La compleja trama de la Mutualidad de Carabineros (Mutucar) y la venta de sus propiedades con lo que desalojarían a centenares de carabineros de bajo rango, parece no terminar nunca.

A los antecedentes informados por INTERFERENCIA acerca de cinco suboficiales de Carabineros en retiro que demandan a Mutucar por poner en venta las casas donde residen y que han generado una especie de rebelión de los suboficiales de Carabineros; hoy se suman antecedentes que apuntan a una eventual demanda de parte de estos ex suboficiales en contra del Estado de Chile.

Teniendo en cuenta que Mutucar es un organismo autónomo, regido por el derecho privado, dado un decreto de tiempos dictatoriales, entonces ¿por qué demandar al Estado de Chile?

Mutucar adquirió las propiedades en cuestión con los recursos aportados por todos los miembros de la policía uniformada, la PDI y Gendarmería -es decir, funcionarios de gobierno- a quienes mes a mes se les descuenta sueldo que va a esta mutual, a través de un contrato tipo que no ha sido transparentado en tribunales, al menos hasta hoy.

A su vez, la forma en que los carabineros arriendan esos inmuebles, es pasando por la dirección de Bienestar de Carabineros la que establece el acuerdo con Mutucar para aquellos uniformados en servicio que lo requieren, por haber sido trasladados de ciudad.

Entonces, en rigor, el arriendo de las propiedades es de un ente del Estado (Bienestar), que acuerda con una institución de derecho privado (Mutucar), para el usufructo de funcionarios públicos (los policías).

¿Por qué esto implica una posible querella contra el Estado? Pues es Bienestar de Carabineros la entidad que se relaciona con los arrendatarios y no Mutucar.

Además, los suboficiales acusan una serie de irregularidades en los contratos.

Aunque el convenio de Bienestar con los funcionarios especifica que estas propiedades deben abandonarse al pasar los funcionarios a retiro, la ley de arriendos dice otra cosa: se otorga meses de gracia para la devolución de una propiedad a quienes la han arrendado, cuya cantidad de tiempo depende de una serie de características. En el caso de estas viviendas en conflicto, los arrendatarios deberían contar al menos un año y medio de gracia, por haber permanecido por al menos una década en ellas, plazo que no se ha respetado por parte de Bienestar.

“Pensamos en la posibilidad de demandar al Estado por incumplimiento de la ley”, dice uno de los defensores de estos suboficiales.

Los demandantes acusan que existen muchas irregularidades en el arrendamiento que establece Bienestar de Carabineros con los funcionarios que ocupan las viviendas de Mutucar. Por ejemplo, el contrato de arriendo tiene cláusulas que dicen que si un funcionario pasa a retiro debe entregar la casa en un plazo de 30 días, pero eso contraviene la ley de arriendos. Si los funcionarios no desalojan, se les cobra multas por el arriendo que es cercana al doble del valor, las cuales son descontadas de su pensión en las planillas de liquidación mensual automáticamente. Algo que irrespeta el plazo que la ley fija para abandonar una vivienda en caso de arriendo.

Liquidando inmuebles desde agosto de 2019

El pleito no es de este año.

“Asesoramos a los carabineros afectados desde agosto del año pasado, cuando la Mutual demandó a estos funcionarios por termino de contrato de arrendamiento. Los demandaron en agosto del año pasado, aunque el documento de venta de casas salió recién en mayo de este año, meses después”, señala uno de los abogados de los suboficiales perjudicados por Mutucar y Bienestar..

En octubre del 2019, los cinco suboficiales de carabineros ahora demandantes y habitantes de las casas de Maipú -que se incluyen en la venta de 145 inmuebles a lo largo del país por parte de Mutucar- presentaron una carta solicitando comprar estas casas. 

La Mutucar aceptó vender estas casas a sus asociados sin fijar un precio específico pero teniendo como antecedente los valores anteriores de venta de similares viviendas en el mismo condominio; es por esto que los funcionarios calcularon estar en condiciones para comprarlas.

En medio de esta negociación, la CMF impidió a la Mutualidad entregar seguros y préstamos, dado que no entregaban información financiera vital en más de tres años, razón por la cual Mutucar decidió subir el precio de estas viviendas, de un día para otro.

De esa forma, tal como publicó ayer INTERFERENCIA, un grupo de suboficiales presentaron un recurso de protección contra la Mutualidad de Carabineros debido al alto precio al que pretendía vender las casas que estos suboficiales estaban arrendando, habiendo desde antes una opción preferente de compra. Algo que tenía sentido al tratarse de un ámbito mutual y sin fines de lucro.

INTERFERENCIA accedió a documentos que muestran detalles sobre el caso.

En una carta de diciembre de 2019, la Mutucar respondió a los requerimientos de estos suboficiales a propósito de los precios de estas casas. En esa carta la entidad señala que debe vender estas casas a un precio de mercado debido a exigencias impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“[La CMF] impone a esta corporación el deber de mantener y acrecentar el patrimonio y las reservas para afrontar las obligaciones de pago de siniestros. Por ello, el precio de venta de los inmuebles debe cumplir con ese objetivo [...] esta Mutualidad solo puede enajenar inmuebles por el valor de tasación comercial que, en el fondo, es un costo de reposición para mantener las reservas técnicas y patrimoniales”, señala la misiva.

En la carta, Mutucar dice que está en condiciones de vender los inmuebles por el precio de 2.200 UF (algo más de 63 millones de pesos), y cierra señalando que, en todo caso, están dispuestos a sostener una reunión con los suboficiales afectados.

Escandalizados por esta situación y asesorados por sus abogados, estos suboficiales decieron preguntar a la CMF si era efectivo que fue ella la que influyó en el precio de venta de cada propiedad de Mutucar.

La CMF les contestó señalando que no está entre sus atribuciones fijar precios de propiedades de la Mutual ni de ningún otro organismo, así como tampoco iniciar una investigación al respecto, debido a que el tema de las viviendas “no está dentro del ámbito de competencia de este organismo”.

“Ellos subieron los precios de venta para hacer caja”, señala uno de los afectados por esta medida, quien agrega que “compraron las casas con nuestro dinero como asociados y ahora nos perjudican para tapar un hoyo financiero”.

Todo esto sucede pese a que Carabineros realizó ayer una aclaración respecto de la cobertura de INTERFERENCIA en redes sociales, en la que dijo que "el Consejo de Mutucar informó que se dispuso el re-estudio de la temática, caso a caso, en cada región del país, respecto de la eventual venta de inmuebles. Por esto, el personal no dejará las viviendas, salvo excepciones que por razones del servicio deberán ser trasladados a otra región".