La negación es un mecanismos de defensa emocional inconsciente, que usamos para enfrentar la angustia e inseguridad, borrando información desagradable o dolorosa. Cuando se vuelve una estrategia política consciente para alterar la historia y las propias culpas, se convierte en una práctica reñida con la ética y la responsabilidad. Y si ese mecanismo de defensa se activa para legitimar violaciones a los derechos humanos, el nombre es negacionismo y la consecuencia es abrir la abyecta posibilidad de repetirlas.

El tercer aniversario del estallido social evidenció una negación consciente de la desigualdad estructural del país y un negacionismo de las masivas violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante la revuelta de octubre de 2019.  Se trata de una estrategia deliberada para rehuir el compromiso de cambios, instrumentalizando la crisis de la delincuencia, la violencia que parasita de las causas sociales y el resultado del plebiscito del 4 de septiembre.   

Sin embargo, el perdón por el estallido cedió al triunfalismo por el plebiscito y ha nublado la visión de la derecha, al punto de anunciar su rechazo a todas las reformas del Gobierno.

La élite impugnada en la revuelta tardó menos de tres años en olvidar su propias conclusiones del estallido. En aquel entonces se levantó una derecha social sensible al malestar y los alcaldes del sector presionaron a sus partidos por un proceso constituyente. Hasta el presidente Sebastián Piñera, en un discurso del 23 de octubre de 2019, reconoció que “es verdad que los problemas se venían acumulando hacía décadas y los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a nuestros compatriotas”.

Sin embargo, el perdón por el estallido cedió al triunfalismo por el plebiscito y ha nublado la visión de la derecha, al punto de anunciar su rechazo a todas las reformas del Gobierno. La idea de un “Estado Social de Derecho”, comprometida durante la campaña del rechazo,  se convirtió en un “Estado social de derechos y libertades”, o sea, el mismo estado subsidiario de la Constitución del 80.

Sin ir más lejos, esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara, Chile Vamos votó en contra de la reforma tributaria, sin la cual no hay agenda social posible; ni siquiera habría convergencia fiscal. Y no es que votara en contra de algún artículo específico para mejorar el proyecto del Gobierno, como corresponde a cualquier oposición. No, rechazó la sola idea de legislar un cambio tributario.

la OCDE indica que el 10% más rico de la población tiene ingresos medios aproximados de 9,5 veces mayores que el 10% de los habitantes más pobres. En Chile la disparidad es 30 veces mayor

El argumento social y económico de la élite conservadora insiste en relativizar la desigualdad y omite que el promedio de países de la OCDE indica que el 10% más rico de la población tiene ingresos medios aproximados de 9,5 veces mayores que el 10% de los habitantes más pobres. En Chile la disparidad es 30 veces mayor, es decir, más del triple de desigualdad, sin considerar además que el 1% más rico concentra casi el 50% de la riqueza.

Los apremios que impone la delincuencia no hacen menos urgentes la vulnerabilidad social. Lo peor es que esta utilización de la ola criminal como cortina de humo de las heridas sociales también se extiende a las violaciones a los derechos DD. HH.

En su discurso por el aniversario del 18 de octubre, el presidente Gabriel Boric pidió “asumir que el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable; hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares (…) que no pueden quedar impunes”. Reiteró que Carabineros “cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público”. Además, condenó las "conductas destructivas y delictuales" desatadas durante la crisis, con un resultado de "daño, odio, inseguridad y regresiones políticas anti democráticas".

Pero la oposición consideró que el apoyo de Boric a Carabineros había sido “tibio”, pues debería haberle pedido perdón a la institución por criticar sus abusos. Ya no importan los DD. HH. porque se trata de denuncias que carecen de sentencias. El argumento resulta bastante cruel ya que es justamente la ausencia de condenas lo que mantiene abierta la herida de la impunidad.

En su informe de este año la Comisión Interamericana de DD. HH. representa a Chile sus “desafíos en el acceso a la justicia respecto de las denuncias del estallido social”. Según lo reportado por la Fiscalía a ese organismo internacional, de las 6 mil 568 causas, el 46% terminaron sin formalizaciones y 2 mil 774 están archivadas provisionalmente sin avances. O sea, la ausencia de condenas es justamente el problema, no es una exculpación a los violadores de DD. HH.

Pero además de enojarse por las alusiones de Boric a los DD. HH., la derecha consideró especialmente grave que el presidente mencionara el abuso sexual en Carabineros, porque no ha sido probado y existe UN caso absuelto. Omitió que también hay un caso condenado.

"Este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual".

Si rebobinamos los tres años transcurridos desde el 18/O encontraremos la declaración de la subsecretaria de DD. HH. del Gobierno de Chile Vamos, Lorena Recabarren, cuando se refirió al informe de Human Rights Watch, alertando sobre los abusos policiales. "Este informe nos entrega una serie de antecedentes que sin duda nos preocupan y recibimos con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas, incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual".

Tres años después, se manifiesta una especial preocupación de la derecha por las acusaciones de abusos sexuales en Carabineros, a pesar de que se trata de una práctica generalizada antes, durante y después del estallido, que la misma institución reconoce al haber incorporado prevenciones en sus nuevos protocolos.

Además, el abuso y el acoso son una conducta que afecta incluso a sus propios funcionarios. Solo en estos últimos tres años se han abierto 151 investigaciones y sumarios por denuncias de agresiones sexuales perpetrados por los superiores de las víctimas. La mayoría ha terminado con sanciones de arresto ¿Le creen a las víctimas si son policías? O es “la frasecita del abuso sexual” como ironizó el diputado RN Diego Schalper.

Este tipo de agresiones son muy difíciles de probar porque se producen al interior de las comisarías y retenes. Solo los imputados tienen acceso a las pruebas y, cuando hay testigos, son compañeros de los malhechores. Por eso, en julio del año pasado el fiscal nacional, Jorge Abbot, dictó el instructivo 681 para actualizar criterios de investigación en delitos de violencia institucional. El documento dice que “uno de los fenómenos específicos de la tortura de carácter sexual es el desnudamiento forzado en contextos de detención”.

Cuando nadie duda en condenar el vandalismo, combatir la delincuencia y entender el papel principal de la policía en esa tarea, las exhortaciones estridentes para que se haga lo obvio, luchar contra el crimen, solo demuestran oportunismo. Más aún, cuando se insiste en iniciativas legales de populismo penal fracasado, como el aumento de las penas, la eliminación del uso proporcional de la fuerza, permitir el uso letal de las armas si un presunto delincuente se acerca a menos de 7 metros y entregar armas automáticas a todos los funcionarios, no solo a los especializados.   

Las críticas al actual gobierno son una sana contribución al debate público, porque permiten presionar en favor de la eficiencia de una política pública y su debida jerarquización en la larga lista de necesidades. También es necesaria la autocrítica para aprender de errores, como la indiferencia frente a la desigualdad y la condescendencia frente a la violencia del estallido. 

El “revanchismo” de quienes se sienten depositarios de la victoria del rechazo los ha sumido en un “triunfalismo” extremadamente peligroso para la paz social. La amnesia de los vencedores representa un nuevo riesgo. Cuando el malestar vuelva a brotar, los mismos que dijeron “no lo vimos venir” tendrán que decir “se nos olvidó lo que venía”.

No obstante, y usando los conceptos más repetidos durante la campaña del plebiscito, el “revanchismo” de quienes se sienten depositarios de la victoria del rechazo los ha sumido en un “triunfalismo” extremadamente peligroso para la paz social. La amnesia de los vencedores representa un nuevo riesgo. Cuando el malestar vuelva a brotar, los mismos que dijeron “no lo vimos venir” tendrán que decir “se nos olvidó lo que venía”.