El martes 9 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo presentado por un grupo de ciudadanos colombianos contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La acción judicial se originó luego de que el gobierno, en el marco de la realización de vuelos humanitarios gratuitos a Colombia, exigiera una declaración jurada que incluía el compromiso de no volver a Chile dentro de 9 años, quedando sujetos a la prohibición de ingreso al país.

El fallo del tribunal deja sin efecto el documento exigido por el Departamento de Extranjería y Migración a los colombianos.

El primer vuelo del Plan humanitario de regreso ordenado al país de origen, que debía dejar Pudahuel el mismo 9 de junio, fue cancelado antes del fallo de la Corte, sin que exista al cierre de esta edición una fecha tentativa para retomar el programa.

Mientras tanto, más de 200 personas – incluyendo niños y ancianos – alojan en carpas en avenida Andrés Bello, en condiciones críticas tanto para afrontar la pandemia como para resistir el frío. Estas personas se acogieron al plan pese a la prohibición de regreso, en su desesperación por volver a Colombia, donde al menos tienen redes sociales que los acojan.

Sergio Murcia, uno de los encargados de la organización en el improvisado campamento, aseguró a INTERFERENCIA que no ha habido acercamientos por parte de las autoridades chilenas luego de que se cancelara el vuelo agendado para este martes.

Además, Murcia explicó que se están sosteniendo conversaciones con la aerolínea Avianca para un posible vuelo el día 17 del presente mes, el cual tendrá un costo diferenciado para los pasajeros, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno.

Hasta el cierre de esta edición, no fue posible esclarecer si esta iniciativa con la aerolínea Avianca forma parte de una estrategia del Consulado de Colombia en Santiago, el que, según Murcia, tampoco se ha contactado directamente con los colombianos alojados en carpas.

Lo que sí es posible afirmar es que este vuelo de Avianca no es una iniciativa perteneciente al Plan humanitario de regreso ordenado al país de origen del gobierno, plan que parece haber muerto con el fallo de la Corte de Apelaciones.