En 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó la reforma al sistema de pensiones, en la cual se creó un pilar paralelo al sistema contributivo con el objetivo de mejorar el monto de las pensiones más bajas del sistema: el Pilar Solidario.

Dentro de las modificaciones que se realizaron a la Ley Nº 20.255, se estableció la obligación de los trabajadores independientes -los boleteros- de cotizar en los sistemas de pensiones y de salud. Esta obligación se materializaría en cada Declaración Anual de Impuesto a la Renta sobre las rentas obtenidas en el año calendario anterior, con un sistema de gradualidad en un horizonte de diez años.

Esta gradualidad disponía que en el año 2015 sería obligatorio cotizar por el 100% de la renta imponible por concepto de pensiones y salud laboral, y en 2018 se sumaría la salud común. Sin embargo, llegado el año 2016, el sistema comenzó a percibir los primeros síntomas de una crisis de legitimidad que se extendería hasta la actualidad.

Por esa fecha, 2016, empezaron a hacer noticia los resultados obtenidos por la primera generación de egresados puros del sistema de AFP, dejando al descubierto el bajo monto de las pensiones de la mayoría. Sin ir más lejos, de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Pensiones, la mitad de las personas que jubilaron por vejez en el mes de enero de 2019, recibió un monto inferior a $52.909. En el caso de la mujeres, la mitad de las 5.987 nuevas jubiladas recibió menos de $26.179.

En medio de esta escenario, el segundo gobierno de Bachelet decidió, en 2016, postergar la obligación de los trabajadores independientes de cotizar para pensiones y salud laboral hasta el 2018, atendido que un número importante de trabajadores independientes había comenzado a renunciado a cotizar desde 2013 en adelante.

Jeanette Jara fue testigo y protagonista dentro de esta discusión. A comienzos del gobierno de Bachelet se desempeñó como jefa de gabinete de Marcos Barraza, en ese entonces subsecretario de Previsión Social y posteriormente, a fines de octubre de 2016, asumió en ese cargo, donde se mantuvo hasta el final del gobierno.

Actualmente, Jara se desempeña como contralora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y desde este lunes integra la comisión técnica que está levantando la oposición para enfrentar la reforma a las pensiones presentada por el gobierno, como representante del Partido Comunista. Espacio que dirige el diputado Raúl Soto (DC) y que convoca, entre otros, a Osvaldo Andrade (PS), Alejandra Krauss (DC) y Claudia Sanhueza (FA).

INTERFERENCIA, repasó junto a la ex subsecretaria los principales coletazos que dejó la implementación de la ley 21.133 en la actual operación renta y los nudos más conflictivos de la reforma presentada por el actual gobierno.

La ley N° 21.133, publicada el 2 de febrero de 2019 estableció la obligación de cotización por parte de los trabajadores independientes, pero de forma gradual, en la cual la imposición para las pensiones partiría en un 3% y recién en 2028 llegaría al 10%. Tomando esto en consideración ¿Va a tener un impacto real en las pensiones de los honorarios que comiencen este régimen hoy?

No, la verdad, es que la reforma no va a tener un impacto significativo en sus pensiones y de igual forma el estado va a tener que contribuir a través del Pilar Solidario.

Para comprender esta situación, primero tenemos que saber que nuestro sistema está basado en la capitalización individual, cuestión que está directamente relacionada con un gran problema que el gobierno no quiere aceptar: las bajas remuneraciones o ingresos por honorarios que hoy reciben la gran mayoría de los trabajadores del país les impiden cotizar un monto que les asegure una pensión digna.

En consecuencia, para solucionar este gran problema y generar pensiones que se acerquen al menos a la línea de la pobreza, ojalá al salario mínimo, se requiere un cambio estructural del sistema y no solamente afectar una parte del mismo, que es lo que hizo en este caso, con la entrada en vigencia de la ley 21.133 que no logra avanzar su objetivo principal, que es mejorar la situación de los trabajadores más precarizados; los independientes.

¿Entonces la norma estaría beneficiando a las AFP al otorgarles más recursos y convertiría al SII en una especie de caja recaudadora para privados?

Hoy los trabajadores no tienen la posibilidad de elegir el sistema de pensiones que desean tener, sólo hay operadores privados. En este caso, la ley estableció un mecanismo de transferencia de recursos desde las personas hacia los privados.

Bajo este modelo, podría haber sido cualquier institución la que estuviese a cargo de la operación, pero la ley definió el SII. El punto acá es que el estado esté haciendo una captación de recursos de los cotizantes, para fortalecer una industria, que es la industria de las AFP.

El conflicto que se esconde detrás de esto, es que estamos ante una industria privada de pensiones que ve los fondos previsionales con ocasión de la inversión especulativa y del mercado, en la cual produce lucro, donde los ahorros previsionales - que acumulan el 71,6% del PIB nacional - han sido utilizados en la especulación de las empresas y en el desarrollo de los mercados financieros.

Desde este punto de vista, ocurre que los cotizantes con sus ahorros forzosos, a lo largo del tiempo, han contribuido a que se creen empresas que luego son gestionadas con participación de los directores de las AFP.  Sin embargo, el cotizante, que es el principal dueño de los fondos, no tiene participación alguna, ni ven que los resultados se expresen en una buena pensión.

Durante 40 años la industria de las AFP logró generar un dogma, afirmando que este sistema era bueno para Chile, pero en la realidad no hubo una preocupación de la industria hacia los pensionados, que debiese ser su principal foco de atención. Esto se refleja en que sus resultados financieros no están relacionados con el monto de la pensión del jubilado.

Acá hay una deuda fundamental con nuestros cotizantes y es que nuestro sistema, al desarrollarse en la lógica de lo privado, no mira el fin público, que es la seguridad social y dar tranquilidad en la vejez.

Con la entrada en vigencia de esta Ley, los trabajadores independientes van a recibir pensiones insuficientes, al igual que los trabajadores dependientes, pero ahora se le agrega un nuevo perjuicio económico porque los priva de un ingreso con el que contaban, a través de la devolución de impuestos y, al mismo tiempo, aumenta el capital de las administradoras.

Otro aspecto que ha sido criticado es la posibilidad que abre la Ley para que las isapres reciban por adelantado, la cotización anual de salud de sus afiliados ¿Cuál es la crítica de fondo hacia esta forma de traspaso?

Lo que hace esta Ley es proveer por anticipado el pago de un servicio, porque estableció la posibilidad de que se traspasen los fondos en un pago anual o de forma mensual a través de una transferencia desde la Tesorería a las Isapres, lo que cubriría al trabajador por el periodo que le sigue.

Si esto quedó definido por Ley, ningún reglamento va a poder regular que esta transferencia sea únicamente mes a mes, porque la ley ya le dio la posibilidad de que sea de ambas maneras -mensual y anual- a partir de la incorporación del artículo 92.

Ocurre en este caso, que los cotizantes, al contrario de muchas fórmulas que hay de prestaciones de servicios, van a ser obligados a pagar la cobertura de salud antes, es decir, que les descuenten hoy, para cubrir el periodo comprendido entre julio de 2019 y julio de 2020.

Esto es crear una ley para que al trabajador independiente, antes de que se le preste un servicio, deba pagarlo. Y lo que debe ocurrir, como pasa en el mercado del trabajo, es precisamente lo contrario, pues el trabajador presta los servicios y luego tiene que andar detrás de los que se lo encargaron para que le paguen.

Todo lo que se ha dicho hasta ahora, como no hay reglamento escrito, porque los proyectos recién fueron ingresados a la Contraloría el 3 de abril, se queda en el discurso, pero uno bien podría pensar que esta plata, si se traspasa de forma anual, va a ser utilizada por las isapres para rentar y generar intereses, durante el tiempo que la tengan en su poder y sin que haya transcurrido la mensualidad en la cual el cotizante va a estar cubierto.

Se ha dicho que la transferencia va a ser fijada de forma mensual en el reglamento, para no generar estos intereses, pero la ley estableció que puede ser de ambas formas y el reglamento es de rango inferior a la ley, por tanto las isapres podrían exigir esa posibilidad.

La oposición ha sido sumamente crítica de la implementación de la Ley, pero tuvieron la oportunidad de enfrentar este tema en el gobierno anterior, donde usted fue subsecretaría ¿Por qué no resolvieron este tema antes?

Durante el gobierno de la presidenta Bachelet se discutió el tema y se postergó la entrada en vigencia de la obligatoriedad de la cotización de los independientes, ya que producto de la deslegitimidad de las AFP y de las bajas pensiones, no tenía sentido enfrentar parcialmente un debate para incorporar al sector de los independientes, sin asumir antes la necesaria reforma completa al sistema de pensiones.

Durante el gobierno de la presidenta, primero se legisló postergando la entrada en vigencia de la cotización de los independientes. Y cuando se acercó nuevamente el plazo de ingreso de los trabajadores independientes, se propuso la incorporación gradual -en conjunto con la ley que reforma al sistema de pensiones- lo que finalmente no avanzó. Estuvimos seis meses en mesas de trabajo con todos los sectores políticos, pero a la hora de votar, la derecha se opuso, porque precisamente lo que el proyecto de Ley nuestro hacía era introducir modificaciones con la vista puesta en la seguridad social, ya que creaba una entidad pública e introducía el reparto, además de crear la cotización del empleador.

Digo que creaba reparto, porque establecía que de una parte del 5% del empleador, iba a ir a transferencias intergeneracionales, intrageneracionales y medidas de equidad de género. Esas medidas, en particular las de reparto, permitirían subir las pensiones de los actuales jubilados en un 20%, y la de los futuros jubilados. Eso no lo hace el proyecto del presidente Sebastián Piñera, ya que sigue moviéndose dentro de la lógica de la capitalización individual y de las AFP.

A principios de esta semana se creó una comisión técnica en la oposición para evaluar la reforma a las pensiones del actual gobierno. Como militante comunista usted representa una posición dentro de este espacio ¿Cuál es el punto en común desde el cual se pretende iniciar esta discusión?

En primer lugar, para la oposición es una imperiosa necesidad subir las pensiones. Sin embargo, creemos que esto dentro del actual sistema de AFP no es posible. Hay que salir de ese marco de discusión.

A diferencia de nuestro país, en el resto del mundo las pensiones se diseñan dentro de un marco de seguridad social. La tendencia mayoritaria en el mundo en los últimos años ha sido el tránsito de sistemas privados hacia sistemas públicos.

Esto ha ido pasando porque los sistemas de seguridad social se crearon para dar tranquilidad y garantía a los ciudadanos de que ante ciertas contingencias van tener el apoyo de la sociedad para enfrentar dichas situaciones, como por ejemplo, la vejez.

Para entregar esta cobertura se generan pisos de protección social, con pensiones base, similares a las que hoy se entregan a través del Pilar Solidario, pero que en vez de estar focalizadas al 60% de la población, son de carácter universal, es decir para todos los pensionados. Esa es la línea de base hacia arriba, pudiendo cada pensionado incrementar su pensión a través de reparto e incluso puede sumar su cotización o ahorro individual, pero ya tiene un piso constituido por la pensión base universal, más el reparto. Lo demás es accesorio.

Partiendo de esta base, para nosotros, los comunistas, un sistema de pensiones tiene que ser público; tripartito: de cotización igualitaria entre trabajador empleador y estado; solidario y de reparto. La conversación se está iniciando y desde el partido tenemos esa posición para partir.

¿Cuáles son los principales nudos en la reforma?

Estamos revisando de forma conjunta el proyecto como oposición y tenemos preocupaciones fundamentales. Sin ir más lejos, este lunes me tocó exponer en mi calidad de ex subsecretaria ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, donde presenté algunas datos que me parecen sumamente preocupantes.

Hoy en dia, el Pilar Solidario se encarga de dar una pensión que cubre a quienes no tienen pensión o a los que tienen una pensión de AFP, muy bajita [las APS]. Estas personas cuentan, en un principio, con $80 mil y se les entrega un aporte solidario adicional de otros $80 mil, quedando con una pensión de $160 mil.

En este caso, si la persona tiene por ejemplo $ 30 millones en su cuenta, va ir descontando esos $ 80 mil mes a mes y si fallece, su saldo le queda como pensión de sobrevivencia o herencia.

La propuesta del presidente Piñera cambia la fuente de financiamiento y descuenta los 80 mil pesos que entrega el estado de la propia cuenta del afiliado. Lo que el gobierno propone, es que ahora los $160 mil de la pensión se financien completamente con el ahorro del cotizante y cuando se le acabe la cuenta, recien el estado va a entrar.

Entonces, están plantando un problema para los futuros gobiernos, pero además, van a agotar el saldo de los trabajadores sin una transferencia que debía venir desde el estado. Junto a lo anterior, si el saldo disminuye o se agota, le quitan al trabajador lo que dejaría de herencia, y si tenía que dejar pensión de sobrevivencia, será el estado quien la deba cubrir.

Por otro lado, el presidente ha dicho que va a reajustar el Pilar Solidario hasta en un 50%, pero ha puesto una serie de condiciones que hacen que sea una mera ilusión. La pensión básica hoy es igual para todos los que cumplen los requisitos, sin embargo, el gobierno propone discriminar por edad para reajustar la pensión. Así, señala, si una persona tiene más de 85 años, podría ver incrementada su pensión en un 50%. El punto que es que solo el 10% de los beneficiarios del pilar va a alcanzar esa edad.

Como asocia el reajuste a la edad, resulta que los pensionados por invalidez del pilar solidario solo podrán ver el reajuste del 10%, ya que tienen menos de 65 años de acuerdo a la Ley. En mi opinión, si se aprueba eso, se estaría violando la convención que protege a las personas con discapacidad que Chile ratificó, ya que exige un trato no discriminatorio.

Dentro de este aspecto, tenemos que pensar que el objetivo del Pilar Solidario es aliviar la pobreza y por eso no hay razón para cambiar la base de prestaciones igualitarias para los beneficiarios de dicho pilar.

A los pensionados actuales de AFP, la solución que se les propone es incorporar un subsidio a partir de 3 bonos que van entre los 1.000 y 5.500 pesos, con cargo fiscal. Los requisitos son tener cumplidos 65 años, ser pensionados de AFP por vejez o vejez anticipada, haber cotizado 22 años en el caso de los hombres y 16 años en el de las mujeres, y que la suma de la pensión, más los aportes, no exceda las 25 UF.

El mismo mensaje del proyecto de Ley del gobierno reconoce que el promedio de cotizaciones en los hombres es de 17,9 años y en mujeres de 12,9 años ¿Por qué se fija esa cantidad superior? En atención a la mediana. Es decir, estos bonos excluyen de partida al 50% de las jubiladas por vejez. Sumado a esto, se deja fuera a los 620.221 pensionados por el IPS, a los 139.645 pensionados de invalidez por el Decreto Ley 3.500 y a los 279.961 pensionados de sobrevivencia del mismo Decreto Ley.

En definitiva, el proyecto es un engaño porque no sube las pensiones.