En el marco de la discusión de la denominada Agenda Corta Antidelincuencia, en julio de 2016, en pleno gobierno de Michelle Bachelet, entró en vigor la Ley 20.931, que buscaba facilitar la aplicación de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto, receptación y así, mejorar la persecución penal en dichos delitos.

Una de las herramientas que se le entregó a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI) fue el control preventivo de identidad, iniciativa que tenía por finalidad detectar personas que tuviesen órdenes de detención pendientes y que transitan diariamente por las calles.

A partir del segundo semestre de 2016, el personal de ambas policías se vio facultado para “controlar la identidad a cualquier persona mayor de 18 años en vías o espacios públicos y en lugares privados de acceso público”; no como antes, que se sometían a control únicamente las personas sospechosas de haber cometido un delito.

Previo a la aprobación, y de manera posterior, la legislación fue cuestionada. Debate que se concentró en torno a la arbitrariedad de su aplicación y en lo discriminatoria que podía resultar la medida.

INTERFERENCIA solicitó vía Ley de Transparencia a Carabineros la cantidad de controles de identidad realizados, durante septiembre de 2018, en las siguientes 10 comunas de la Región Metropolitana: Conchalí, Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Providencia, Puente Alto, Quilicura, Santiago y Vitacura.

Las diferencias saltan a la vista, aunque es necesario tomar en cuenta la densidad poblacional de cada sector. Según el Censo de 2017, la población de las comunas indicadas es la siguiente: Conchalí (126.955); Independencia (100.281); Las Condes (294.838); Lo Barnechea (105.833); Maipú (521.627); Providencia (142.079); Puente Alto (568.106); Quilicura (210.410); Santiago (404.495) y Vitacura (85.384). Más allá de eso, los resultados entregados a este medio por Carabineros son los siguientes:

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