El 17 de noviembre del 2022 el terapeuta ocupacional Víctor Espinosa reconoció ante la capitán Marcela Gachón que había maltratado a uno de sus pacientes de 6 años durante la sesión de la semana anterior en el Centro de Rehabilitación Integral del Hospital de Carabineros (CRICAR).

La confesión de Espinosa se dio en una reunión que sostuvieron el padre del niño, Daniel Soto, abogado y coronel retirado de Carabineros, la capitana a cargo de la CRICAR y una fonoaudióloga que fue testigo de los maltratos del terapeuta.

A pesar de la confesión, Gachón hasta ahora se ha negado a comunicar los avances y medidas tomadas por la jefatura respecto del caso, por considerar que esto iría contra la imparcialidad de la investigación. Por su parte, Espinosa se retiró por licencia médica unas semanas para luego volver a sus funciones en el Hospital de Carabineros.

La solicitud de sumario contra el terapeuta, enviada el 7 de diciembre al coronel y director del hospital, Javier Cuevas, reportó otros cuatro casos en que niños en rehabilitación habían recibido malos tratos.

Ante la nula respuesta de la institución, Soto solicitó levantar un sumario contra Espinosa por haber maltratado a su hijo con “intimidaciones verbales, empleo de comunicación proxémica y tomada de muñecas para desplazarlo de un lugar a otro mientras se sacudía de un lado a otro”. Así también se comunicó con otros padres y madres del centro de rehabilitación, quienes reportaron haber sufrido agresiones similares por parte de Espinosa.

La solicitud de sumario contra el terapeuta, enviada el 7 de diciembre al coronel y director del hospital, Javier Cuevas, reportó otros cuatro casos en que niños en rehabilitación habían recibido malos tratos, entre ellos negar la asistencia de los padres durante las sesiones, cerrar la puerta con llave para impedir su ingreso, por lo que los menores acostumbraban llorar 45 minutos seguidos durante las sesiones, y agresiones del tipo verbal y física.

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Parte de la denuncia en que Espinosa reconoce uno de los casos de maltrato.

Desde Carabineros informaron a este medio ante los hechos denunciados, "hay un proceso indagatorio en curso, a fin de determinar cómo ocurrieron los hechos y, de igual manera, establecer eventuales medidas administrativas, según corresponda, en atención al mérito de los antecedentes que se recaben durante el proceso".

Algunos casos

Uno de los casos más graves se remonta a noviembre de 2021 cuando una niña diagnosticada con hidrocefalia y epilepsia lloró “desconsoladamente y se arrastró hasta la puerta a gritos”, negándose la entrada de la abuela a cargo para socorrerla, pues la puerta había sido cerrada con llave por Espinosa. 

Según la denuncia de los padres, de no haber intercedido una psicóloga infantil de la sala contigua, la niña pudo haber sufrido una crisis epiléptica con posibilidades de convulsionar.

Ese mismo día la madre efectuó un reclamo y, a pesar de que “la jefa del CRICAR le dio sus más sentidas disculpas y se le tomó una declaración”, Espinosa “siguió en el mismo puesto (maltratando a otros niños) y a ella nunca se le informó sobre los resultados de la indagación administrativa”, narra el documento que pide el sumario.

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Denuncia de que la jefa del CRICAR no informó sobre la investigación de uno de los casos.

Otro caso similar fue el de un niño de un año con braquicefalia y plagiocefalia, quien recibió los mismos malos tratos de Espinosa, provocando llantos por más de 45 minutos que no podían ser consolados por los padres, pues la puerta era cerrada con llave. En conversación con INTERFERENCIA, la madre apunta a que el terapeuta demostraba frustración con su hijo, pues según Espinosa era el niño quien debía adaptarse a su metodología y no al revés, cuestión que derivó en nulos avances en la terapia.

Al remitir un correo solicitando un cambio de terapeuta y una evaluación de la metodología empleada con su hijo, la madre afirma que el CRICAR anuló todas las horas de terapia y fijó una nueva fecha para tomar número en marzo de 2023. Al respecto, la solicitud de sumario señala que “por la constatación del trauma que se le ha generado a Camilo*, los padres sienten que se les ha negado el acceso a un tratamiento efectivo de su hijo”.

Lo que piden los familiares

Con estos antecedentes, la solicitud de los padres al director del Hospital de Carabineros, el general Patricio Figueroa, son: disponer el cambio de funciones del terapeuta ocupacional Víctor Espinosa, en vista que no puede trabajar con niños; designar un nuevo director administrativo del CRICAR, pues la jefatura ha tomado conocimiento de las denuncias sin hacer nada al respecto, y la designación de un nuevo director médico del CRICAR que tome conocimiento formal de este tipo de denuncias y se haga cargo de ellas.

La solicitud de los padres son: disponer el cambio de funciones del terapeuta ocupacional, designar un nuevo director administrativo del CRICAR y la designación de un nuevo director médico del CRICAR que tome conocimiento formal de este tipo de denuncias y se haga cargo de ellas.

Además, el sumario dirigido al general Figueroa solicita efectuar la denuncia penal contra todos quienes resulten responsables de los maltratos sufridos por los niños del CRICAR y quienes encubrieron los hechos. Esto, en vista de que el Código Procesal Penal obliga a los funcionarios públicos a denunciar al momento de entrar en conocimiento de un delito. Cuestión que se agrava en casos de encubrimiento, pues no denunciar también es constitutivo de delito.

Con todos los hechos expuestos y las denuncias respectivas realizadas en protección de sus hijos, Soto, padre y abogado que ha llevado el caso, asegura que se ha “pasado a llevar las obligaciones generales que establece la ley en favor de los pacientes y, lo que es más grave, ha vulnerado los derechos de los niños y de niños con discapacidad”. 

Encubrimiento de la jefatura 

Al caso de maltratos, se sumó la denuncia por acoso laboral de una profesional del centro contra la capitán Marcela Gachón por hostigamientos reiterados para encubrir a Espinosa y no comentar el caso con los padres.

Según el documento, el día de la reunión en que Espinosa reconoció su culpabilidad, la capitana Gachón citó al personal del centro de rehabilitación para darles instrucciones de “apoyar al denunciado mientras no se resolviera el sumario”. Por lo que, según la denuncia, se “impuso que no proporcionáramos información sobre el caso a los padres que nos consultaran por éste”. 

Además, la denuncia afirma que en el momento varios profesionales mostraron su desconcierto “y algunos hicimos saber a la capitán que lo que correspondía hacer frente a una denuncia de este tipo y, especialmente, si el denunciado estaba confeso, era exactamente lo contrario y que consistía en dar protección a los pacientes y no a una persona que había reconocido que cometió malos tratos y que, además, ya tenía denuncias previas”. 

La denuncia afirma que "la capitana Gachón adoptó una postura que no compartimos la mayoría de quienes trabajamos allí y que consistió en encubrir los ilícitos en lugar de centrarse en el bienestar de los pacientes”.

Sin embargo, los “hostigamientos reiterados se acrecentaron después de que un padre formulara una denuncia en contra del terapeuta ocupacional Víctor Espinosa Monge y en la que recopiló abusos a otros niños. Después de eso, la capitana Gachón adoptó una postura que no compartimos la mayoría de quienes trabajamos allí y que consistió en encubrir los ilícitos en lugar de centrarse en el bienestar de los pacientes”.

Respecto al miedo a represalias, Soto afirma que hay más casos además de los cuatro denunciado, pero que no se han sumado a la causa porque la mayoría de los padres “tiene miedo de defender a sus hijos porque teme cuestionamientos o represalias de sus mandos, especialmente después de los correos malintencionados de la jefa del CRICAR”.

Además, Soto agrega que dentro de esas denuncias “también hay otros ilícitos asociados como malos tratos a los padres, encubrimiento de todas las jefaturas, acoso a los testigos, intimidación a los padres, dilación intencional del proceso administrativo y omisión de la obligación legal de denunciar. En otras palabras, se trata de un caso de corrupción generalizada”. 

Un sumario que no avanza

A pesar de que todos estos antecedentes fueron reportados hace más de un mes para iniciar el sumario, los padres afirman que no han recibido ninguna respuesta clara de parte del Hospital de Carabineros.

Según declaran estos padres, ni siquiera han sido llamados a testificar, a pesar de haberlo solicitado expresamente dentro de la primera denuncia enviada el 7 de diciembre.

Otros profesionales del CRICAR afirman que tampoco han sabido nada al respecto y que no han sabido del nombramiento del fiscal a cargo de la investigación.

Es más, según testimonios de una de las profesionales involucradas, que solicitó mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias, para este tipo de sumarios las declaraciones suelen tomarse dentro de las primeras dos semanas, cuestión que no ha sucedido y hace sospechar de que nunca se dio inicio a la investigación.

Según testimonios de una de las profesionales involucradas, para este tipo de sumarios las declaraciones suelen tomarse dentro de las primeras dos semanas.

Sobre la lentitud de la investigación sumaria, Daniel Soto comenta que “ha sido decepcionante porque se trata de una situación que se inicia con un maltratador confeso ante su jefatura, porque se trata de víctimas que no hablan y porque sus padres y madres tienen una fuerte vinculación afectiva con la institución que ahora los revictimiza”. 

Ante los nulos avances, el abogado Soto ha contactado a profesionales del centro, a los superiores de la capitán Gachón, el teniente Felipe Rosenberg y el director del Hospital de Carabinero, el general Patricio Figueroa, sin tener respuestas. 

“No es posible que un teniente coronel, un coronel y un general hayan legitimado una actuación mañosa como la de la capitán Gachón quien, inmediatamente después de disculparse a puertas cerradas con el papá de una de las víctimas, dio instrucciones a los profesionales del CRICAR de ‘apoyar’ a un funcionario en desgracia, que les prohibió dar información a los padres sobre los abusos, que envió un correo a los padres de pacientes del abusador desacreditando a uno de los denunciantes, que lo puso a sacar fotografías a las víctimas en la fiesta de Navidad, y que lo ha mantenido atendiendo niños hasta ahora”, comenta.

Denuncia a la Defensoría de la Niñez

Sin respuestas de parte de la institución, los padres recurrieron a la Defensoría de la Niñez, quienes ingresaron también la respectiva denuncia penal a la Fiscalía de Ñuñoa contra todos quienes resulten responsables de maltrato contra los niños de la CRICAR. Esto, además extendido a quienes, debiendo impedir tales agresiones, no hicieron nada por evitar que sucedieran.

En caso de perseverar, los culpables arriesgan desde prisión en cualquiera de sus grados y una multa de hasta 4 UTM (unos $247.000 pesos) a presidio menor en su grado mínimo. Esto, a menos que los delitos comprobados supongan una infracción con una pena mayor.

Con todo, Daniel Soto afirma que como padres “esperamos que se implementen mecanismos de denuncia y de tramitación de abusos, especialmente cuando haya niños afectados, y que la dirección de CRICAR sea asumida por un profesional médico con dedicación exclusiva para desarrollar tareas de gestión administrativa y de supervisión técnica de los profesionales”.

INTERFERENCIA se contactó con Víctor Espinosa y la capitana Marcela Gachón para tener su versión de los hechos, pero ambos se negaron a dar declaraciones personales y derivaron las consultas al Departamento de Comunicaciones de Carabineros.

*El nombre del niño ha sido cambiado y algunos otros fueron omitidos por respeto a su integridad y la de sus familias.