni fue sometido a proceso en diciembre de 2021 y desde esa fecha (seis años más tarde) se encuentra en prisión preventiva.

Sin embargo, recién fue acusado durante enero de 2023. En el dictamen, el fiscal militar solicitó 15 años de presidio por la conducta sexual delictiva, que cometió solo en contra de personas de sexo masculino.

Las víctimas tenían el sueño de ser carabineros, pero todos abandonaron la institución por las secuelas sicológicas que les provocó vivir esa oscura experiencia.

Lo llamativo es que desde 2023, la causa se encuentra en manos del juez militar de Santiago -un general de brigada que no es abogado- quien pese al tiempo transcurrido, no ha dictado el fallo de primera instancia, sin explicación alguna por la demora.

El abogado de las víctimas, Ciro Saez del estudio VLC, relató a Interferencia que espera que el juez militar aumente la sanción penal a 18 años de presidio, a diferencia de la propuesta por el fiscal castrense.

“No cabe duda que esto es un hecho gravísimo. Las víctimas (...) han tenido momentos muy aciagos, muy terribles. Muchos de ellos han atentado contra su vida producto de todo este tremendo dolor que les ha ocasionado este señor Valenzuela Perroni”, aseguró.

Y añadió: “Por ello estamos solicitando 18 años por la violación reiterada de sus alumnos por la calidad que él tenía de profesor de una asignatura y también por ser su instructor, que al ser una agravante muy calificada (...) sube en un grado la pena y por ello estimamos que no puede ser inferior a los 18 años,  que es lo que se merece esta persona”.

La decisión que adopte el juez militar puede ser recurrida a la Corte Marcial y la Corte Suprema, lo que retardará aún más la búsqueda de justicia de los afectados.   

Frases negras

Los hechos materia de la investigación, ocurrieron desde agosto 2015 en la Escuela de Caballería de la Institución, donde el teniente e instructor Aldo Ruben Valenzuela Perroni, aprovechando su jerarquía, violaba y abusaba de los subordinados en su oficina.

Frases como "Se nota que me tienes miedo y me gusta saber que me tienes miedo (..) “Es mejor quedarse con la culpa que con las ganas”  y “andai con puras mariconadas”, conformaban parte del asedio y que las víctimas revelaron a la justicia.

En la acusación se describen pasajes macabros de lo vivido por un aspirante a Carabineros, cuando se encontraba de guardia. Esa noche, Valenzuela Perroni le ordenó que lo acompañara”.

“El oficial instructor lo lanzó al suelo, produciéndose un forcejeo, logrando bajarle el pantalón al alumno (...) y mientras lo  mantenía inmovilizado con una llave de retención, sacó su  para (...) de la víctima, instantes en que este comenzó a llorar (...) por el dolor y la situación (...) y a la fuerza (,,,) obligándolo a tener (...), hasta que (...) de la víctima, dejándolo tirado y llorando en el lugar”, detalla la acusación.

“¡Ojalá que hablí poh! (...) ¿quién le creería a alguien como tú?", solía decir para evitar que denunciaran lo ocurrido.

Varias de las víctimas demandaron al Estado y ganaron. En uno de los fallos, dictado por la jueza titular del 12º Juzgado Civil de Santiago, se lee la descripción de uno de los aspirantes atacado sexualmente:

“Aduce que, este profundo dolor le perseguiría hasta el día de hoy y le resultaría imposible describirlo porque lo afectaría en lo más profundo de su alma. Señala que, habría colocado en duda su identidad sexual frente a los miembros de Carabineros, teniendo en cuenta que se trata de una institución que, en el fondo, ensalza los valores masculinos de la sexualidad”, detalla la resolución.

El absurdo

La demora en la tramitación de la causa, trae a colación las declaraciones de diversos parlamentarios que pidieron reponer que tanto funcionarios de Carabineros y militares sean juzgados en fuero castrense en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior ocurrió a partir de una indicación presentada en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad cuando se discutían las Reglas del Uso de la Fuerza en la Cámara de Diputados.

Los peticionarios fueron los diputados Andrés Jouannet (AMA), Ximena Ossandón (RN), Camila Flores (RN), Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Diego Schalper (RN).

Al momento de votar hubo 14 votos a favor y 12 preferencias en contra. Sin embargo, al llegar al Pleno de la Corporación, la indicación fue rechazada.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la decisión parlamentaria

“Los juzgados militares en las democracias maduras no se hacen cargo de temáticas en tiempos de paz que involucren civiles. Los juzgados militares no están concebidos para eso y Chile dio un debate larguísimo, de décadas, para sacarlos de esa competencia. Volver atrás en esa materia es algo que ninguna de las voces expertas que se escucharon en el trámite de este proyecto planteó”, recalcó Tohá.

Actualmente, los civiles no pueden ser sancionados en la órbita castrense. De hecho, cuando un uniformado comete un delito fuera de sus funciones, los juzga la justicia criminal ordinaria. Solo un ejemplo de ello es el llamado “pacogate”, donde un grupo de Carabineros provocó una pérdida fiscal superior a los $30 mil millones. Algunos de ellos fueron condenados por un tribunal oral en lo penal.