“En el encuentro que sostuvimos con las empresas del cordón industrial, aparece Ana Lya Uriarte, como jefa de gabinete de la Ministra del Interior. Ella estaba hablando de la problemática ambiental de Puchuncaví, siendo que mientras ofició como presidenta de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el primer periodo de Michelle Bachelet en 2010, nos instalaron Campiche, la última termoeléctrica que construyeron en 2005 en el territorio”, recordó Rodrigo Mundaca, Gobernador Regional de la provincia de Valparaíso, en la sesión del día jueves 9 de junio de la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno Regional (GORE).

El martes 7 de junio se realizó una reunión de emergencia en Puchuncaví para abordar la crisis ambiental que se había desatado el día anterior, la que dejó a 134 personas intoxicadas producto de la emanación de dióxido de azufre proveniente del cordón industrial.  

En la reunión estuvieron presentes: la ministra Maisa Rojas, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la ministra de Minería, Marcela Hernando; el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado; la jefa de Gabinete de la ministra del Interior, Ana Lya Uriarte; el superintendente de Medio Ambiente, Emanuel Ibarra; la jefa Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) Región de Valparaíso, Carolina Silva; el gerente de Desarrollo Sustentable de Codelco, Jorge Sanhueza; y el vicepresidente de Operaciones Norte de Codelco, Andre Sougarret, entre otras autoridades.

El jueves de esa misma semana, el Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, en el pleno de la comisión de Medio Ambiente, expresó su desconfianza respecto de la trayectoria que han tenido las autoridades que se encontraban en dicha reunión. “Ana Lya Uriarte, junto a Pérez Yoma, que fue Ministro del Interior de Bachelet, propiciaron la autorización para el funcionamiento de la Termoeléctrica Campiche. Entonces cuando uno se encuentra con estas autoridades pontificando sobre el medio ambiente, sabemos que el compromiso es cero”, expresó el presidente del Gobierno Regional.

Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, en la comisión de Medio Ambiente, expresó su desconfianza respecto de la trayectoria que han tenido las autoridades que se encontraban en dicha reunión. “Ana Lya Uriarte, junto a Pérez Yoma, que fue Ministro del Interior de Bachelet, propiciaron la autorización para el funcionamiento de la Termoeléctrica Campiche".

Uno de los aspectos que Mundaca planteó como urgente en el pleno regional, es que se hace imprescindible “contar con lecturas independientes de los contaminantes que no estén radicadas y anidadas en el propio complejo industrial, sino que necesitamos dotar a la institucionalidad ambiental de herramientas para que la lectura sea imparcial y objetiva de lo que está ocurriendo”. 

Hasta ahora no se sabe con certeza qué componente es el que está intoxicando a la comunidad, esto aunque durante la crisis de 2018, cuando se registraron más de 100 intoxicados por altas concentraciones de nitrobenceno y metilcloroformo, relacionados a hidrocarburos, “se realizó una inversión importante por parte del gobierno de Sebastian Piñera para la compra de equipos de monitoreo, los que se usaron durante la crisis, pero que luego dejaron de ser utilizados. No tenemos idea donde se encuentran esos instrumentos”, planteó a INTERFERENCIA el consejero regional Manuel Millones, quien durante el primer gobierno de Sebastian Piñera fue parte de la seremi de Salud de la región.  

Aun cuando no se puede determinar con certeza qué componente está afectando a la comunidad de Ventanas, todo apunta a que la Fundición y Refinería de Codelco es la responsable de las emisiones de dióxido de azufre que habrían intoxicado a la población. Frente a esto, Máximo Pacheco, presidente del Directorio de Codelco, en su visita a la planta del litoral dijo: “nosotros definimos el día lunes, a las 11 de la mañana, detener nuestras operaciones, y lo hicimos convencidos de que frente a esta emergencia era muy importante tomar esta medida preventiva que podría devolverles en algo la tranquilidad a los hogares”. 

En el firme convencimiento de que la empresa estatal sería la responsable de esta crisis, Rodrigo Mundaca sostuvo en la comisión de Medio Ambiente del GORE, que “todas las empresas del cordón industrial deben ser evaluadas ambientalmente y solicitarles que tengan su Resolución de Calificación Ambiental”. 

En el firme convencimiento de que la empresa estatal sería la responsable de esta crisis, Rodrigo Mundaca sostuvo en la comisión de Medio Ambiente del GORE, que “todas las empresas del cordón industrial deben ser evaluadas ambientalmente y solicitarles que tengan su Resolución de Calificación Ambiental”. 

Asimismo, la máxima autoridad regional, aprovechó parte de su intervención en el GORE para transparentar su desconfianza con lo expresado por el presidente del Directorio de Codelco.  “Tengo serias dudas de que Máximo Pacheco sea un diligente defensor del medio ambiente. Cuando fue ministro de Energía, a propósito del conflicto socioambiental de Alto Maipo, nunca dijo nada en materia de agua y creo que hay que ser responsable con la crítica, porque está fundada”.

Por su parte, Katta Alonso, parte de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio, planteó a INTERFERENCIA que la “única solución es cerrar la refinería y fundición de Codelco, porque no tiene la capacidad para ser ecológicamente viable. Por otra parte, es fundamental que se avance en homologar la norma de emisiones a un estándar como el de la Organización Mundial de la Salud, como mínimo, ya que hoy pasa todo esto, porque no tenemos cómo medir, controlar y por sobre todo, porque es legal contaminar”. 

Los intentos por cerrar Codelco Ventanas 

Frente a un posible cierre de la refinería y fundición de Codelco, no es primera vez que se plantea esta alternativa. Según información publicada en el portal de la cuprífera el 14 de octubre de 2019, se lee que la operación de Ventanas es una pérdida de recursos para la compañía estatal.

 “Las instalaciones antiguas y de baja escala de Ventanas son poco competitivas y no ofrecen mejores perspectivas en el mediano plazo, por lo que se proyecta que se mantengan las mismas pérdidas de los últimos años, en torno a los US$ 50 millones anuales”, se explica en el portal de la minera.  

 “Las instalaciones antiguas y de baja escala de Ventanas son poco competitivas y no ofrecen mejores perspectivas en el mediano plazo, por lo que se proyecta que se mantengan las mismas pérdidas de los últimos años, en torno a los US$ 50 millones anuales”, se explica en el portal de la minera.  

La operación ubicada en la Región de Valparaíso fue traspasada a Codelco en 2005 por la ley N°19.993 que le mandató procesar en esas instalaciones los productos de los pequeños y medianos mineros de Enami. “En 2022 será necesaria una inversión de al menos US$ 30 millones para cumplir con las nuevas medidas del plan de descontaminación. Por otra parte, en materia de emisiones, de elevarse desde 95% a 99% el nivel de captura, como lo exigen los más altos estándares mundiales, la inversión podría superar los US$ 500 millones, situación que haría aún más inviable el futuro de la fundición”, plantea el portal de Codelco. 

El cierre de Codelco Ventanas ha sido una prioridad para la comunidad de la llamada zona de sacrificio, esto desde 2011 cuando 46 personas sufrieron intoxicación por dióxido de azufre por una falla en la planta de ácido de la empresa estatal, los más afectados fueron los niños de la Escuela la Greda. Producto de esta crisis, dos ejecutivos de Codelco fueron formalizados por la responsabilidad de la compañía. En septiembre de 2013 se suspende la querella y la empresa llega a un acuerdo con las víctimas y entrega un fondo de 164 millones para pagar atenciones médicas y financiar el traslado de la escuela a un nuevo terreno a dos kilómetros de distancia.

Sin embargo, el informe desarrollado en 2011 por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso, para conocer el estado de contaminación en los suelos de los 14 colegios que existen en toda la comuna de Puchuncaví,  dejó al descubierto que todos -cuál más cuál menos- presentan un grado importante de presencia de metales pesados tanto en el suelo como en el polvo en suspensión.

En dicha catástrofe ambiental, duró menos de un día el cierre de Codelco Ventanas. Un recurso de protección con orden de no innovar había logrado parar a la minera estatal el 30 de marzo de 2011. Pero ese mismo día se desarrolló una conversación clave para la reapertura de la estatal. El teléfono sonó en la Seremi de Salud y como no se encontraba el seremi, Jaime Jamett, el jefe del departamento jurídico, Juan Luis Solari, tomó la llamada. Era de la Quinta Corte de Apelaciones de Valparaíso, así lo expuso El Mostrador. 

Luego de un par de preguntas y respuestas, los ministros de la Corte de Apelaciones prepararon la resolución, frente al recurso de reposición que presentó Codelco, con el fin de poder continuar con sus operaciones en Ventanas. La victoria fue para la estatal y la Corte explicó que la resolución “tiene especialmente presente el tenor de la información”, entregada por el jefe del departamento jurídico. Era el 31 de marzo.

Quien debería haber contestado la llamada y las preguntas de la Corte, era el seremi Jamett. Sin embargo, él nunca emitió un informe a la Corte ni tampoco recibió una solicitud para ello. Simplemente se lo pasó por alto, frente al urgimiento de Codelco por no parar su operación. Ni siquiera cuando se lo ordenaron judicialmente lo hizo. Razones técnicas no permitieron parar de inmediato, argumentó la empresa, según lo consignó El Mostrador. 

Manuel Millones, consejero regional de Valparaíso, quien durante dicha crisis ambiental era parte de la Seremi de Salud, explicó a nuestro medio que “el directorio de Codelco estaba a punto de cerrar la planta de Ventanas, pero por un voto de diferencia no se aceptó el cierre, aun cuando las autoridades de la época, entre ellos, Jaime Mañalich, ex ministro de Salud de Piñera, estaban luchando para que el cierre fuera efectivo, en esa época ya se evidenciaba el daño ambiental y de salud que producía la faena minera". 

Por otra parte, el consejero regional plantea que durante 2011 se hizo un análisis a los permisos de obra con los que contaban las empresas del cordón industrial y según dice Manuel Millones, “ esa es la principal causa por la que no pueden ingresar a una proceso de evaluación ambiental, ya que se tuvieran que poner en regla la infraestructura con que funcionan, tendrían que incurrir en un gasto inviable para la compañía estatal”.

Por otra parte, el consejero regional plantea que durante 2011 se hizo un análisis a los permisos de obra con los que contaban las empresas del cordón industrial y según dice Manuel Millones, “ esa es la principal causa por la que no pueden ingresar al proceso de evaluación ambiental, ya que si tuvieran que poner en regla la infraestructura con que funcionan, tendrían que incurrir en un gasto inviable para la compañía estatal”.

Los planes para enfrentar la crisis

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el pasado siete de junio, ordenó a seis industrias disminuir sus actividades ante condiciones de mala y regular ventilación en un 70% y 50%, respectivamente. Estableció medidas específicas a Codelco y AES Gener. Asimismo, ordenó a las empresas del parque industrial, la instalación de sensores en los contornos de instalación que nos entreguen mayor información para tomar medidas y nos permita una detección preventiva

Respecto de cambios a nivel legislativo, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, adelantó en una rueda de prensa del dìa 11 de junio que se está trabajando en proyectos de ley que apoyen los esfuerzos del gobierno por avanzar en la descontaminación. “Estamos trabajando en indicaciones para un proyecto que se haga cargo de la existencia de industrias que comenzaron a operar antes de 1997, que por lo tanto no cuentan con RCA, y que no se han ajustado a los estándares ambientales actuales. En un trabajo conjunto con los parlamentarios, buscamos que no existan diferencias y que todas las industrias deban cumplir adecuadamente y sean fiscalizables”, dijo.

Asimismo, se decretó alerta sanitaria para la zona, frente a lo que la titular de Salud, María Yarza planteó que:  “esta Alerta Sanitaria no solo nos pone algunos recursos y una organización de los recursos para actuar rápido. También nos pone en una mirada más preventiva con respecto a las medidas que tenemos que tomar: esas que debemos tomar primero con aquellas fuentes fijas de emisión y poner al centro la prevención. Por tanto, cierre de esas fuentes emisoras y no de colegios”.

Asimismo, se decretó alerta sanitaria para la zona, frente a lo que la titular de Salud, María Yarza planteó que:  “esta Alerta Sanitaria no solo nos pone algunos recursos y una organización de los recursos para actuar rápido. También nos pone en una mirada más preventiva con respecto a las medidas que tenemos que tomar: esas que debemos tomar primero con aquellas fuentes fijas de emisión y poner al centro la prevención. Por tanto, cierre de esas fuentes emisoras y no de colegios”.

Otra de las propuestas del Ejecutivo es desarrollar estudios sobre el estado de la población, tal como se desarrollaron en 2018 posterior a la crisis. “Pensamos que estos estudios nos van a dar elementos para generar medidas preventivas y de mitigación de esa afectación. Pero también vamos a iniciar un proceso censal universal. Vamos a censar a las poblaciones, con prioridad en niños, niñas y adolescentes en sus propios colegios para saber cómo están y cuáles son las afectaciones que podemos encontrar en nuestra población”, planteó la ministra de Salud.

Otra de las propuestas de Yarza dice relación con la ejecución del Plan Integral de Recuperación Sanitaria (PIRS), el que según explicó la ministra “contempla un componente permanente que será un dispositivo sanitario en las tres comunas afectadas, el que hará el seguimiento y la mitigación de los efectos que se encuentren, tanto en el censo poblacional, como en los datos de la investigación que se desarrollará. 

“Nos hacemos cargo, desde ahora en adelante, de cuidar a la población que ha sido afectada, en mitigar sus efectos. En especial, quiero hablarles a los niños, niñas y adolescentes, y decirles que este Ministerio de Salud pretende cuidarlos ahora y que esa actitud de cuidado va a permanecer siempre porque la mirada que tenemos es que este grupo y la población en general, tienen el derecho humano a contar con un ambiente libre de contaminación, y el Estado se tiene que hacer cargo de eso”, se comprometió la titular de Salud en los anuncios realizados en rueda de prensa el 11 de junio.

En 2018, posterior a la crisis ambiental generada por la Empresa Nacional del Petróleo, se implementó el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA) para control de las empresas emisoras y bajar los contaminantes, con planes operacionales que obligan a 20 empresas a reducir sus emisiones de manera preventiva. 

El PPDA mide el dióxido de azufre (S02), el óxido de nitrógeno (NOx) y el material particulado (MP2.5 y MP10). Según informó la Seremi del Medio Ambiente en 2021, de los componentes regulados, el dióxido de azufre (S02) bajó en un 84%, información que contrasta con la realidad que hoy vive la comunidad de Ventanas.   

A esta acción se sumó una nueva red de monitoreo que cuenta con la aprobación del rediseño y modernización tras su publicación, en diciembre de 2018, en el Diario Oficial. 

Hasta hoy, nada de esto ha tenido la efectividad que se proponía y con medidas similares, el gobierno de Gabriel Boric pretende enfrentar una crisis ambiental histórica, lo que parece ser una vuelta al pasado, mientras la realidad de la comunidad sigue igual.