Durante la tarde del lunes 4 de noviembre un grupo de jóvenes se manifestaba frente a la Municipalidad de Buin. En este contexto dos personas iniciaron un incendio de una bolsa de basura en la entrada del edificio, el cual fue controlado tempranamente por un funcionario del lugar con la ayuda de una manguera de jardín.

No hubo presencia de Carabineros y el episodio no pasó a mayores. Posteriormente, a partir de las filmaciones de las cámaras de seguridad del municipio –a las que tiene acceso Carabineros por un acuerdo con la alcaldía–, se dictó una orden de detención que se concretó más tarde a ocho cuadras del lugar. El problema es que todo indica que no detuvieron a quienes iniciaron ese fuego.

Aquel día fueron aprehendidos Joaquín Cáceres y Sofía Arévalo, ambos menores de 17 años, quienes desde entonces y hasta hoy se encuentran privados de libertad en distintos centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la Región Metropolitana. Sus nombres son mencionados en este artículo gracias a la autorización de sus familiares, quienes argumentaron que las identidades ya se encuentran viralizadas por las manifestaciones de apoyo que se realizan habitualmente.

INTERFERENCIA dio con un testigo de la detención, quien relató lo siguiente:

"Estábamos sentados en el parque [José Alberto Bravo Vizcaya] y veíamos que venían dos chicos caminando y de repente atrás aparecieron como dos patrullas y tres motos de Carabineros y empezaron a hablar con ellos. Comenzaron a revolverle las mochilas, los jóvenes mostraron todo. No encontraron nada. Los chicos estaban tranquilos. Pero de repente llegaron más policías, tres motos y una patrulla más y se pusieron alrededor de los niños. Recogieron sus cosas y se los llevaron detenidos en la parte de atrás de la camioneta. Los chicos siempre estuvieron de forma pacífica, aceptando las órdenes. Había mucha gente pero nadie preguntó nada", relata la persona, quien prefirió resguardar su identidad.

Al día siguiente, durante el control de detención realizado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la Fiscalía les imputó el delito de incendio con riesgo a la vida de las personas, se definieron 100 días de investigación y se les dejó en esta especie de prisión preventiva, pese a que tampoco tenían antecedentes penales.

Como prueba el Ministerio Público presentó un video, el cual no fue transmitido durante la audiencia, sino que mostrado sólo a través de algunos pantallazos. En este supuestamente se mostraba que Cáceres y Arévalo eran los responsables del incendio de basura.

Este registro fue filtrado el 5 de noviembre a TVN y Canal 13, canales que lo transmitieron en sus respectivos noticiarios. En éste se aprecia que un grupo de personas acerca dos bolsas de basura y una caja a la entrada del municipio. Después dos individuos encienden el fuego que fue controlado tempranamente. Pero ni Cáceres ni Arévalo fueron parte de esta última acción. En concreto, las imagenes muestran que la persona identificada como Cáceres acerca una bolsa de basura y luego se retira, en tanto quien supuestamente sería Arévalo, sólo aparece parada unos metros más atrás de la acción, sin participar de ella.

Las familias se reunieron con el alcalde de Buin, Miguel Araya (UDI), quien se comprometió a no presentar querella contra los jóvenes, cuestión que hasta ahora ha cumplido. Por el lado de Arévalo, se le pidió al jefe comunal que firmara un documento que explicitara que la menor de edad no participó de los hechos, pero Araya dijo que esto debían hablarlo con sus abogados, quienes hasta ahora no han contestado los llamados de la defensa de la acusada.

Pese al contenido del video y a que no existe querella de la municipalidad, el pasado lunes 11 de noviembre la Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó la apelación de las defensas a las medidas cautelares, por lo que confirmaron la privación de libertad para Cáceres y Arévalo.

La única salvedad en la decisión de la quinta sala del tribunal integrado por la ministra Carmen Gloria Escanilila, la fiscal judicial Carla Troncoso y el abogado Carlos Castro, fue que en el caso de Arévalo, la fiscal judicial votó por eliminar la medida cautelar, considerando que con la evidencia no se le podía imputar participación alguna en el delito.

El fallo indica: “atendido el mérito de los antecedentes y expuesto por las partes en audiencia, compartiendo lo razonado por el tribunal a quo en cuanto al delito y la participación [...]  se confirma la resolución dictada en audiencia de cinco de noviembre del año en curso, por el Juzgado de Garantía de San Bernardo, respecto de los imputados J.A.C.M. y S.A.A.T.” 

En conversación con nuestro medio, la abogada de Arévalo dijo que “han imputado un hecho a una persona que no lo ha cometido, no es la primera vez que esto sucede en chile. El ministerio público no ha sido objetivo, no persigue las pruebas que exime de culpabilidad y está faltando a sus principios. Ella no tiene participación en los hechos, solo es coordinadora de un grupo estudiantil, es activista pacífica. Queremos que se busque a los verdaderos responsables, ella es una víctima del sistema arbitrario e injusto de chile, la llevaron engañada a la comisaría”.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado con las personas que iniciaron el fuego.

Las familias de ambos menores acusados en diálogo con interferencia manifestaron que si bien físicamente se encuentran bien, el estado emocional de ambos es frágil debido a una situación que no esperaban vivir ni ellos ni su familia, la que también atraviesa un duro momento emocional. En un contexto de fuerte reclusión y soledad con un régimen de visita donde solo pueden inscribirse cuatro personas para visitarlos y no pueden tener comunicación con quiénes no son su familia, como por ejemplo, sus amigos.

Hoy Sofía y Joaquín son ñiños que, como muchos chilenos, esperan justicia.