El pasado lunes, el pleno de la Corte Suprema decidió la composición de la quina de candidatos de los cuales el presidente Gabriel Boric tendrá que elegir al Fiscal Nacional que suceda al saliente Jorge Abbott Charme, con acuerdo del Senado.

Ángel Valencia Vásquez es uno de ellos. El abogado penalista de la Universidad de Chile ya tuvo un paso por el Ministerio Público, cuando entre 2002 y 2006 fue fiscal adjunto, sin embargo, distintas notas de prensa han destacado el rol que le ha tocado como abogado de importantes políticos de la escena nacional, y también su rol como abogado defensor y albacea del polémico economista condenado por estafa, Rafael Garay. 

En efecto, Valencia ha sido abogado de Heraldo Muñoz (PPD), Carolina Tohá (PPD) -en distintas causas- y también de Mario Desbordes (RN), con lo cual sus cercanos destacan la transversalidad política de sus clientes. Sin embargo, hay otros clientes que Valencia ha tenido, como penalista de larga trayectoria, que no han sido recordados recientemente. 

Así sucede con la arista del Caso SQM, sobre financiamiento irregular de la política, que afectó a Sebastián Piñera en el año 2017, cuando se conoció que la productora Pandemia Producciones Limitada, de la periodista María Inés Alliende, emitió una boleta para cubrir el costo de un servicio que dicha productora prestó a la campaña presidencial de Piñera en 2009.

Alliende declaró ante las fiscales del caso SQM, Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione el 7 de agosto de 2017, cuando señaló que “nosotros como productora hicimos algunas actividades para el candidato presidencial Sebastián Piñera, tanto para la campaña entre la primera y la segunda vuelta de fines del año 2009 y principios de 2010, como para algunas actividades del cambio de mando (...) Mi marido sugería y coordinaba los proveedores y uno de esos proveedores fue Pandemia, quien prestó servicios para la segunda vuelta y se nos pagó con esta factura y con otras que posteriormente emitimos a la Presidencia”, señaló Alliende en su declaración, tal como publicó La Tercera. 

Uno de los casos más bullados en los que trabajó Ángel Valencia junto a Juan Domingo Acosta fue el de la colusión de las farmacias, cuando asumieron la defensa de Cruz Verde. 

Ángel Valencia asumió la defensa de Alliende en ese momento, declarando a la prensa que "la señora Alliende no ha cometido ningún delito y los hechos que se le atribuyen eventualmente estarían prescritos, en el caso de que fueran delito (...) vamos a seguir colaborando con la Fiscalía y solicitamos que la Fiscalía reciba su declaración complementaria para aclarar algunos puntos de lo que ella prestó", tal como dio a conocer Cooperativa.

Los vínculos con el piñerismo no quedan ahí. Valencia trabajó en la firma de abogados Espina, Zepeda y Acosta, liderada por el ex ministro de Defensa de Sebastián Piñera, Alberto Espina. La relación laboral entre Ángel Valencia se prolongó en el tiempo principalmente de la mano de Juan Domingo Acosta, abogado penalista favorito de Sebastián Piñera, considerando que lo defendió en el Caso Exalmar, en 2017, y, también en 2007, en el caso de uso de información privilegiada que recayó sobre Piñera como director de LAN Airlines.

Además, en diciembre de 2019, Acosta representó a Piñera ante los parlamentarios que iniciaron una acusación constitucional contra el ex presidente por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Valencia ha trabajado como abogado en numerosos casos liderados por Acosta. Uno de éstos fue el de la colusión de las farmacias, cuando asumieron la defensa de Cruz Verde. 

En junio de 2009 Juan Domingo Acosta, Carlos Zepeda y Ángel Valencia, se integraron a la defensa de la farmacia Cruz Verde, que tenía a sus ejecutivos Ricardo Valdivia y Cristián Catalán en el banco de acusados por uno de los casos más importantes sobre delitos económicos de los últimos años en Chile.

valencia_defendio_a_cruz_verde_en_caso_colusiones.png

Valencia defendió a Cruz Verde en caso colusiones.

No obstante, Valencia no llegaría a ver el final del juicio, que concluyó en 2013 con multas millonarias y clases de ética empresarial para los condenados, pues tras su salida del bufete de Acosta dejó también la representación de Cruz Verde en mayo de 2011.

Defensa del Negro Piñera 

Otro de los casos mediáticos llevados por Valencia fue la representación legal que hizo de Miguel “Negro” Piñera, en el polémico caso de un accidente automovilístico

El 3 de octubre de 2009 Miguel Piñera chocó su Hummer H3 contra el Austin Mini de la ingeniera María Fernanda Köning. El hermano del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, conducía en estado de ebriedad. Tras el choque huyó sin prestar ayuda a la joven y se internó en la Clínica Las Condes. En ese momento la clínica era dirigida por aime Mañalich, futuro ministro de Salud de Piñera. El recinto hospitalario no le realizó la alcoholemia al hermano cantante del futuro Presidente sino hasta 13 horas después. Mañalich tuvo que prestar una declaración judicial con posterioridad.

Ante el Séptimo Juzgado de Garantía, el “Negro” Piñera fue representado por Ángel Valencia, logrando un acuerdo con la víctima, en agosto de 2010, que constó de tres pagos por $2 millones de pesos cada uno. Esto, además de 50 horas de trabajo comunitario que, según declaró el abogado a la prensa, constaron de charlas motivacionales en colegios o sedes sociales afectadas por el terremoto de 2010.

“Ángel ha tenido mil clientes probablemente, y es de los mejores penalistas en el país, así que es verdad que cien de esos casos podrían ser bullados”, señaló a nuestro medio alguien que conoce su trayectoria.

Según cercanos a Ángel Valencia, “Miguel Piñera llegó a la oficina de Juan Domingo Acosta, y Ángel fue asignado como abogado del caso”.

Rebaja de penas a traficantes de armas

En 2009, Valencia se hizo parte como abogado recurrente de un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema por siete militares y dos civiles que buscaba anular el histórico fallo de la Corte Marcial contra los responsables del tráfico de armas del Ejército chileno a Croacia durante la guerra de los Balcanes en 1991. El recurso prosperó en 2012, cuando la Suprema redujo las penas y permitió a los condenados libertad vigilada.

Cabe recordar que el caso de tráfico de armas se destapó cuando autoridades húngaras interceptaron 36 cajas provenientes de Chile bajo el rótulo “ayuda humanitaria a Sri Lanka”. El cargamento -de unas 11 toneladas- en realidad tenía como destino Croacia, que por esos días vivía el comienzo de la guerra de los Balcanes, y llevaba en su interior fusiles, granadas, munición y cohetes antitanque valorados en más de $200 mil dólares.

El caso en seguida fue catalogado como tráfico de armas y significó un conflicto diplomático para Chile, pues las Nacionales Unidas había decretado un embargo a la compra de armas en la guerra en Yugoslavia. La investigación judicial comenzó en diciembre de 1991 y finalizó con el recurso de casación en la Corte Suprema en el que participó como recurrente Valencia.

Defensa de políticos

Si bien los nexos de Valencia con el piñerismo parecen bien aceitados, lo cierto es que el candidato a Fiscal Nacional también ha defendido y asesorado a múltiples políticos y personeros de la ex Concertación. 

Valencia también figura en los registros del Poder Judicial correspondientes al Caso Corpesca. Lo hizo en defensa del ex colaborador y asesor del entonces diputado Felipe Harboe, Raúl Arrieta, cuya empresa Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada emitió una boleta por $12 millones a la empresa del grupo Angelini.

Tal como señala una publicación de La Tercera “en la denominada causa Publicam en que a fines de 2006 la Fiscalía investigó un escándalo por el desvío de fondos en rendimientos de gastos electorales de algunos políticos y se presentaron querellas contra algunos militantes del PPD, el abogado Valencia aparece con patrocinio y poder representando a la actual ministra del Interior Carolina Tohá. Desde el entorno del defensor no desconocen el vínculo, aunque aclaran que ahí el titular de esa causa era Juan Domingo Acosta con quien eran socios en esa época”. 

La misma publicación señala un dato que ya había sido publicado: que Valencia asumió la defensa de Mario Desbordes (RN) para defenderlo en una querella interpuesta en su contra por víctimas de trauma ocular en el contexto del estallido social. Además, en 2021 “también asumió la representación del otrora canciller y ex timonel del PPD, Heraldo Muñoz, quien se querelló contra el periodista Casto Ocando, quien lo acusó -al igual que a Desbordes- de tener cuentas bancarias ocultas en el extranjero. Un caso que se trató finalmente sobre la difusión de fake news”, señala la publicación.

Un dato menos conocido, es que Valencia también figura en los registros del Poder Judicial correspondientes al caso Corpesca. Lo hizo en defensa del ex colaborador y asesor del entonces diputado Felipe Harboe, Raúl Arrieta, cuya empresa Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada emitió una boleta por $12 millones a la empresa del grupo Angelini. En el marco de este caso, el departamento de Delitos Tributarios del Servicio de Impuestos Internos lo citó a declarar. 

Cabe señalar que en el marco de su campaña senatorial, Felipe Harboe arrendó a Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada tres sedes, por un total de $8.799.999. Desde el entorno de Valencia señalan que Arrieta fue sobreseído, y además Harboe ha declarado a la prensa que ese caso se trató de un montaje político en su contra. 

“Ángel ha tenido mil clientes probablemente, y es de los mejores penalistas en el país, así que es verdad que cien de esos casos podrían ser bullados, pero es porque es un muy buen abogado también”, señaló a nuestro medio alguien que conoce su trayectoria. “Es uno de los mejores litigantes en Chile, por lo que no es extraño que muchas personas consulten y contraten sus servicios cuando deben presentar acciones judiciales o ser representados ante los tribunales ante un problema complejo”, señaló la misma fuente a este medio.

Con todo, Ángel Valencia también tiene una larga trayectoria académica y experta. Participó en el diseño y la implementación de la Reforma Procesal Penal, siendo subjefe de la Unidad Coordinadora de la Reforma del Ministerio de Justicia, entonces encabezado por Soledad Alvear.

Además, ha realizado asesorías a las fiscalías nacionales de Paraguay y México y ha dado clases y charlas en el Proyecto Acceso de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en San Diego. Según varias fuentes, Valencia no sólo es un abogado capacitador internacional en materia de investigaciones complejas y de criminalidad organizada, sino que también tiene buena llegada en las bases del Ministerio Público.

También fue abogado del ex General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, y cuenta con el respaldo político del ex candidato presidencial Mario Desbordes (RN).