A dos semanas del cierre del portal para reunir apoyos de la ciudadanía, solo ocho iniciativas populares de norma (IPN) han logrado superar las 15 mil firmas necesarias para presentarse a discusión en sus respectivas comisiones de la Convención Constitucional. De estas, seis en total son promovidas por organizaciones de derecha, unas agrupadas en bloques de influencia y otras lanzadas de forma independiente.

‘Con mi plata no’, ‘Educación libre y diversa’ y ‘Derecho a la vida’ son tres de las iniciativas populares que unen a colectivos de derecha bajo consignas conservadoras y religiosas. El Instituto Libertad, la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales, ChileSiempre y la ONG Comunidad y Justicia -organismo que se define como “defensor y promotor de la Doctrina Social de la Iglesia”- son los principales promotores de estas iniciativas.

Los representantes de estos colectivos se han articulado gracias al programa Nuevas Voces de Radio Agricultura, espacio dirigido por Tomás Bengolea, presidente de ChileSiempre, y donde Claudio Salinas, director ejecutivo de La Coordinadora, y Francisco Orrego, de ‘Con mi plata no’, son panelistas habituales.

Hasta el momento ‘Con mi plata no – Defiende tus ahorros previsionales’ es la iniciativa con más firmas en el sitio de postulaciones. La IPN, que acumula más de 32 mil firmas desde su ingreso el 16 de diciembre pasado, es liderada por el licenciado en derecho de la Universidad de Chile, Francisco Orrego, también miembro del Instituto Libertad y fundador de la Centro Derecha Universitaria. 

Hasta el momento ‘Con mi plata no – Defiende tus ahorros previsionales’ es la iniciativa con más firmas en el sitio de postulaciones. La IPN, que acumula más de 32 mil firmas desde su ingreso el 16 de diciembre pasado, es liderada por el licenciado en derecho de la Universidad de Chile, Francisco Orrego, también miembro del Instituto Libertad y fundador de la Centro Derecha Universitaria. 

Además, Orrego es parte de Cabilderos, organización que nació como respuesta a los cabildos ciudadanos desarrollados durante el segundo período de Michelle Bachelet y que se reactivó para el plebiscito de 2020, abanderando la opción del Rechazo.

La iniciativa ‘Con mi plata no’ plantea “que el Estado se haga cargo de quienes cotizaron menos a través de una pensión básica universal, financiada por impuestos generales, pero sin tocar un peso de nuestros fondos, porque #ConMiPlataNO”. Además, en su presentación en el portal de iniciativas, proponen un articulado de cuatro puntos donde exigen respetar la propiedad de los fondos y su heredabilidad, además de libertad de elegir entre sistema público o privado, igualdad entre hombres y mujeres y una pensión básica universal financiada con recaudación fiscal.

El club de Nuevas Voces también entra en temas valóricos pues -en paralelo al éxito de ‘Será ley’, iniciativa que propone la legalización del aborto y que cuenta con 24 mil firmas- levantó la IPN por el ‘Derecho a la vida’, que concentra 19 mil apoyos.

Presentada por la fundación ChileSiempre, presidida por Bengolea y su proyecto ‘Siempre por la Vida’, la iniciativa plantea “que constitucionalmente, legalmente y sobre todo culturalmente exista un respeto irrestricto al derecho a la vida, desde el momento de la concepción [...] Una solución integral exige una sociedad más solidaria, que frente a, por ejemplo, un embarazo no deseado, no deje a la mujer sola, sino que la acoja y le provea de los medios materiales y espirituales necesarios para que ese hijo nazca en un ambiente adecuado, respecto a la cual se han creado exitosos programas de acompañamiento”.

Libertad de enseñanza

Por otra parte, ‘Educación Libre y Diversa’ es una de las iniciativas educacionales que llegó a 17 mil firmas. Su promotores, que se agruparon bajo el proyecto del mismo nombre, son la Coordinadora de Movimientos Sociales, dirigida por el concejal UDI Claudio Salinas; Comunidad y Justicia, la ONG defensora de la doctrina social de la Iglesia ; el movimiento ConMisHijosNoTeMetas y la Asociación de Educadores de Chile, entre otros.

La propuesta de ‘Educación Libre y Diversa’ se centra en “la libertad de enseñanza y el derecho preferente que tenemos los padres a educar a nuestros hijos”, disponiendo al Estado para “fomentar y financiar dicho desarrollo desde las comunidades de familias, así como otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos”.

La propuesta de ‘Educación Libre y Diversa’ se centra en “la libertad de enseñanza y el derecho preferente que tenemos los padres a educar a nuestros hijos”, disponiendo al Estado para “fomentar y financiar dicho desarrollo desde las comunidades de familias, así como otorgar especial protección al ejercicio de estos derechos”.

Otra iniciativa ligada al sector educación que alcanzó 15 mil apoyos fue ‘Derecho a la educación, derecho y deber preferente de los padres, y libertad de enseñanza’ en la línea de “Educación libre y diversa” de la Convención. Es más, la Coordinadora del concejal Claudio Salinas usó uno de sus estudios sobre educación subvencionada para presentar su iniciativa.

Detrás de la IPN está la fundación Acción Educar, organismo levantado por el actual ministro de Educación Raúl Figueroa en 2014. En está línea, el representante y director ejecutivo de la fundación, Daniel Rodríguez, figuró como jefe de asesores del Mineduc entre abril y agosto del 2019, mes en que pasó a la secretaría ejecutiva de la Agencia de Calidad de la Educación, plaza que ocupó hasta septiembre del año pasado, cuando se hizo cargo de Acción Educar a tiempo completo.

Al igual que la iniciativa ‘Educación Libre y Diversa’, Acción Educar aboga por “que el sistema educativo de nuestro país sea capaz de proveer a todos sus habitantes, un abanico de oportunidades para educar y educarse”, situación en la que el Estado debe propiciar “permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio”.

Banco Central Autónomo

La iniciativa ‘Banco Central Autónomo’ fue presentada el 7 de enero y en menos de 43 horas consiguió las 15 mil firmas para entrar a discusión constitucional.

La IPN fue propuesta por la plataforma Banco Central Autónomo, liderada por el ingeniero civil Andrés Larraín de Andraca, y promovida a través de redes sociales por el senador Evopoli Felipe Kast.

La IPN fue propuesta por la plataforma Banco Central Autónomo, liderada por el ingeniero civil Andrés Larraín de Andraca, y promovida a través de redes sociales por el senador Evopoli Felipe Kast.

Al igual que Daniel Rodríguez en la dirección de Acción Educar, Larraín de Andraca ha sido empleado estatal en ambos gobiernos de Sebatián Piñera. Primero, en 2012, como ingeniero en la Unidad de Desarrollo de Transporte Público Regular, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Y, desde marzo del 2021, como director de la División de Administración y Finanzas del Departamento de Extranjería y Migración.

La plataforma fue levantada específicamente para preservar la autonomía constitucional del Banco Central, sin mayores cambios. 
El ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Rodrigo Váldes, es parte del comité asesor.

Libertad de culto

Con más de 20 mil firmas, las ‘Comunidades religiosas en Chile’ lograron inscribir su iniciativa abogando por “reconocer constitucionalmente y proteger la libertad de conciencia y de religión”.

Entre las religiones firmantes se encuentran las iglesias católica, evangélica, ortodoxa, anglicana, musulmana, judía y adventista.

Sorprende la participación de la Enama dentro de los firmantes, figurando Hugo Alcamán como representante, así como del Consejo Político Mapuche Walmapu y el Consejo Político de los Pueblos Originarios, con su vocera, Eliana Monardez, excandidata constituyente por el pueblo Colla. 

Como representante de la IPN se presentó el controvertido obispo de San Bernardo y numerario del Opus Dei, Juan González Errázuriz. El obispo sanbernardino representa el conservadurismo más duro dentro de la Iglesia católica, con su oposición a el matrimonio igualitario, el control de la natalidad, el aborto libre y la homosexualidad en general.

Como representante de la IPN se presentó el controvertido obispo de San Bernardo y numerario del Opus Dei, Juan González Errázuriz. El obispo sanbernardino representa el conservadurismo más duro dentro de la Iglesia católica, con su oposición a el matrimonio igualitario, el control de la natalidad, el aborto libre y la homosexualidad en general.

Por este mismo tema, recientemente, volvió a la palestra mediática. En 2007, González ordenó revocar la docencia a la monja Sandra Pávez, luego de que ella declarara públicamente su lesbianismo. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el juicio se realizó en el 2021. Aún sin condena efectiva, ayer la ex monja Pávez, que nunca pudo volver a ejercer la docencia ni eclesiástica ni laica, decidió retirarse del profesorado.