El 17 de marzo de 2021, el director de obras municipales de la comuna de Ñuñoa, Patricio Reyes, aprobó un anteproyecto de edificación ubicado en calles Montenegro y Pedro Torres correspondiente a la Inmobiliaria Buenaventura, representada legalmente por Felipe Simonetti y Alberto Alauf. 

Bajo la sociedad Inversiones y Terrenos SpA, constituida en 2018 por Simonetti y Alauf, el proyecto pretendía acogerse a las disposiciones especiales DFL2, de copropiedad inmobiliaria y al artículo artículo 6.1.8. de vivienda económica de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Simonetti es hermano de Rodrigo Simonetti, cuñado de Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura y hoy cuestionado por las revelaciones que indican que habría recibido ilegítimamente dinero en efectivo desde las corporaciones municipales durante su periodo como autoridad edilicia, y quien es socio de la familia de su esposa, María Soledad Simonetti, dada su participación en la sociedad Proyectos SA. (Ver artículo 'El intenso lobby del cuñado de Torrealba por Su Ksa, una de las inmobiliarias del Proyecto Zoccalo de Vitacura' de INTERFERENCIA) 

La normativa de la OGUC a la que pretendía acogerse la iniciativa es especialmente controvertida, puesto que permite que proyectos que entran en categoría de viviendas sociales puedan saltarse los planos reguladores comunales, lo que en la práctica liberaliza la regulación inmobiliaria. En específico, dicho artículo establece que a los conjuntos de viviendas económicas de hasta cuatro pisos de altura sólo les serán aplicables algunas normas de los Instrumentos de Planificación Territorial.

Según explican desde la defensa legal de los vecinos, el informe advierte que el DOM insiste en hacer algo ilegal y que pudo evitarlo pidiendo asesoría jurídica al departamento respectivo.

¿El problema del proyecto de calle Montenegro? En el lugar donde se pretendía emplazar sólo permite una edificación de hasta tres pisos según el plan regulador comunal, por lo que un vecino interpuso ante el DOM un recurso de reposición para que éste anulara su propia resolución y un recurso jerárquico para que la alcaldesa, superior del director de obras, resolviera la situación.

Conducto regular

Es por esto que la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD) envió los antecedentes a un arquitecto del Secpla (Secretaría de Planificación Comunal) de Ñuñoa  para que emitiera un informe sobre lo que se estaba reclamando. El informe técnico preparado por el organismo fue evacuado el 25 de agosto y en él Ilegó a la conclusión de que la Corte Suprema ya falló en contra del Municipio de Ñuñoa sobre este tema.

Según explican desde la defensa legal de los vecinos, el informe advierte que el DOM insiste en hacer algo ilegal. Que pudo evitarlo pidiendo asesoría jurídica al departamento respectivo. Vale decir, que el informe da claras luces de que el DOM ante temas jurídicos no consulta a la repartición pertinente de su propio municipio. 

“Se evidencia que Patricio Reyes resuelve como si tuviera la preparación jurídica que su profesión no acredita surgiendo la interrogante de si este se asesora con abogados externos como ya sucedió en un caso en que se hizo representar por un abogado que representaba a la misma inmobiliaria en otro juicio de Ñuñoa lo que se dio a conocer en el blog de Los Adoquines de Ñuñoa el 12 de abril del año 2018”, acusan. 

Asimismo, el informe señala que no se cumple con las condiciones para que el edificio sea considerada “vivienda económica” de acuerdo al DFL2, por no cumplir una de las condiciones esenciales para que así sea: el número de metros cuadrados por patio. 

A su vez, se señala que “enumeradas y revisadas todas las condiciones para acceder al beneficio del Art. 6.1.8 de la OGUC  y en relación a que en caso de cumplirlas no le sería aplicable la norma urbanística de altura del PRC, el anteproyecto no cumpliría con todas las condiciones y por tanta no podría acceder a tener una altura máxima de 14m, debiendo respetar la altura permitida del PRC”.

Consultado sobre este tema, el abogado Rodrigo Valdes de Los Adoquines de Ñuñoa sostuvo que “este último punto nos parece que deja al desnudo la manera en como se ha disfrazado la necesidad de hacer edificios de altura para lograr grados de equidad que sucesivos gobiernos ponen en papel y que en la práctica no significan cambio alguno pues sabemos perfectamente que los beneficios sociales dudosamente tienen que ver con departamentos que se venderán en precios que superan los cien millones de pesos o más”.

La misma comunidad ya había tenido problemas durante las administraciones anteriores de Pedro Sabat y Andrés Zahri, como lo que ocurrió con el emblemático caso del Edificio Botero. 

Por ello, también destacan cómo el informe de otro arquitecto de la misma Municipalidad de Ñuñoa fue el que evidenció a la alcaldesa que el anteproyecto ha sido mal otorgado y que no se puede beneficiar de ser un proyecto acogido al DFL2, tras lo cual Ríos manifestó que “de lo informado por la Secpla aparece que, al aprobarse el anteproyecto presentado por Inversiones y Terrenos SpA, mediante la resolución que motiva el recurso, se violó la normativa urbanística”. 

Sobre esta situación, la alcaldesa Ríos dijo a INTERFERENCIA que “sabemos que este es un tema que había sido dejado de lado por las gestiones anteriores. Por ello, hemos puesto todos nuestros esfuerzos en fiscalizar que los permisos de edificación cumplan con la normativa vigente de la mano de un equipo humano que ha invertido tiempo y recursos en una revisión exhaustiva de los permisos de edificación entregados en el último periodo. Nos estamos asegurando de cumplir la promesa de devolverla la comuna a sus vecinas y vecinos”.

N. de la R.: Este artículo fue modificado a las 10:38 del miércoles 6 de octubre para incluir la declaración de la actual alcaldesa, la cual había  sido solicitada el día anterior sin que haya llegado al cierre de la edición.