La adjudicación anticipada en la licitación del Litio demostró la opacidad de este negocio y evidenció la escasa vocación de presión política de sus detractores. El Ministerio de Minería desarrolló una licitación de una legalidad discutible, pero de evidente indecencia. Un proceso abiertamente contrario a la recomendación técnica de vincular las industrias extractivas a la investigación y desarrollo. Y si bien no era fácil detener la licitación, lo que finalmente sí hizo la Corte de Apelaciones de Atacama, se habría esperado del equipo del gobierno entrante, y de las coaliciones que lo respaldan, una defensa más vehemente y convocante para proteger el interés general de la Nación.

La política nacional del Litio tiene avances de larga data. La más reciente fue diseñada por una Comisión que se creó en junio de 2014, con integrantes del sector público y privado, científicos, economistas e invitados permanentes de los pueblos originarios atacameños y de los trabajadores del sector, cuyo informe incluye estrategias de desarrollo económico y productivo, marco jurídico, recomendaciones sobre regalías, rentas y desafíos ambientales. La reciente licitación acelerada de Litio no incorporó ni un ápice de aquel esfuerzo transversal; pero al menos dejó importantes lecciones políticas sobre la forma de enfrentar una decisión contraria a los intereses de la ciudadanía, a la mayoría de la Convención Constitucional y al programa del Presidente electo.

Uno de los aprendizajes será conservar el vínculo entre el futuro gobierno y su base ciudadana. ¿Por qué han quedado tantas dudas acerca de la conducta del equipo de Gabriel Boric y la fuerza de sus reales exigencias a la administración saliente?

A los recién casados no es necesario explicarles que deben aprovechar su luna de miel, porque el amor y la pasión logran allí su cúspide, mientras se disfruta del compromiso consolidado. Ganar una elección presidencial, especialmente si el triunfo se logra por una amplia mayoría, reproduce un romance e ilusión similar al de una luna de miel. El nuevo Mandatario es más querido que nunca. Primero, porque aun no sufre el desgaste de priorizar necesidades con recursos escasos y; segundo, porque mientras arma su gabinete todas las fuerzas políticas que lo respaldan están “muy interesadas en seguir lealmente al líder”, especialmente si de eso depende su participación en el nuevo gobierno.

En la licitación del Litio el Presidente electo, o al menos su equipo de asesores, no usó esta fortaleza para convocar a la ciudadanía a una alianza virtuosa con el futuro Gobierno, que intentara defender en conjunto el patrimonio de todos los chilenos.

Las palabras de buena crianza no siempre son un ejercicio de responsabilidad política. En ocasiones entregan señales confusas o pueden mostrar falta de convicción sobre la estrategia que se espera utilizar para viabilizar una agenda transformadora.

Eso le ocurrió al asesor del Gobierno entrante, Diego Pardow, al declarar en televisión una discutible opinión jurídica: “no hemos visto vicios legales(…) y si se adjudica debe respetarse”. Un pragmatismo recargado que también afectó a Willy Kracht, asesor del nuevo Presidente en temas mineros, quien señaló que “ya no es posible cambiar las reglas en ese instrumento, pero sí entendemos que existiría la posibilidad de incorporar alguno de estos elementos en los contratos especiales de operación de litio que se celebren con las empresas que finalmente se adjudiquen esta explotación”. El error de ambos no fue solo de interpretación del derecho, al obviar por ejemplo la incidencia del Convenio 169 de la OIT, sino de minimizar la dimensión ética del proceso. Ambos convirtieron en vocería política la habitual simplicidad del raciocinio tecnocrático. Por eso el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, trató de exculparse, asegurando haber acogido las peticiones del equipo de Boric y declarando que “hemos visto diferencias de opinión entre asesores del Presidente electo y parlamentarios”.

“Uno de los aprendizajes será conservar el vínculo entre el futuro gobierno y su base ciudadana. ¿Por qué han quedado tantas dudas acerca de la conducta del equipo de Gabriel Boric y la fuerza de sus reales exigencias a la administración saliente?”

Así, una administración debilitada como la de Piñera se permitió seguir adelante con su propósito y concedió a privados el derecho de explotar Litio. Un Gobierno agotado, desacreditado y sin respaldo popular se permitió ignorar a su sucesor hasta con desaires.

La intervención postrera del Poder Judicial evitó que se materializara el desaguisado, pero hizo evidente que un modesto Gobernador Regional se atrevió a más que todo el equipo político que rodea al Presidente electo.

Aunque los asesores erróneamente le dijeran a Boric que carecía de herramientas legales para detener el proceso, no es posible que desconozca que él sí disponía, y sigue disponiendo, de un poder político enorme y de una capacidad evidente de empatizar con la ciudadanía. El Poder Judicial salvó la estantería, pero esto no impide hacer la autocritica de por qué mandatarios populares, tanto en este caso como en décadas anteriores, temen convocar al pueblo como un aliado principal para viabilizar sus agendas. Entender que un gobierno transformador necesita esa alianza virtuosa puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de la administración entrante.

La ciudadanía no es una masa irracional, maximalista y desestabilizadora. Muy por el contrario, desde el 2019, exceptuando pequeñas minorías radicalizadas, se ha venido expresando electoralmente en opciones políticas viables y desde 2011 también se ha movilizado masivamente cuando alcanza la convicción de estar frente a una causa justa, como las pensiones dignas, la educación gratuita y de calidad, la defensa del medioambiente. El litio era una oportunidad más para que el futuro gobierno coincidiera con la gente de a pie tras una causa común.

¿Que ocurrirá cuando el Senado empatado pretenda bloquear la agenda legislativa del nuevo Gobierno? Es cierto que no se aprobarán normas transformadoras si la gestión política no incluye una estrategia dialogante y una negociación competente. Pero eso será insuficiente, si al mismo tiempo no se asegura un respaldo popular activo a las propuestas y proyectos contenidos en el programa de Gobierno.

Lo que hace que parlamentarios de centroderecha voten un proyecto de cambio al status quo no es la repentina conversión a la “socialdemocracia”, sino la certeza que sufrirán enormes costos con sus propios electores si, por defender el dogma neoliberal, sacrifican el bien común o le niegan derechos a sus partidarios. Esta sensibilidad ante la opinión pública vale tanto para los parlamentarios, como para otras instituciones, y consiente o inconscientemente puede haber incidido también en el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Atacama.

“El poder que no se ejerce se pierde”, es una de las máximas que se atribuye a Maquiavelo. Por eso la tarea de ordenar a los propios no es la meta sino el punto de partida. Si para materializar sus propuestas el futuro gobierno aspira luego a persuadir a sus opositores, tendrá que mostrar primero fortaleza social y política, apelando a una alianza con clara mayoría popular.

Tres años antes de que naciera el Presidente Boric, asumía la Gobernación del Estado de Nueva York el Demócrata Mario M. Cuomo, político de gran trayectoria y orador brillante, que pronunció la conocida aseveración: “se hace campaña en verso pero se gobierna en prosa”. Y fue lírica la la imagen de Gabriel Boric sobre un árbol en el Estrecho de Magallanes y la de Izquia Siches en terreno con su hija en los brazos, y esa poesía también debió haber estado en la interpelación a detener una decisión públicamente impresentable y evidentemente contraria al interés nacional. 

En este 2022 va siendo hora de reinterpretar a Cuomo y entender que una Democracia fuerte, con participación ciudadana y capacidad de transformación se construye ejercitando el poder en versos y en prosa. Especialmente en Chile… un país de poetas.