La escena se repite en Chile cada cuatro años con apenas pequeñas diferencias. Basta que un aspirante a la Presidencia sugiera la idea de una ley de medios para que todos –dueños de diarios, académicos, el Colegio de Periodistas y políticos varios– se pongan su casco y corran hacia la trinchera predeterminada.

Desde uno de los frentes –los defensores de la idea– se lanzan misiles que apelan a la obscena concentración de los medios en Chile, la desigual repartición de la pauta publicitaria del Estado, la ausencia de un sistema de medios públicos y el hecho de que empresarios de cualquier rubro pueden comprar un canal de televisión o un diario y hacer de él un elemento más de propaganda en favor de sus intereses.

El sistema de medios tiene poco de qué enorgullecernos. La estructura oligopólica que rige su propiedad y la inversión publicitaria viene acompañada por una clausura discursiva que recién en los últimos años ha logrado ser penetrada por un puñado de medios independientes.

Desde la trinchera del frente, quienes se oponen a la idea se apuran en responder con un arsenal de argumentos que busca defender la libertad de expresión y de emprendimiento, escupiendo al voleo el Granma cubano, algún discurso de Rafael Correa y el comodín imperdible de Venezuela.

La última escaramuza comenzó hace pocos días, cuando Daniel Jadue dio a conocer su programa de gobierno, en el que incluye, entre otras propuestas, la creación de un sistema de medios públicos, una ley de medios y, eventualmente, un Ministerio de Información. El objetivo, según explica, es garantizar la existencia de “medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad; y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables”.

Como era previsible, la sola insinuación de revisar las concesiones radioeléctricas hizo sonar –una vez más– las alarmas. El Diario Financiero fue el primero en contraatacar en su editorial del 20 de junio. Según el periódico, “cuesta entender que, en la tercera década del siglo XXI y en una democracia sana como la chilena” se propongan este tipo de ideas.

Dos días más tarde, El Mercurio editorializó: “Chile ha sufrido en el pasado importantes limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, y por ello se podría pensar que el país ha superado ya esas etapas de riesgo, pero no parece ser así”. El diario de los Edwards no especificaba si con ello aludía a la dictadura de Augusto Pinochet, periodo en el cual se cerraron decenas de medios y el grupo El Mercurio amplió su hegemonía a todo el territorio nacional.

Un día más tarde, la académica de la Universidad Católica y exdirectora ejecutiva de Canal 13, Eliana Rozas, publicó en La Tercera quizás la columna más matizada de la semana. Tras defender el concepto de “negocio común” y el rol del periodismo en una democracia, afirmó que cualquier regulación a los medios de comunicación no debe constreñir sino incentivarlos, sin que ellos puedan tampoco “pretender para sí una especie de descampado normativo”.

Y es precisamente esa imagen, la de un terreno vacío y libre de reglas, la que mejor describe el escenario en el que se mueven los medios de comunicación chilenos. Más allá de las decisiones que se toman a diario en el seno en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de TV y el Ministerio Secretaría General de Gobierno –por nombrar algunos organismos– lo que prima en Chile son vacíos en una serie de aspectos fundamentales.

¿Es favorable para el “negocio común” que dos familias controlen casi la totalidad de la prensa escrita de un país? ¿Cómo nos aseguramos que el banquero no utiliza su canal de televisión como un mero medio de difusión de sus intereses? ¿Quién controla cómo se adjudican las millonarias pautas publicitarias del Estado? ¿Cómo puede el país favorecer la creación de medios comunitarios que fomenten la rica diversidad de la que tanto nos jactamos en los videos del Sernatur?

¿Es favorable para el “negocio común” que dos familias controlen casi la totalidad de la prensa escrita de un país?

El sistema de medios chilenos tiene poco de qué enorgullecernos. La estructura oligopólica que rige su propiedad y la inversión publicitaria viene acompañada por una clausura discursiva que recién en los últimos años ha logrado ser penetrada por un puñado de medios independientes. Su pronunciada asimetría con la ciudadanía explica, entre otras cosas, por qué tras el estallido de 2019 fueron varios de estos diarios, radios y canales los acusados por la ciudadanía de defender el status quo y la narrativa oficialista.

El fenómeno parece ser advertido por todos, menos por los beneficiarios de este descampado. Hace dos décadas, el estadounidense Ken León-Dermota lo describió con particular agudeza en su libro Chile inédito: el periodismo bajo democracia. En él, y tras una larga investigación y decenas de entrevistas, concluyó que los medios en Chile son “el polo opuesto del periodismo de interés público” y más bien “el bastión del periodismo de interés particular”.

Es eso justamente lo que esconden los editoriales de esta semana: intereses particulares disfrazados de una preocupación por lo público y apologías a la libertad que en el fondo solo buscan mantener granjerías. Los tres párrafos incluidos por Jadue en su programa de gobierno han sido propuestos con anterioridad por otros candidatos presidenciales, parlamentarios y académicos con bastante más nivel de desarrollo y lucidez argumentativa.

El trabajo realizado por el Bloque por el Derecho a la Comunicación, por ejemplo, da cuenta del nivel de consenso y organización en la sociedad civil. Pero como señaló uno de los analistas favoritos de El Mercurio y La Tercera, Sergio Muñoz Riveros. “da la impresión de que Jadue se ha propuesto despertar a todos los fantasmas juntos”.

Una propuesta de este tipo, explica el académico Pedro Santander, generará inevitablemente importantes niveles de resistencia, por cuanto “se trata de cambios legales que buscan modificar la relación entre medios y audiencia así como entre Estados y medios privados”, con efectos pragmáticos y en el campo del poder de enorme alcance.

Desde el ICEI de la Universidad de Chile, Chiara Sáez se muestra reacia a una ley de medios, justamente “por los fantasmas que este concepto genera, no solamente en la derecha, sino en gente que no necesariamente está tan vinculada a este sector político”. Sin bien su visión propone cambios al estado de las cosas, la académica se inclina por procesos de transformación paulatinos. “Hablar de ley de medios es darles en bandeja a aquellos que no quieren transformaciones la construcción ideológica para criticar cualquier cambio que se quiera hacer”, agrega.

Aun así, e independientemente de la forma adoptada, en tiempos en que hasta los precandidatos de derecha defienden una mayor incidencia del Estado en una serie de materias, sería interesante cuestionarse por qué no puede lo público decir presente en un ecosistema en el que solo los privados –entiéndase grandes grupos empresariales– tienen voz.

El país será más grande el día en que nuestros medios sean más diversos. Nuestra democracia será más representativa cuando en las páginas económicas los sindicatos tengan cabida entre los elogiosos perfiles de empresarios. Chile será más justo cuando no nos preocupemos solo por cuántos ciudadanos votan cada cuatro años, sino cuántos tienen derecho a voz todos los días. En definitiva, cuando superemos los miedos hablemos de medios en serio.