En manos del Ministerio Público Centro Norte quedará una parte del expediente del caso Milicogate conocido como “empresas de turismo”, que sustanciaba la ministra en visita Romy Rutherford, en contra del exjefe del Ejército, Ricardo Martínez.

El hecho procesal quedó consignado en una resolución adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía que se declaró competente para conocer de una presentación enviada el viernes de la semana pasada por Rutherford. En ella, la magistrada se inhibió de seguir con la cuerda separada, porque aparecen civiles asociados a delitos de corrupción.

Hay que recordar que la determinación fue revocada por la Corte Marcial en agosto de 2022 (por 3 votos a dos). En la resolución se argumentó que en la causa no existía un peritaje contable que diera cuenta del perjuicio a las arcas estatales.

El escrito incluye un informe de 184 páginas, fechado el 23 de agosto pasado, preparado por la Brigada Anticorrupción (Briac) de la PDI, similar al que sirvió de base para encausar al general en retiro en abril de 2022, por delitos reiterados de fraude al fisco de $44 millones (lea el documento completo al final del artículo).

Hay que recordar que la determinación fue revocada por la Corte Marcial en agosto de 2022 (por 3 votos a dos). En la resolución se argumentó que en la causa no existía un peritaje contable que diera cuenta del perjuicio a las arcas estatales, pese a que diversos informes policiales así lo indicaban.

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Así luce la presentación de Rutherford el sistema judicial.

Convicción judicial

En la decisión remitida por Rutherford al tribunal aludido, escribió: “(los) hechos en que habría tenido participación el exgeneral del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, eventualmente podrían constituir delitos”.

Y agrega: “Se desprende que los fondos fiscales presuntamente defraudados provendrían del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor. Asimismo, aparece que tales entregas se habrían realizado a través de empleados civiles de la agencia de viajes”.

El documento remitido por Rutherford quedará en manos de la fiscalía dirigida por Xavier Armendáriz, quien deberá resolver si abre una investigación que incluya a Martínez o bien indagar a los empleados de la empresa Turismo Cocha. Esto a la espera de que la jueza Ana María Osorio, que reemplaza a Rutherford a contar de hoy, procese nuevamente al exjefe castrense.

El análisis que realizó la PDI comprende viajes realizados por Martínez Menanteau desde 2011 a 2017 a Estados Unidos, Japón, Corea, Honduras, Congo, Gran Bretaña, Brunei, Turquía, Grecia y Gran Bretaña.

Martínez volvió a la palestra la semana pasada, luego que lanzara un libro de su autoría (Un Ejército de todos), donde critica duramente las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.

Periplos

El análisis que realizó la PDI comprende viajes realizados por Martínez Menanteau desde 2011 a 2017 a Estados Unidos, Japón, Corea, Honduras, Congo, Gran Bretaña, Brunei, Turquía, Grecia y Gran Bretaña. En esa línea, Rutherford estableció que el perjuicio fiscal alcanzaba a $44 millones.

Cuando la Corte Marcial le tiró un salvavidas a Martínez, la votación fue de 3 votos contra 2. Una de las preferencias que inclinó la balanza fue de la representante del Ejército, Paula Videla.

Lo llamativo de la mencionada decisión es que hay al menos 3 generales que fueron encausados por hechos similares en el cuaderno “empresas de turismo”. Uno de ellos, su antecesor Humberto Oviedo, por delitos reiterados de fraude al fisco por 57 millones. A este último le siguen los generales John Griffit y Jorge Porcile.

No es lo único, porque Oviedo también fue encausado por la misma Rutherford por malversación de causales públicos de $4.500 millones, con platas del Ejército. Igual situación procesal afecta a su antecesor, Juan Miguel Fuente-Alba, pero por $3.500 millones.

Oviedo, en tanto, fue formalizado a mediados de año por la Fiscalía Centro Norte que le imputó el delito de lavado de activos.

En tanto, la semana pasada y antes de dejar su cargo como ministra en visita, Rutherford procesó a otro ex jefe institucional. Se trata de Juan Emilio Cheyre por malversación de $5.100 millones.

Vea la audiencia de formalización