El pasado 27 de marzo –después de reunirse con representantes de empresas de servicios básicos– el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas respecto del pago de agua y electricidad, donde destacó el hecho de prohibir los cortes por deudas de este tipo, y la posibilidad de prorratear las cuentas para el 40% más vulnerable de la población, entre otros.

Unos días después, el 4 de abril, anunció que se suspendía el cobro de los recargos conocidos como hora punta y por temporada de invierno de la industria eléctrica.

Sin embargo, en el Congreso no quedaron del todo satisfechos con la iniciativa de Ejecutivo, puesto que bajo el punto de vista de gran parte de los legisladores, se debía contar con una regulación y no un acuerdo voluntario tomado con los empresarios.

A raíz de esto ha avanzado un proyecto de ley que busca algo muy similar a lo anunciado por Piñera, pero con la diferencia de que sería una obligación para las compañías. En resumen, se busca suspender el cobro de servicios básicos como agua potable, electricidad y gas durante Estado de Catástrofe, todo con el objetivo de evitar el corte de suministro en la población más vulnerable.

Hoy 20 de mayo podría votarse favorablemente en la Cámara de Diputados, tal como hizo el Senado el pasado 29 de abril, cuando por 30 votos a favor, 9 abstenciones y ninguno en contra, despachó la iniciativa.

Según diputados de distintas bancadas que conversaron con INTERFERENCIA, esta moción, presentada por un grupo de senadores de oposición e independientes, podría ser despachada al presidente de la República hoy mismo, siempre y cuando no se le agreguen indicaciones que alarguen la discusión.

El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, mencionó que incluso ellos habían presentado un proyecto similar antes que el Presidente anunciara el acuerdo con las empresas, por lo tanto la aprobación de esta iniciativa no debería estar en duda el día de hoy por parte de la colectividad que integra.

Similar posición expresó el demócratacristiano, Jorge Sabag, quien manifestó estar presto a dar el voto a favor, considerando que en los últimos días ha recibido múltiples denuncias de vecinos de la Región de Ñuble en las que acusan alzas desmedidas de las cuentas de luz, lo que lo motivó a presentar una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En tanto, fuentes del equipo parlamentario de Convergencia Social dijeron a nuestro medio que tampoco habrían dificultades desde el Frente Amplio para dar su visto bueno, tomando en cuenta que en el sector también habían presentado algo parecido.

Cabe recordar que el 16 de abril pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de similares características, pero que no avanzó más en el Senado debido a la aparición de la iniciativa que será votada este miércoles. Sobre esta otra moción parlamentaria, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet dijo en aquella oportunidad que harían reserva de constitucionalidad, con lo que boicotearían el proyecto.

“Afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad; segundo, porque resulta inadmisible, a nuestro juicio, en atención a que genera gasto para el Estado; y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas”, argumentó en ese momento Jobet.

Ahora, en los debates que se han dado en la Comisión de Economía del Senado sobre la iniciativa, como el pasado 28 de abril, el mismo Jobet indicó que había que procurar la no afectación de las “distintas empresas de cada uno de estos sectores”. De lo contrario, dijo que se podría perjudicar “a pequeñas compañías que tienen situaciones financieras precarias”.

A renglón seguido, la autoridad dijo que estaban buscando ampliar los beneficios logrados en acuerdo con la industria eléctrica, a modo de extenderlo a personas que hayan activado su seguro de cesantía y también a trabajadores independientes que “hagan una declaración jurada simple en la que conste que están con alguna dificultad para pagar”.

En su minuto, el senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, le consultó al ministro si es que el Ejecutivo se haría parte de este proyecto, y la respuesta de Jobet no fue afirmativa ni negativa; solo indicó que había que analizar las repercusiones que podrían haber en los sectores involucrados.

Las compañías eléctricas y sus facturas provisorias

Otro de los problemas asociados a los cobros de electricidad tiene que ver con la facturación provisoria que las compañías de electricidad tienen permitido realizar a los usuarios cuando no es posible acceder a los valores que el medidor arroja sobre consumo.

Debido a la pandemia por Covid-19, y en particular, a las numerosas cuarentenas que han habido en distintas ciudades del país, las compañías eléctricas han optado por detener la lectura pedestre de medidores. Es decir, los funcionarios que visitaban los hogares para hacer esta labor han dejado de hacerlo en aquellos sitios donde existe confinamiento.

El hecho de que los medidores no puedan ser leídos, faculta legalmente a las compañías a realizar un cobro que consiste en el promedio del valor de las últimas seis cuentas de electricidad que ese usuario haya pagado.

Numerosos usuarios, en especial pequeños comerciantes, han acusado lo desatinada de esta medida, sobre todo en medio de la actual contingencia. Se trata de locatarios que siguen pagando arriendos, y cuentas por servicios básicos a pesar de que sus negocios están cerrados y por ende no generan ingreso alguno.

Daniel Guzmán, dueño de una botillería en Ñuñoa dijo a nuestro medio que “el mes pasado tuve cerrado todo el mes y me llegó una cuenta de 660 mil. En condiciones normales pago generalmente entre 500 y 550 mil pesos. Es decir, está incluso por sobre lo que pago habitualmente”, y agrega que “la mayoría de los comerciantes de mi rubro estamos al borde de la quiebra”.

INTERFERENCIA se comunicó con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Desde ese organismo se nos señaló que estaban al tanto de los problemas que han ocurrido debido a la facturación provisoria que están realizando las compañías eléctricas, y señalaron que a pesar de estos problemas, la solución recomendada es que las personas se pongan en contacto con sus distintas empresas de electricidad, de tal forma que a través de este diálogo se puedan hacer las devoluciones o ajustes que tengan que realizarse a la facturación.

Nuestro medio, además, conoció a través de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) que uno de los problemas más reportados al respecto por los consumidores es que precisamente esta comunicación es muy deficiente.

“El problema es que estos beneficios no son automáticos, entonces la gente no sabe si tiene que ir a las municipalidades, al gobierno, o a la compañía a exigirlos. Ahí se produce un atasco de tantas personas que quieren beneficiarse. Muchas de las quejas que hemos recibido son porque las personas no pueden comunicarse con estas compañías. Problemas con las llamadas de teléfono, también hay personas mayores que no entienden muy bien el internet, entre otras cosas”, señaló Stefan Larenas, presidente de Odecu.

Consultados sobre este punto, desde la SEC se informó que el Superintentende de Energía y Combustibles, Luis Ávila, había oficiado a las compañías para que informen sobre las medidas que están tomando.

En esa misma línea, también se las ofició para que indiquen “sobre la disponibilidad, facilidades y reforzamiento de los canales de atención para la recepción de los reclamos e información de las lecturas aportadas por los usuarios”. Fuentes allegadas a la SEC informan que esto se refiere a que las empresas clarifiquen, por ejemplo, cuántos trabajadores tienen en los callcenter para así poder dar una atención satisfactoria a los usuarios.

INTERFERENCIA se comunicó con el equipo de comunicaciones de Enel para conocer de qué forma están operando al respecto. Esa compañía señaló que a los clientes residenciales “se les calcula el consumo promedio de los últimos seis meses”. Sin embargo, declararon también que “en el caso del pequeño comercio, que en algunos casos han dejado de operar, se están realizando planes especiales de lectura”.

Respecto del acuerdo entre el gobierno y las compañías eléctricas, Enel indicó que “todos los clientes que han contactado a la empresa y que han acreditado su condición de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares han accedido a la flexibilidad de pago”.

INTERFERENCIA también tomó contacto con el área de comunicaciones del Ministerio de Energía, para conocer si existe en agenda alguna medida desde el gobierno que pueda beneficiar o paliar las dificultades de los usuarios y pequeñas empresas, sin embargo declinaron referirse al tema. Desde ahí se señaló que la vocería sobre estos temas se estaba realizando de manera exclusiva por parte de la Superintendencia de Energía y Combustible (SEC).