La fiscal Ximena Chong trabaja aceleradamente y prepara una batería de argumentos jurídicos para la formalización del actual director de Carabineros Ricardo Yáñez, su antecesor Mario Rozas y al ex subdirector Diego Olate, fechada para 7 de mayo, por “delitos omisivos de apremios ilegítimos”.

El pasado 16 de enero, Chong libró un requerimiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales pidiendo cuenta de dos oficios anteriores, donde solicitaba las fichas clínicas de cada una de las víctimas de trauma ocular atendidas en el sistema público.

Sin embargo, para una formulación de cargos los documentos también son vitales para situar hechos y establecer relaciones causales entre ellos. Sobre todo, porque la indagatoria busca acreditar que las víctimas de lesiones graves, mutilaciones o muerte, fueron por uso abusivo y antirreglamentario de escopetas antidisturbios y carabinas lanza gases.

Por esta razón, el pasado 16 de enero, Chong libró un requerimiento a la Subsecretaría de Redes Asistenciales pidiendo cuenta de dos oficios anteriores, donde solicitaba las fichas clínicas de cada una de las víctimas de trauma ocular atendidas en el sistema público.

Para Chong, los guarismos son relevantes, porque con ellos podrá argüir qué grado de conocimiento tuvo Yáñez, Rozas y Olate sobre los efectos provocados por las actividades de control de orden público que estaban bajo su mando.

Cuál es cuál

Los datos requeridos por Chong no estaban del todo claros en la carpeta de investigación, porque se encuentran repartidos en distintas regiones del país y en algunos casos se contradecían con las declaraciones prestadas por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich y el ex presidente Sebastián Piñera.

El entonces secretario de Estado, declaró ante Chong en mayo de 2022, reconoció que a partir del 18 de octubre de 2019, “hubo instrucciones (...) para llevar una estadística específica de listado de personas y tipo de lesiones que se dieron en el marco del estallido social”. Los datos apuntaron a 240 pacientes, tal como lo informó el propio Mañalich en una conferencia de prensa el 18 de diciembre de 2019.

La petición de Chong fue contestada por la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Yasmina Viera el 22 de enero pasado. En ella le indicó que los derechos del paciente hacían imposible la gestión solicitada. Pues bien, el 25 de enero Chong envió un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando la entrega de los documentos por la “necesidad de corroborar los testimonios referidos” en cada una de las fichas.

La cifra mencionada difiere de lo declarado por Piñera el 11 de abril de 2023: “También hubo cerca de 1.616 civiles lesionados. Esta cifra discrepa de las cifras que entregó en su oportunidad el INDH y el Minsal porque son de fuentes distintas”. Según indicó, la cifra contenía los datos de la cartera de Salud y Carabineros.

Programa

La petición de Chong fue contestada por la jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Yasmina Viera el 22 de enero pasado. En ella le indicó que los derechos del paciente hacían imposible la gestión solicitada.

Pues bien, el 25 de enero Chong envió un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, solicitando la entrega de los documentos por la “necesidad de corroborar los testimonios referidos” en cada una de las fichas.

La petición a la que accedió Interferencia, también incluyó la información contenida en los programas estatales de apoyo a las víctimas de trauma ocular ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020.

Una vez que la información llegue a la Fiscalía Centro Norte, continúa una segunda etapa del trabajo: relacionar los actos cometidos por funcionarios de carabineros durante el estallido, para luego convencer al tribunal de que Yáñez, Rozas y Olate tenían en sus manos las atribuciones para evitar que la represión se les fuera de las manos y no hicieron nada.

“Conviene destacar que el propio señor Mañalich como confirmó en su declaración, sostuvo en el mes de noviembre de 2019, en diversos medios, que el número de lesionados oculares era “brutal”. Se trata en consecuencia de obtener información, que confirme lo expresado por los testigos, tanto en la investigación, como de manera pública, y sobre todo, dado el carácter multidisciplinario del [programa de apoyo] obtener antecedentes sobre las causas de las lesiones, su intensidad, así como las consecuencias para los afectados”, escribió Chong.

El requerimiento llegó a manos de la jueza Isabel Correa, quien luego de ponderarlos, resolvió positivamente el escrito en todas sus partes.

Una vez que la información llegue a la Fiscalía Centro Norte, continúa una segunda etapa del trabajo: relacionar los actos cometidos por funcionarios de carabineros durante el estallido, para luego convencer al tribunal de que Yáñez, Rozas y Olate tenían en sus manos las atribuciones para evitar que la represión se les fuera de las manos y no hicieron nada.