El día 13 de diciembre de 2019 la manifestación habitual de los viernes de Plaza Italia tuvo por novedad la concurrencia de los grupos musicales Los Bunkers e Inti-Illimani, lo que produjo el retorno a un ambiente carnavalesco que ha caracterizado las manifestaciones en las semanas de mayor optimismo dentro de la crisis social y política que se desencadenó el viernes 18 de octubre.

El acto era peligroso para el gobierno en al menos dos sentidos. Por una parte amenazaba con convertir todos los viernes en una fiesta antipiñera, y por otro, abría el flujo de personas que iban a manifestar de manera pacífica, aumentando el volumen de manifestantes.

Frente a esto, el gobierno decidió ponerle freno a través de la ocupación de la Plaza Italia, también llamada Plaza de la Dignidad, con el propósito de evitar que los manifestantes se congregasen en torno al monumento al general Baquedano, el centro neurálgico del lugar. 

Para eso la carta elegida para comunicar la decisión gubernamental fue Felipe Guevara, el intendente Metropolitano, quien el martes avisó una política de "tolerancia cero" frente a movilizaciones no autorizadas, aduciendo que los manifestantes debían solicitar dicha autorización para hacerse responsables y para asegurar el libre tránsito por las calles que desembocan en la plaza.

Desde entonces, la Plaza Italia fue ocupada por fuertes contingentes policiales, que se apostaron día y noche en el simbólico lugar. A la medida Guevara la llamó "copamiento preventivo". 

Sin embargo, no fue hasta el viernes que se mostró toda la fuerza policial destinada a transgredir el derecho de reunión de los manifestantes. Un contingente de unos mil carabineros, tal como se encargó de decir Guevara a través de los medios y redes sociales, ocupó la plaza usando tropa de infantería, caballería, motociclistas y varios carros policiales, incluidos los llamados zorrillo y guanaco, tal como si se tratese de un objetivo militar, repeliendo a los manifestantes que querían hacer uso de su derecho constitucional de reunirse y circular libremente por los lugares públicos. 

La primera línea de la movilización intentó sacar a Carabineros del lugar a través de lanzamiento de piedras, y pese a que lo consiguió por un instante, finalmente la policía se parapetó en la plaza y se enfrentó por horas a los jóvenes y vecinos en las calles aledañas, produciendo graves alteraciones al orden público en zonas que antes no sufrían ese desgaste. 

Como era de esperarse, se produjeron hechos de gran violencia, habiendo al menos cien heridos, de acuerdo a lo informado por el propio Guevara, dentro del cual destaca el brutal atropello a Óscar Pérez por parte de un zorrillo policial que lo persigue hasta aplastarlo contra otro vehículo policial. 

La cruda imagen salió en los canales chilenos de televisión, en la prensa extranjera y se viralizó rápidamente por redes sociales, al punto en que Guevara twitteó ese mismo día que lamentaba el hecho y mandaba "fuerza" al manifestante gravemente herido, quien tiene destrozada su pelvis, aunque está fuera de riesgo vital. 

Dada la brutalidad del crimen, y el hecho de que el carabinero que lo cometió, Mauricio Carrillo Castillo, quedase con firma mensual por considerar la Fiscalía Centro Norte que se trataba solo de un cuasi delito de lesiones graves, la indignación prendió especialmente contra Guevara, al mismo tiempo en que se multiplicaban las muestras de solidaridad hacia la madre de Pérez, Marta Cortéz, quien twitteó: "Mi hijo Óscar fue brutalmente, intencionalmente atropellado y aplastado por 2 zorrillos. Milagrosamente está con vida. Esta barbarie avalada por el monstruo del interior [sic] y el Estado de Chile debe parar!".

Cortéz dirigió sus descargos directamente a Interior, algo que resulta consistente si es que se considera que la materia de seguridad  -desde que estalló la crisis- es algo que ha llevado políticamente el ministro de esa cartera, en su momento Andrés Chadwick y luego Gonzalo Blumel. Dicho de otro modo es improbable que Guevara haya decidido él solo -sin consultar a Piñera y/o Blumel- un cambio tan importante como es incrementar el empleo de fuerzas policiales severamente cuestionadas por su violento actuar. 

Todo indica que bajar la responsabilidad a un funcionario de menor grado responde a un diseño político destinado a convertir a dicho funcionario en un fusible que no escale a Blumel e incluso al presidente Sebastián Piñera, si es que la violencia policial se desborda, tal como aconteció. 

Y está resultando. Hoy el malo de la película es Guevara -quién está siendo fuertemente fustigado en redes sociales y por los políticos de oposición- y no sus jefes. Esto al punto en que el Partido Socialista lo eligió a él como responsable final de los hechos ocurridos el viernes 21 de diciembre en Plaza Italia, pidiéndole la renuncia.

Tal vez una pieza de caza menor, pero más segura para la oposición, pero que confirma el éxito del cambio de estrategia gubernamental que hizo que los dardos no llegaran a La Moneda, sino que un poco antes; al vecino edificio de la Intendencia Metropolitana.