La Casa Nacional del Niño no es una residencia cualquiera. Es una de las instituciones más antiguas y emblemáticas de Chile en materia de protección infantil, con más de 260 años de historia. Fundada en 1761 como la “Casa de Expósitos”, ha evolucionado desde un asilo colonial para lactantes abandonados hasta convertirse en un referente de atención integral para niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos.

A lo largo de los siglos ha albergado hospitales pediátricos, centros educativos y servicios de salud, formando parte esencial del patrimonio social y sanitario del país. Desde su modelo actual, orientado a lactantes y preescolares derivados por tribunales de familia, ha destacado como una de las pocas residencias públicas bien evaluadas, tanto por su equipo clínico como por su enfoque en salud, educación y contención emocional.

Sin embargo, su legado está hoy bajo amenaza directa.

A pesar de que el Gobierno ha instaurado como consigna el lema “Los niños primero”, la realidad que se vive al interior de Casa Nacional del Niño contradice de forma directa ese discurso. Lo que hoy ocurre en la residencia es reflejo de una profunda desprotección institucional: maltrato laboral, decisiones administrativas arbitrarias, persecución a funcionarios clave y una gestión que socava las condiciones mínimas para brindar una atención digna.

Y lo más grave: se está desmantelando uno de los pocos espacios del país que aún cumple con estándares de cuidado especializados. Casa Nacional del Niño es la única residencia en Chile que cuenta con salas acondicionadas y personal clínico capacitado para recibir y acompañar a niños y niñas trasplantados bajo medida de protección. Asimismo, es hogar de varios niños y niñas con discapacidad que, pese a sus complejas necesidades, han logrado desarrollarse en un entorno estable, amoroso y clínicamente adecuado. Sin embargo, todo esto está siendo puesto en riesgo por una dirección empecinada en ejecutar traslados sin justificación, sin mejoras y con múltiples consecuencias humanas irreparables.

1. Una administración basada en el abuso de poder

Desde su llegada, la actual directora subrogante de Casa Nacional del Niño, Cecilia González Jeria, ha instaurado un estilo de conducción marcado por el autoritarismo, el maltrato pasivo-agresivo y la manipulación institucional. Se jacta abiertamente de contar con el respaldo irrestricto del director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, y de la directora regional metropolitana, Marcela Gaete, lo que le otorga impunidad en sus decisiones, incluso cuando atentan directamente contra el bienestar de niños y trabajadores.

Entre sus acciones se encuentran la reestructuración de equipos técnicos sin fundamento, hostigamiento sistemático a funcionarias, represalias a quienes han denunciado maltrato y la instalación de un clima de miedo y desconfianza. A esto se suma un hecho especialmente grave: ha tomado decisiones de traslado de niños pasando por alto su vínculo con jardines, escuelas y centros de salud, interrumpiendo procesos terapéuticos y vínculos fundamentales para su desarrollo. Estas decisiones se justifican exclusivamente bajo argumentos técnicos o administrativos —como disponibilidad de camas o distribución de cupos— sin considerar la dimensión humana, emocional ni social de cada caso. Para la directora subrogante, y para los directores nacional y regional, los niños parecen ser tratados como cifras o unidades de gestión, no como personas con derechos protegidos por la ley y la ética. Esta lógica despersonalizada constituye una vulneración directa de derechos fundamentales y una grave violación a los derechos humanos de estos niños.

Especial indignación ha causado su intención de trasladar a niños con discapacidad que han sido cuidados con esmero y profesionalismo, en condiciones que ninguna otra residencia del país puede garantizar. Sin aportar ninguna mejora ni justificación, insiste en moverlos, generando un daño humano inconmensurable. Lo mismo ha ocurrido con hermanos que han sido separados sin el menor reparo, una acción que ya le ha valido denuncias previas a la actual directora regional, quien, lejos de corregir estos errores, respalda abiertamente a su subalterna. Al parecer, el sufrimiento que esto causa a los niños no les importa en absoluto.

2. Persecución a las médicas con mayor historia en la residencia

Un caso emblemático de esta administración abusiva es el intento de desvinculación de las dos pediatras históricas de la residencia, ambas con más de 20 años de servicio. Estas médicas trabajan bajo la figura de honorarios, condición precaria que la dirección ha usado como pretexto para prescindir de ellas sin evaluación técnica ni causa justificada.

Su salida no responde a necesidades presupuestarias ni a cambios en el modelo, sino a una decisión política deliberada. Su remoción significaría la pérdida de la única continuidad médica real de los niños y niñas, quienes muchas veces ingresan con desnutrición, patologías crónicas, traumas graves y necesidades clínicas complejas. Y aún más alarmante: estas pediatras están actualmente a cargo del seguimiento clínico de niños y niñas trasplantados, que requieren un monitoreo constante, especializado y coordinado con hospitales de alta complejidad.

La Casa Nacional del Niño es la única residencia del país que cuenta con salas acondicionadas y un equipo clínico capacitado para atender a esta población extremadamente vulnerable. El intento de prescindir de quienes sostienen esta atención especializada no solo es una irresponsabilidad institucional, sino una amenaza directa a la vida de estos niños.

3. Funcionarios quebrados, niños desprotegidos

El clima al interior de la residencia es insostenible. Numerosos trabajadores y trabajadoras están con licencia médica por estrés, angustia y maltrato laboral. Existen múltiples testimonios que describen prácticas de presión, descalificación constante y desplazamientos arbitrarios de personal. Funcionarios con años de trayectoria han sido trasladados o marginados tras expresar preocupaciones legítimas sobre la gestión.

El área clínica se encuentra actualmente sin jefatura, ya que su encargada —una enfermera con amplia experiencia en Casa Nacional del Niño— permanece con licencia médica prolongada debido a una carga laboral desmedida y reiterados episodios de maltrato por parte de la dirección.

Por su parte, el Departamento de Administración y Finanzas (DAF) también ha perdido a su jefa, lo que ha agravado los problemas operativos del centro. La residencia no cuenta con caja chica, lo que impide cubrir necesidades básicas urgentes, y donaciones como gift cards han vencido sin ser utilizadas.

A pesar de que la capacidad del hogar es de aproximadamente 90 niños, actualmente hay 95, y se espera el ingreso de al menos 50 niños más en el muy corto plazo. Todo esto ocurre mientras se insiste en debilitar el equipo clínico y técnico en lugar de reforzarlo.

Frente a este escenario, los funcionarios de la residencia ya se han reunido formalmente con las tres asociaciones de trabajadores del Servicio —Anfusepna, Antrap y Armepro— para exigir medidas concretas contra la dirección actual y denunciar el abandono institucional.

4. Directores desvinculados y cómplices

El director nacional Claudio Castillo y la directora regional Marcela Gaete han demostrado una ineptitud sostenida, marcada por su incapacidad para gestionar en contexto de crisis, su ausencia en terreno y su indiferencia frente a las múltiples alertas que emanan desde la residencia. Ambos han sido cuestionados no solo por funcionarios, sino también por tribunales de justicia, la Defensoría de la Niñez y organizaciones especializadas, sin que hasta la fecha exista corrección, fiscalización ni voluntad real de enmienda.

Su gestión ha sido dañina y peligrosa. Han priorizado criterios políticos y burocráticos por sobre el interés superior del niño, manteniéndose en sus cargos a pesar del evidente deterioro del sistema que dirigen. Esa permanencia, amparada por el Gobierno, refleja una política de encubrimiento y desidia que les ha permitido actuar con total impunidad, pese al daño sistemático causado al bienestar y la salud de cientos de niños y niñas.

5. El Gobierno dice "Los niños primero", pero en los hechos, los niños están solos

La situación en Casa Nacional del Niño es un símbolo del fracaso estructural del modelo de protección en Chile. La falta de familias FAE, la sobrepoblación en residencias, la persecución a funcionarios comprometidos, la desvinculación de pediatras con décadas de experiencia, la amenaza de desarraigar a niños con discapacidad y la separación arbitraria de hermanos, son parte de una crisis que no es técnica, sino política y ética.

El abandono que hoy viven los niños bajo protección estatal no ocurre en la marginalidad, sino en una de las instituciones más emblemáticas del país. Y eso lo hace aún más grave.

Este Gobierno, que ha levantado banderas discursivas en favor de la niñez, pasará a la historia por haber permitido —por omisión o complicidad— que la desprotección se agudizara, que el abuso se institucionalizara y que el dolor de niños gravemente vulnerados fuera invisibilizado.

Esta denuncia no es un rumor ni una exageración. Está basada en hechos constatables, documentación interna, testimonios de funcionarios y una historia institucional que no puede seguir siendo ignorada.

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