Los detectives que ingresaron a la PDI con títulos profesionales previamente obtenidos, desempeñaban su trabajo como cualquier otro día en las distintas unidades del país, cuando tomaron conocimiento de un correo electrónico que circulaba en diversas casillas

El e-mail informaba que los 292 cupos de ascenso habían sido asignados a los oficiales de línea, es decir aquellos que ingresaron a la escuela del ramo apenas cumplida la mayoría de edad y después de tres años salieron a trabajar.

El hecho provocó la indignación de los Oficiales Profesionales (OPP), en particular porque el programa que se inició en 2006 bajo la administración de Arturo Herrera -quien buscó profesionalizar la PDI al estilo FBI-, los dejó en un escalafón distinto, precisamente para que su ascenso no fuera cuestionado por ninguno de los sucesores.

Sin embargo ello no ocurrió en 2023 y 17 OPP recurrieron ante Primer Juzgado del Trabajo de Santiago -a través de una tutela laboral- exigiendo que la situación sea resuelta con miras a ascender, cuestión que consideran un derecho.

En este contexto, apuntan a que el propio titular de la PDI, Sergio Muñoz, habría entregado información errónea tanto al Ministerio del Interior como a la Presidencia, pasando por encima de los cupos 

“(...) este accionar del Director de la Institución denunciada obedece a una visión peyorativa que se tiene en contra de los OPP, siendo esta visión injustificada la que genera este tipo de situaciones y este tipo de accionar absolutamente discriminatorio”, se lee en la presentación a la que accedió Interferencia.

En la presentación, patrocinada por el abogado Epiro San Martín, solicitan que se disponga el ascenso inmediato de los 17 demandantes. y, entre otras, que la PDI sea condenada a pagar las costas del juicio.

Todo en regla

Cómo la policía civil es un órgano que se rige por las normas administrativas, fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) que asumió la representación ante la justicia laboral.

Aún cuando la causa fue declarada reservada, este medio accedió a la contestación del CDE, que busca echar por tierra, en 18 páginas, los argumentos de los supuestos afectados.

Los afectados apuntan a que el propio titular de la PDI, Sergio Muñoz, habría entregado información errónea tanto al Ministerio del Interior como a la Presidencia, pasando por encima de los cupos 

Básicamente, el organismo asegura que hay oficiales de línea que llevan más tiempo esperando el ascenso y que todo fue aprobado desde Interior y La Moneda.

En este sentido, indica el documento, no habrían derechos conculcados, toda vez que los reclamantes solicitaron anteriormente a la Contraloría General de la República, organismo habría confirmado la potestad del director de la PDI para resolver ascensos, para lo que cuenta con más de $3.000 millones.

“Mención aparte merece la necesidad del servicio, pues en los hechos, existen funcionarios de línea que llevan más tiempos estancados en su grado que los funcionarios OPP, teniendo los primeros, mayor tiempo efectivo en la Institución, por lo tanto, al utilizar los cupos OPP que se mencionan, a la larga, tendrá como consecuencia que se le otorgue mayor movilidad al escalafón de línea, lo que beneficia a más funcionarios”, detalla el escrito.

Por último el CDE solicitó que la tutela laboral sea rechazada en todas sus partes.

Este medio solicitó una versión a la PDI, pero se indicó que como la causa es reservada no habría comentarios.