Cuando Osvaldo Garay Opaso salió de la oficina del rector Jaime Espinosa, ya no era más el Contralor Interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Acababa de recibir, con sorpresa, la notificación de su remoción en la sesión extraordinaria de la Junta Directiva celebrada apenas un día antes, el 12 de marzo de 2018. No se tomaron la molestia de avisarle que se juntarían para despedirlo, ni se interesaron por conocer el punto de vista del afectado. En la sesión se acordó de manera unánime que saliera del cargo, y que fuese cesado de sus funciones de forma inmediata.
Cuando se retiraba de la reunión, una funcionaria del edificio le dio un abrazo y le dijo: “Que Dios lo bendiga”. Garay no salía de su estupor. Su cabeza divagaba entre dos cosas fundamentales. Por un lado, pensaba en el futuro, y en lo difícil que sería sustentar los gastos de su familia ahora que lo habían “limpiado” del “ex Pedagógico”. Por otro lado, no podía dejar de recordar las palabras que el rector le dijera hace tan solo unos minutos y que reconocían la naturaleza política de la desvinculación. “Lo siento Osvaldo. Yo tenía mucho miedo de que esta movida política no me resultara, pero menos mal que resultó”, recuerda Garay que le dijo el rector.
Jamás pensó que podía ocurrir esta situación cuando el año 2015 asumió con entusiasmo el cargo de Contralor Interno de la UMCE. En aquel entonces, el rector Espinosa lo propuso ante la Junta, diciendo que lo conocía personalmente, pues Garay había trabajado como abogado en esa casa de estudios con anterioridad. Debido a esto, reunía lo necesario para el cargo, ya que conocía “la cultura de la universidad”. Sin embargo, al poco tiempo de asumir, Garay se dio cuenta de que no todo sería tan simple. Uno de los primeros indicios que lo llevó a pensar esto, fue una serie de intentos de personas cercanas al rector por hacerlo parte del círculo más íntimo de Espinosa. Situaciones de este tipo, sumadas a malas prácticas e irregularidades administrativas lo llevaron a comprender que el camino sería cuesta arriba.
El rector descolocado: Las remesas de dinero sí habían llegado
—Pero rector, el dinero de las becas sí llegó. Aquí está su documento firmado. ¿Ve? —dijo Garay al rector, en noviembre de 2017, justo en la misma oficina en la que meses más tarde lo iban a despedir—. ¿Para qué el endeudamiento si las remesas llegaron oportunamente?
“Ahí el rector se descolocó”, dice Garay, “lo único que atinó a decir fue: soluciónalo tú Leonel, soluciónalo tú”. Leonel Durán es el director del Departamento de Administración y Finanzas de la UMCE y ha sido uno de los principales aliados de Espinosa en su gestión. Se encontraba presente en esa reunión.
Fue Durán quien, en mayo de 2017, solicitó a la Junta Directiva la autorización para abrir dos cuentas corrientes con una línea de sobregiro de $500 millones cada una, en carácter de urgentes. Durán aseguró que con estas cuentas se facilitaría el pago de las remuneraciones ante el supuesto retraso en las remesas transferidas por el Ministerio de Educación (Mineduc).
La apertura de las cuentas fue aprobada por la Junta y, luego de cinco meses, se logró un acuerdo mediante trato directo con el Banco Santander para contratarlas. Sin embargo, el Contralor Interno, Osvaldo Garay, no autorizó su tramitación. Garay señaló que no se justificaba la urgencia, ya que no se acreditaron los retrasos en los aportes del Ministerio. Durán insistía mes a mes con dichos retrasos, aun cuando en un documento firmado por él mismo se acredita que, al 31 de octubre de 2017, la UMCE había recibido cerca de $10.000 millones por parte del Mineduc, es decir, los aportes fiscales comprometidos.
Durante la sesión del 9 de noviembre de 2017, la Junta Directiva rechazó los cuestionamientos de Garay y acordó insistir en la apertura de las dos cuentas corrientes con sus respectivas líneas de sobregiro, dado el supuesto retraso en las remesas del Mineduc señalado por Durán.
El “Reglamento de la Contraloría Interna de la UMCE”, publicado en la sección de Transparencia Activa de dicha universidad, señala expresamente que le corresponde a la Contraloría Interna, entre otras cosas: “ejercer el control interno de legalidad de los actos de sus autoridades”, y “fiscalizar el ingreso e inversión de sus fondos”. De la misma forma, en el artículo 2° se señala que “el Control Interno abarcará además, la correcta interpretación y aplicación de las normativas legales y reglamentarias internas por los diferentes organismos de la Universidad”.
A pesar de lo que señala esta normativa, algunos miembros de la Junta Directiva dijeron que Garay se estaba excediendo en sus atribuciones, puesto que no le corresponde “calificar el mérito de los actos administrativos”. Luis Thayer Morel, fue uno de ellos, y fue más lejos, pues propuso remover del cargo a Garay en noviembre de 2017: “Aquí tienes tu oportunidad de sacarlo. Aquí lo tienes Jaime, te lo está dando”, le dijo al rector, según una fuente que se encontraba en la sesión.
Un año más tarde, con Garay ya expulsado, Contraloría General de la República informó acerca de graves hallazgos en la auditoría sobre endeudamiento de la UMCE: el documento señala que la universidad adeuda alrededor de 7 mil millones de pesos a distintos acreedores. Entre estas deudas, las más importantes corresponden a fondos adjudicados a la UMCE por proyectos, y beneficios correspondientes a becas y gratuidad del Mineduc, según consta en este documento.
Los 8 millones de pesos en cortinas
En la sesión de la Junta Directiva del 12 de marzo de 2018, aquella en que destituyeron al ex-Contralor, se mencionó como una de las causas de remoción algunas rencillas entre Garay y miembros de otros estamentos de la universidad, como el Departamento Jurídico y el Departamento de Recursos Humanos. En relación con esto, se señala que el Contralor Interno tenía “todo detenido”, y que el funcionamiento de la universidad se vería en peligro si Garay continuaba poniendo trabas a los actos de la administración.
Para ejemplificar esta suerte de “control excesivo”, el rector Espinosa mencionó en dicha sesión el caso de la compra de siete cortinas, para las cuales se utilizó el recurso del trato directo. El rector argumentó que para el monto que corresponde a tal compra, la ley permite realizar adquisiciones por esta modalidad, y sin embargo, el Contralor Interno había pedido al menos tres cotizaciones para realizar la compra.
Contra estos argumentos, el ex contralor Garay señala que se trata de compras irregulares que hacen abuso de resquicios legales. En este caso, se trataría de la letra “n” del artículo 10° del reglamento de la ley 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios. Esta norma permite a instituciones públicas, de manera excepcional, comprar mediante trato directo por montos inferiores a 10 UTM, cuando se trate de compras que “privilegien materias de alto impacto social, tales como aquellas relacionadas con el desarrollo inclusivo, el impulso a las empresas de menor tamaño, la descentralización y el desarrollo local, así como aquellas que privilegien la protección del medio ambiente, la contratación de personas en situación de discapacidad o de vulnerabilidad social”.
“Contratan por trato directo a una señora que vende esas cortinas —dice Garay—, señalando que la situación de vulnerabilidad, que exige la letra ‘n’, es su condición de mujer. Eso es una mala práctica por donde lo mires. Por eso exigí que al menos cumplieran con las tres cotizaciones, como medida de buen servicio y transparencia”.
Lo llamativo es que en el informe que emitió Contraloría en enero de 2018, sobre compras por trato directo en la UMCE –según consta en este vínculo– figuran observaciones hechas a dos contrataciones realizadas mediante dicha modalidad por “confección e instalación de cortinas”. Una en agosto, la otra en septiembre. La primera por $5.468.954, la segunda por $2.693.268. Estas contrataciones fueron hechas con la misma oferente de las siete cortinas mencionadas previamente: Eugenia del Pilar Rodríguez Vera.
Siempre respecto del trato directo, en un memorándum de octubre de 2017, Garay informó al rector Espinosa que desde fines de 2016 se contrataron reiteradamente servicios de construcción, reparación o adquisiciones con empresas recurrentes por un monto total de $545.744.176. Según el documento enviado por el contralor, una de estas empresas era Vanessa Corvalán Riffo EIRL., con la que se efectuaron nueve tratos directos por un total de $36.948.959, dos de ellos en calidad de urgencia o emergencia.
En octubre de 2018, posteriormente a la remoción de Garay, Contraloría descubrió falencias en algunas de las contrataciones que se adjudicó Vanessa Corvalán Riffo EIRL., por la suma de $10.956.787. Contraloría advirtió que la universidad no establecía los requerimientos del bien o servicio contratado y que las cotizaciones presentadas por la empresa no eran comparables con lo ofertado por otros proveedores.
El informe señala además que algunas de estas cotizaciones se emitían con posterioridad a la fecha de adjudicación de los contratos. Sumado a lo anterior, en diciembre de 2016 la UMCE pagó a Vanessa Corvalán Riffo EIRL. la suma de $1.969.450 por la reparación de un baño. Sin embargo, cuando Contraloría auditó dicho contrato se percató que los trabajos no fueron realizados y que la universidad no había recibido las reparaciones, pero sí había efectuado los pagos por el total del servicio contratado, según consta en el documento antes señalado .
Estas son algunas de las malas prácticas que el ex contralor Garay había detectado en la administración de la UMCE, y respecto de las cuales realizó alcances y observaciones. Si bien Garay ordenó algunos sumarios, estos se vieron interrumpidos una vez que fue desvinculado de la universidad.
La exposición en el Senado
Durante noviembre y diciembre de 2017, Garay asistió en comisión de servicios al Congreso para participar en las discusiones del proyecto de Ley de Universidades del Estado. Varias de sus opiniones eran disímiles con lo planteado por dicho proyecto e incluso con la postura del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh). Particularmente, Garay estaba en contra de la flexibilización de los controles administrativos, mientras que el CUECh estaba a favor.
Sin embargo, el contralor se amparó en un comunicado del rector Espinosa -enviado el 4 de septiembre de 2017 a toda la universidad- que consideraba legítimo emitir opiniones discrepantes sobre el proyecto, aun cuando contravengan a las del CUECh. Es más, Espinosa estaba al tanto de lo que señalaba el contralor en sus intervenciones, ya que estas recogían parte del trabajo que había desarrollado junto a la Comisión Central de Estatutos de la UMCE.
En este contexto es que Garay solicitó a la Comisión Conjunta de Hacienda y Educación del Senado la posibilidad de exponerles sus observaciones sobre el proyecto de ley, desde la perspectiva del control interno de las universidades. El Senado accedió a su petición y lo invitó a participar en la sesión del 8 de enero de 2018, en el ex Congreso Nacional de Santiago.
Antes de confirmar su participación, Garay afirma que le cedió su invitación al rector. “Esta era la oportunidad de que la UMCE apareciera en la historia de la ley. Por eso le cedí mi puesto al rector, para que él hable en la Comisión del Senado”, recuerda. Sin embargo, Espinosa desestimó la opción de asistir al ex Congreso debido a actividades a las que se había comprometido previamente.
El día de la sesión, Garay llegó justo a tiempo al Congreso, ya que el automóvil institucional no estuvo disponible y debió trasladarse en taxi junto al periodista de la universidad. Antes de entrar a la sala, Garay recibió una llamada del rector.
—Hola Osvaldo, ¿y qué vas a hablar?
—Sobre el régimen de control, lo que hemos hablado siempre rector —dijo Garay—. También me pidieron de la Comisión Central de Estatutos que hablara de la triestamentalidad.
—Ah, no, es que eso no te lo permito.
—Rector, yo voy como representante de la Comisión de Estatutos, no voy institucionalmente.
En ese momento se cortó la comunicación y Garay tuvo que apagar el teléfono, ya que comenzaría la sesión. Cuando llegó su turno para intervenir, el contralor interno señaló que flexibilizar los controles significaría poner en riesgo a las universidades del Estado, toda vez que se podía comprometer incluso el ejercicio financiero de los planteles. “Se discutía si era adecuado contratar un crédito por 3 mil millones de pesos en forma directa, sin pasar por licitación si es que no habían gravámenes de por medio. Entonces nosotros hicimos mención en el Congreso de que eso no nos parecía adecuado, que incluso se podía poner en peligro la educación pública”, recuerda Garay.
La intervención de Garay no gustó mucho a los rectores del CUECh, quienes estaban a favor de la flexibilización de los controles administrativos. Esta disminución del control permitiría a las universidades del Estado obrar con mayor libertad, a causa de la supresión del trámite de toma de razón, hecho por Contraloría de manera previa a los actos administrativos. Sin embargo, debido en parte a la exposición de Garay en el Senado, la iniciativa fue rechazada. El rector Espinosa tuvo que dar explicaciones ante sus pares por el tenor de los dichos de su contralor, que eran contrarios a los acuerdos de la Corporación sobre el tema. En dicha oportunidad, Espinosa señaló que Garay no había hablado en representación de la UMCE, sino que a título personal.
La sesión de la remoción y la carta de Vivaldi
La primera sesión de la Junta Directiva de la UMCE en el año 2018 fue una sesión extraordinaria. Se celebró el día 12 de marzo, luego de al menos dos cambios de fecha y horario. La tabla de la sesión indicaba: “1.- Carta del Consorcio de Universidades del Estado de Chile dirigida a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en relación con la Ley de Universidades del Estado; 2.- Varios”: varios que en la práctica era la remoción del contralor Garay.
La sesión se llevó a cabo en la sala de reuniones del pabellón de rectoría a las 17:30 horas. En esa ocasión, como señalaba la tabla, se procedió a hacer lectura de una carta enviada por el presidente del CUECh, Ennio Vivaldi Véjar (quien además es rector de la Universidad de Chile), al rector de la UMCE, Jaime Espinosa Araya.
La carta expresaba la molestia del CUECh a propósito de las palabras que Osvaldo Garay realizó en contra del proyecto de ley sobre universidades estatales en la Comisión Conjunta de Educación y Hacienda del Senado, el día 8 de enero de 2018. En esta carta se le pregunta a la UMCE, si el contralor Garay habló a título personal o en representación de la universidad, en cuyo caso, contraviene ciertos acuerdos y conversaciones mantenidas por el CUECh a propósito de dicha ley.
Entre otras cosas, la carta dice: “atendido que la representación institucional, legal y administrativamente de esa comunidad universitaria corresponde a Ud. en su condición de Rector, consideramos necesario que nos informe el carácter de la participación del Sr. Contralor en dichas comisiones legislativas, pues el contenido de la referida exposición abarcó un conjunto de materias no solo propias de la función de control y fiscalización, que corresponde a nuestras contralorías internas”.
“Por otro lado, gran parte de las opiniones vertidas allí, especialmente en materias como gobierno, participación, régimen jurídico de la contratación de servicios y adquisición de bienes contravienen acuerdos adoptados por nuestro Consorcio. Tal situación requiere al menos una aclaración porque hasta ahora ninguna de las universidades asociadas había tenido una actuación pública de este tenor”.
Esta carta es clave para entender los motivos aducidos para remover al contralor de su cargo. En la discusión que se generó luego de la lectura de la carta, se habló de la importancia de “mantener buenas relaciones con el CUECh”. La mayoría de los asistentes de la Junta Directiva que hicieron uso de la palabra se plegaron a los argumentos que Vivaldi insinuó en la carta. Es decir, que Garay había excedido sus atribuciones al obrar en representación de la UMCE. Se señaló principalmente que, como Garay saludó al comienzo de su exposición agradeciendo la invitación a nombre personal, pero también en nombre de la UMCE, entonces no quedaron dudas de que el contralor estaba criticando el proyecto de Ley de Universidades Estatales a título de ese plantel académico.
La supuesta falta del contralor fue rápidamente considerada grave y, para echar más leña al fuego, el rector Espinosa y Thayer Morel trajeron a colación numerosas desavenencias que Garay ha tenido al interior de la UMCE debido a su labor controlara. Se menciona el episodio de las siete cortinas, de los créditos que no han podido contratar por las observaciones del contralor, e incluso cuestiones sobre remuneraciones que Garay se encontraba revisando. El rector Espinosa señaló que “hay ciertos proyectos y ciertos procesos que requieren de una expedita resolución y que, por controles de la Contraloría General de la República, se ven retrasados”, y en atención a todas estas cosas, pasó a proponer la remoción del contralor interno. La Junta votó de forma unánime la remoción de Garay.
Ni siquiera se observó el principio del debido proceso que, entre otras cosas, consiste en escuchar a las partes implicadas. Garay se enteró al día siguiente en reunión con Espinosa: “Él me lo reconoció, me dijo que se trató de una movida política”, señala Garay:
—Pero rector, está bien, si quiere le presento mi renuncia —dijo Osvaldo—. Esta remoción me puede traer complicadas consecuencias laborales a futuro.
—Lo siento Osvaldo —dijo Espinosa—, yo tenía mucho miedo de que esta movida política no me resultara, pero menos mal que resultó.
Osvaldo Garay intentó impugnar sin éxito la decisión de la Junta Directiva ante Contraloría General de la República. Tuvo que acudir al Consejo para la Transparencia para poder tener acceso al acta de la sesión en que lo removieron. Luego fue a la Comisión de Educación de la Cámara, desde donde pidieron explicaciones al Mineduc y a Ennio Vivaldi por la remoción del ex-contralor. Además, Garay presentó una demanda ante la justicia por tutela laboral contra la UMCE, la cual se encuentra a pocas semanas de ser resuelta.
—Lo más terrible, en mi opinión —dice Garay— es que con estos desórdenes y malas prácticas, de dineros injustificados, administraciones deficientes y autoridades que buscan permanecer en el poder a como dé lugar, se pone en descrédito la educación pública. Igual como ha ocurrido con numerosas municipalidades que han caído en desfinanciamiento Por culpa de este tipo de administraciones la educación pública se pone en entredicho y, lamentablemente, el sector privado aparecerá como la solución.
Tal como había predicho, esta remoción le produjo importantes consecuencias laborales al ex-contralor. “Estuve en algunas ternas para trabajos en el sector público, pero hasta la fecha no me han escogido. A pesar de mis 25 años de desempeño en el sector público”, dice Garay. “Lo peor es que si me echaron a mí, que era el contralor interno de la universidad, una autoridad superior de la casa de estudios, ¿qué van a hacer con un estafeta? ¿con un funcionario común, con una secretaria? ¿qué van a hacer con un estudiante?”, dice.
INTERFERENCIA se comunicó con rectoría de la UMCE para que el rector Jaime Espinosa se refiera a lo expuesto en este reportaje, sin embargo, desistió de conversar. A través de otros funcionarios de la universidad, señaló que no hay temas pendientes sobre la remoción del ex contralor interno Osvaldo Garay.
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