Cuando el lunes 6 de enero varios parlamentarios del oficialismo presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para cesar de sus funciones al diputado comunista Hugo Gutiérrez abrieron, sin querer, una caja de pandora.

Al día de hoy, las acusaciones y reclamos judiciales se amontonan y arrastran a la pelea a dos instituciones poderosas: la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el TC.

Y ayer se dio un nuevo paso con una denuncia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) frente a la Fiscalía Nacional para investigar supuestos delitos de la ANI y el TC en el marco de esta investigación.

El inicio

La idea original de los legisladores de la derecha era demostrar que Hugo Gutiérrez (PC) había sido uno de los instigadores de la quema de una parte de un regimiento militar de Iquique el 19 de octubre pasado, en el segundo día del estallido social chileno.

Entre los diez diputados y diputadas que pidieron remover al diputado comunista figuraban Jorge Alessandri (UDI), Jorge Carter Fernández (independiente de derecha y hermano del alcalde de La Florida), Juan Antonio Coloma Álamos (UDI, hijo y nieto de legisladores), María José Hoffman (UDI), Javier Macaya (UDI) y Diego Schalper (RN).

Sin embargo, las perspectivas de éxito son bajas. Hasta el día de hoy, el TC no ha suspendido a ningún legislador.

El último intento se produjo en contra del senador Alejandro Navarro en 2007. En esa ocasión los parlamentarios de derecha Alberto Cardemil (RN), Darío Paya (UDI), Cristián Mönckeberg (RN), entre otros, pidieron que ese legislador fuera cesado de sus funciones. Quien patrocinó esta ofensiva fue Miguel Ángel Fernández, abogado de la Universidad Católica y quien en 2018 fue nombrado por el presidente Sebastián Piñera como magistrado del Tribunal Constitucional. Es más, muchos creen que él podría suceder en la presidencia a María Luisa Brahm, estrecha colaboradora de Piñera en su primer gobierno.

El momento actual

Hay varias aristas que llaman la atención en este caso.

El 22 de mayo de este año, el TC ofició a la ANI para entregar antecedentes sobre los hechos sucedidos en Iquique el 19 de octubre. El 4 de junio, el director de la aAgencia, el contraalmirante en retiro Gustavo Jordán, remitió un informe de cuatro páginas al Tribunal. Esta información fue revelada por el periodista Jorge Molina Sanhueza de la Radio Bío Bío el pasado 19 de junio.  

Sin embargo, entre medio sucedieron cosas extrañas. Ese informe de la ANI, que apuntaba a varias organizaciones sociales como convocantes de una protesta en esa ciudad, incluyendo a la Anef, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otros grupos, se subió a la página del TC, para después ser bloqueada por el propio organismo.

El informe, publicado por Radio Bío Bio y adjunto en este reportaje, muestra que la información de la ANI es muy rudimentaria y sólo hace referencia a unas pocas cuentas de Facebook y Twitter.

La Policía de Investigaciones (PDI) también fue oficiada por el TC en este caso, pero básicamente le dio un portazo al Tribunal al afirmar que no tenía información alguna (ver documento adjunto).

Es más, toda la información entre la ANI y el TC ha sido bloqueada en la página web del propio Tribunal Constitucional (ver adjuntos). Según fuentes de ese Tribunal, ello forma parte de las prerrogativas del TC. “El informe de la ANI ni siquiera venía con el rótulo de Secreto”, dice un funcionario de esa institución. “Nos dimos cuenta después de que lo legal era no publicar la información”. 

Sin embargo, según la denuncia presentada por la Anef ante el Ministerio Público, el TC habría incurrido en un delito al publicar ese informe de inteligencia, aunque a pocos días haya sido bajado de su web.

Peor aún sería la falta de la ANI que, dados sus estatutos, sólo debe informar a la Presidencia, al Congreso o a la Fiscalía (en ciertas circunstancias) respecto a la información que tiene. El hecho de que haya entregado un informe de inteligencia al TC podría, en teoría, constituir un delito. Y el hecho de que ese tribunal publicara, aunque sea por unas horas, ese reporte, también podría ser constitutivo de un delito.

“Lo de la ANI y el TC es una muestra más de las irregularidades en el proceso que busca destituir al diputado Gutiérrez”, asegura Fernando Monsalve, abogado del diputado. “Por desgracia, no es una sorpresa”.