SQM
La opacidad en torno al informe de Morgan Stanley, cuyos fundamentos y proyecciones permanecen confidenciales, impide la evaluación independiente y rigurosa del acuerdo. La falta de acceso a información clave, como las estimaciones de precios y escenarios de demanda, imposibilita la verificación de los supuestos sobre los que se sustenta la rentabilidad estatal y la magnitud de eventuales pérdidas fiscales superiores a US$ 11.000 millones.
La fiscal que persigue a Daniel Jadue en el caso de farmacias populares, Giovanna Herrera Andreucci, es concuñada del fundador y representante legal de la cadena de farmacias Fracción, Javier Vega Sepúlveda. Esta relación, que podría significar un conflicto de intereses, no está incluida dentro de las declaraciones de intereses y patrimonio que presentó la fiscal ante la Contraloría General de la República.
La solicitud se ampara en "las medidas que se han adoptado para garantizar la implementación de los protocolos de género y la debida protección de los derechos de las mujeres dentro de la institución". Orsini, siendo voluntaria de Bomberos, denunció acoso sexual y violaciones en la institución en 2022. En junio de 2023. la institución la sancionó por no registrar asistencias en 90 días seguidos.
La destrucción del bosque nativo por los incendios, el rechazo a la creación de dos Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) y el hundimiento en el Salar de Atacama donde operan las faenas de SQM y Albemarle, son algunos de los reportajes vinculados a la minería y a los océanos que marcaron la cobertura ambiental este año.
Fundación Terram dio a conocer dos estudios que analizan en detalle la industria del litio en Chile. Uno de ellos diagnostica la corrupción dentro de las etapas de la cadena de valor del sector litífero, identificando en la “Decisión de extraer, licitar y contratar” y en la “Recaudación de ingresos” la mayor cantidad de hallazgos. En total, se encontraron seis riesgos de corrupción, identificando espacios de "Captura del Estado" y "Captura Política" por parte de integrantes de la industria.
La empresa china, dueña del 22,16% de las acciones de SQM, ha insistido en reservas más bien formales a la alianza entre la estatal y la privada. Sin embargo, conocedores de la industria y los propios mercados -que han castigado el precio de sus acciones- apuntan a que se trataría más bien de una ‘pataleta’ para lograr influencia en el futuro directorio de la compañía minera.
Respecto al CAE, el Gobierno insistió que el proyecto será presentado en septiembre pese a que ha sido un tópico recurrente de las cuentas anteriores. Uno de los puntos fuertes es el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del litio, pero marcado por la influencia y participación que podría tener Julio Ponce Lerou y su familia en la alianza.
En 2022, la justicia ordenó a Francisco Javier Errázuriz Ovalle que se retirara del terreno privado de otra minera en Pozo Almonte, el que explotó por casi tres décadas. Sin embargo, sólo trasladó la planta 150 metros hacia terrenos fiscales donde hoy opera sin contar con permisos sectoriales y con una orden de desalojo pendiente. La SMA está analizando una eventual sanción.
En medio de otros cuestionamientos por el rol que cumplió la empresa privada en casos de financiamiento ilegal a la política y las declaraciones de comunidades indígenas que acusan que el acuerdo fue a sus espaldas, Interferencia accedió a una minuta de analistas del sector privado que apuntan al bajo costo que pagará Soquimich comparado con lo que se ha ofertado por otros salares en el mundo, la decisión del Estado de negociar bilateralmente y el aumento de cuota para SQM, además de renovar el contrato por los próximos 37 años.
Durante la reunión entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos se reconocen facturas falsas, palos blancos en sociedades y proponen hacer una “cucha” con empresarios para que al SII “le llueva”. Incluso Sauer habla de pagar coimas “como lo hemos hecho siempre”.
En 2022 la minera gastó US$ 5,7 millones en ‘publicidad y mercadotecnia’, más que duplicando los US$ 2,4 millones de 2021. El gasto hasta ahora en 2023 proyecta una cifra anual récord. La empresa busca ligarse a la ‘sustentabilidad’ y ‘desarrollo humano’, poniendo énfasis también en su aporte fiscal.
El litio, considerado un material estratégico para la producción de tecnologías verdes, se está convirtiendo en la gran estrella de la minería en Chile. De hecho, gracias a su alto precio, el gobierno consiguió, tras una década, volver al superávit fiscal. El salar de Maricunga —la segunda reserva de litio más grande del país, pero aún virgen de explotaciones mineras— está en la mira de la industria minera. Mientras tres empresas se disputan el derecho a explotar el mineral, la comunidad indígena colla Pai Ote intenta proteger su territorio ancestral.
Para las 15:00 horas de este miércoles está citado Mario Marcel a la Comisión de Hacienda de la Cámara, luego de que la sesión secreta con el SII el pasado 31 de mayo, fuera cancelada por la ausencia del director del servicio, Hernán Frigolett. En tanto, un oficio ordenado por la presidenta de la Comisión, Gael Yeomans, en que solicita información fiscal a Albemarle y SQM, solo ha sido respondido por la compañía chilena.
El director del Servicio de Impuestos Internos se excusó de asistir pues debe dar su cuenta pública anual, y envió al jefe de estudios económicos. Parlamentarios explican a Interferencia que la cita sirve para comprender mejor el potencial tributario del litio.
En medio de cuestionamientos cruzados por el rol de la estatal en la Estrategia Nacional del Litio, Interferencia revisó las principales compañías en las que la minera actualmente es socia o participa y que, en cierto modo, son el aval de su relación con privados.
La estrategia nacional del litio anunciada por Boric tiene el mérito de volver a discutir el modelo de desarrollo, el gran tabú de los treinta años. De ahí a que se abra una nueva era de industrialización es otra cosa.
La presentación de la Política Nacional del Litio ha vuelto a poner en el centro del debate el rol de las empresas públicas. Hasta ahora la discusión ha estado dominada por prejuicios, interpretaciones y el desconocimiento del aporte que este tipo de empresas ha hecho al desarrollo económico de Chile.
Para el autor de esta columna, la vieja táctica de juntar y procesar a culpables con quienes no lo son, genera que las personas juzguen antes de tiempo. Un ejemplo es el caso de Marco Enríquez-Ominami y el trato que le ha dado a la fiscalía y los medios a un caso que tiene pocas o casi nada de pruebas.
Según Negocios&Política, “en 2014, Enríquez Ominami era el político con mejor imagen del país, y firme candidato a suceder a Bachelet. Eso bastó para que se desatara en su contra una persecución judicial que repite varios de los mecanismos aplicados en la región”, comparando lo ocurrido con Lula en Brasil.
Tras un paso por el Ministerio Público hace más de 10 años, el abogado ha participado en la defensa de Cruz Verde en el caso colusión de farmacias, defendió a un colaborador de Felipe Harboe en el caso Corpesca y a un imputado en el caso de tráfico de armas a Croacia.
En los años 80, tras una convulsionada historia, el salitre y sus derivados quedaron en manos del yerno del general Augusto Pinochet.
Las gigantes energéticas AES, Enel, Engie, entre otras empresas, son consideradas por el Estado para desarrollar proyectos de hidrógeno verde en Chile. Algunas ya están siendo subvencionadas por el fisco, mientras tanto se les unen viejos conocidos: Luksic, Matte, Von Appen, Angelini y Pérez Cruz
Se trata de una licitación para el desarrollo del proyecto Hidrógeno Verde Bahía Quintero. El dinero proviene íntegramente de SQM a través de una cláusula del contrato de arrendamiento para la explotación del Salar de Atacama modificada en 2020, condición con la que la empresa de litio pudo visar a las licitantes.
INTERFERENCIA conversó con Marcel Dieder, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.
Pretendieron incursionar en la institucionalidad, incluso antes de refundarla, saltándose los mecanismos básicos de la representación democrática, es decir, organizaciones reguladas, transparentes, con sistemas de rendición de cuenta y con democracia interna. Enjuiciaron a los partidos, pero aplicaron estándares aún mas bajos para sí mismos.
Esta semana fue noticia otra muestra más de la impunidad del financiamiento ilegal de la política, cuando la Fiscalía decidió no perseverar la investigación contra 34 políticos investigados. Como quedan algunas semanas para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, la pregunta que ronda en el ambiente es ¿con quién aparecerán en la foto los involucrados en los múltiples casos de financiamiento irregular?
El cientista político Sebastián Gallardo (UDI) asumirá el cargo. Fue investigado por una boleta de $5 millones emitida por la minera Soquimich, procedimiento para el que se decretó suspensión condicional. Consultado por los servicios que supuestamente prestó a a la minera, Gallardo se limitó a indicar que el caso “fue resuelto, no quedando nada más por investigar”.
La camioneta Mahindra en que se movilizaban pertenece a la sociedad Agrícola Ganadera Santa Bárbara Limitada, la cual estaría constituida por la hija del director de SQM, Hernán Büchi, como también por el brazo derecho de Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon.
Un desarrollo anclado a lo extractivo, falta de incentivos para potenciar valor agregado e innovación, y ausencia de una política estatal clara respecto a qué hacer con el mineral, son algunas de las observaciones que se le hacen al modelo chileno. Esto como marco de un arbitraje por no pago de comisiones a Corfo por parte de Albemarle, una de las empresas extranjeras que explota el litio en Chile.
La polémica partida del connotado abogado de la firma Guerrero Olivos y su aterrizaje en el estudio español Cuatrecasas ha quebrado confianzas. Algunos de sus ex socios incluso evalúan acciones legales en su contra.
