La historia incluye armas, un casino tragamonedas ilegal al amparo de un supuesto mall chino, un contacto de Whatsapp identificado como “segundo a cargo”; un celular brasileño, un hombre con acento mexicano y un paquete de ketamina que viajó por avión desde los Países Bajos.

El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.

El director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Luis Marcó, asistió a la comisión tras ausentarse en dos ocasiones. La sesión abordó el reciente hackeo, subasta y publicación de información secreta del Ejército en la dark web, además de una causa laboral de la Agencia y los atentados en Valparaíso y el sur del país.

Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, solicitó por Transparencia saber cuántas bases de datos utiliza la Agencia Nacional de Información. Datos que fueron denegados, pese a que el Consejo para la Transparencia acogió un amparo en su favor. El Consejo de Defensa del Estado judicializó el caso, logrando que se declarase ilegal el requerimiento y pidiendo costas por un juicio que García nunca solicitó.

El polémico fallo la Tercera Sala de la Corte Suprema clavó una estocada a la agencia de inteligencia del gobierno, tras perder un recurso de protección interpuesto por una ex funcionaria quien acusó a su director, el ex vicealmirante Gustavo Jordán, de beneficiar a ex funcionarios de la Armada con asesorías por trabajos injustificados.

La psicóloga que trabajó junto al juez Daniel Calvo en la primera etapa de este bullado caso de pedofilia y prostitución infantil alza la voz para acusar a quienes, según ella, arruinaron su vida sólo porque algunas personas pensaban que sabía más de lo que en realidad sabía, todo por haber tenido contacto con los menores denunciantes de la red pederasta.

Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.

Ayer 16 de junio la Anef pidió a Jorge Abbott investigar un posible delito al interior de la Agencia Nacional de Inteligencia, por haber entregado a inicios de este mes al Tribunal Constitucional un informe sobre las organizaciones y personas que, supuestamente, azuzaron los ánimos que llevaron a un atentado incendiario en contra de una instalación del Ejército en Iquique el pasado 19 de octubre. El procedimiento, según los denunciantes, es ilegal.

La Unidad de Análisis de Datos destina a múltiples funcionarios a nivel país a recopilar información que ayude al gobierno a manejar conflictos sociales. A pocos días de marzo, cuando se pronostica mayor intensidad en las protestas en Chile, el equipo está liderado por Cristián Barra, el controvertido jefe de Estadio Seguro entre 2012 y 2014.

Hace dos semanas La Tercera reveló que la empresa española Alto Data Analytics había elaborado ese reporte. Pero ¿quién lo mandató? El informe fue elaborado para Quiñenco y Rodrigo Hinzpeter traspasó la información al gobierno, según pudo establecer nuestro medio.

Gonzalo Yuseff, un ex fiscal, tiene desde abril un contrato a honorarios con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas por 4,5 millones de pesos. Una de sus principales labores es "asesorar al ministro en materias de planificación superior de la Defensa Nacional".

Para distintos fines, la Ley de Inteligencia y el Código Penal permiten esta medida intrusiva, siempre con la aprobación de jueces. Pese a lo delicado de estas acciones, distintos magistrados las han autorizado en circunstancias muy inapropiadas, como se supo recientemente que pasó con el periodista Mauricio Weibel, quien fue espiado mientras investigaba el Milicogate.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó publicar esta información. Pero el Consejo de Defensa del Estado interpuso una queja que fue acogida por el máximo tribunal por razones de seguridad.

La inteligencia policial no está preparada, casi no existen controles en la comercialización de insumos y falta una legislación moderna y coherente. Esas parecen ser las principales trabas que impiden el control y la prevención de ataques como el del jueves pasado.