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Lunes, 26 de octubre de 2020
Salar de Atacama

Atacameños dan portazo a SQM: “No vamos a negociar, no se puede compensar el daño hecho en nuestras tierras”

Paula Huenchumil
Joaquín Riffo

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Fotografía: Nicolás de Camaret
Fotografía: Nicolás de Camaret

Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa. 

El Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta y habitado ancestralmente por comunidades indígenas del pueblo atacameño, continúa siendo un territorio en disputa, principalmente por el interés que generan sus recursos por parte del sector empresarial, siendo SQM la protagonista. 

Tal como señala el sitio web de una de las productoras mundiales de litio, hoy cuentan con “acceso exclusivo a las mayores y mejores reservas del mundo de caliche y salmuera. Se dispone de las más extensas reservas de yodo y nitrato, y también de las más altas concentraciones de litio y potasio de las que se tenga registro”.

Uno de sus actuales proyectos -que ha levantado la resistencia de las comunidades atacameñas- está ubicado a 60 kilómetros al sur poniente de Toconao, a 38 kilómetros al poniente de Peine y a 100 km. al sur poniente de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. "Se trata de una iniciativa dedicada a la producción de cloruro de potasio, sulfato de potasio, ácido bórico y salmuera rica en litio en las instalaciones que SQM posee en el Salar de Atacama, la cual contempla aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde del salar y aumentar el área de evaporación solar y acopio de sales de descarte en el núcleo”, según constata un fallo del Primer Tribunal Ambiental. de diciembre de 2019. 

Dicho proyecto se vio envuelto en un procedimiento sancionatorio en noviembre de 2016, iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a SQM, luego que la entidad ambiental detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica, principalmente, relacionado a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Finalmente, en enero del 2019, la SMA decidió aprobar el Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM Salar S.A, avaluadas en un monto que asciende a $17.205.184.000 millones, equivalente a USD 25 millones.

Ante la decisión de la SMA, las comunidades de Peine, Camar y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presentaron en febrero de 2019, ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, una reclamación contra la SMA por la aprobación del Programa de Cumplimiento presentado por SQM. Finalmente, el 26 de diciembre del mismo año, en un fallo unánime, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de las comunidades atacameñas por la aprobación de SQM para la extracción de litio en el salar.

Pese a la sentencia, en junio de 2020, el Primer Tribunal Ambiental ofició al órgano fiscalizador luego de una solicitud realizada por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. De ese modo, se acusó que la Superintendencia “no ha realizado la reapertura del procedimiento sancionatorio por las infracciones medioambientales cometidas por la empresa”. Además, la organización aseguró que la empresa mantiene su comportamiento.

Así, la SMA no sólo siguió con una actitud pasiva frente a la situación, además defendió el plan ambiental de la minera SQM, e incluso apeló a la Corte Suprema. Sin embargo, el caso tuvo un nuevo revés y el 11 de agosto la SMA presentó un documento desistiendo de los recursos de casación en la forma y fondo que había presentado en enero en Suprema contra la sentencia dictada por el Tribunal Ambiental. Es decir, la SMA realizará un nuevo estudio del plan de cumplimiento de SQM y las comunidades han señalado que presionarán para que se revoque el permiso ambiental y se cierren las operaciones de la empresa.

El modus operandi de SQM

“SQM siempre ha intentado buscar arreglos o negociaciones con las comunidades y entiendo que tienen algunas iniciativas. En ese sentido, nosotros como consejo no podemos intervenir, cada comunidad es autónoma de poder resolver los conflictos que tienen con esta empresa. Nosotros vamos a respetar y obviamente que no necesariamente compartimos la decisión y al menos nosotros como Consejo de Pueblos vamos a continuar con nuestro proceso y vamos a llegar hasta el final”, dice a INTERFERENCIA Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Al consultarle si SQM los ha intentado presionar, indica “por supuesto”. “Siempre están ofreciendo poder llegar a acuerdo, terminar en algún convenio o negociación, pero nosotros como Consejo de Pueblos Atacameños, mantenemos lo que han dicho nuestras bases, las asambleas, y es que no hay posibilidad de aquello”.

Respecto al proceso sancionatorio que está abierto, Cubillos sostiene que esperan que “de una vez por todas esta empresa pueda tener las sanciones correspondientes, debido a que ha cometido daños invaluables e importantes”.

“Ellos deberían presentar un plan de cumplimiento y nosotros vamos a exigir que haya Consulta Indígena, y también vamos a exigir que haya una revocación de la resolución de la calificación ambiental de la empresa”, añade el representante del Consejo de Pueblos Atacameños.

En la misma línea, Amanda Barrera, presidente de la comunidad atacameña de Peine, indicó a INTERFERENCIA que “no vamos a negociar con SQM, no hay manera que se pueda compensar en el daño hecho en nuestras tierras y nuestras aguas. Nuestra postura es clara, y creemos que nunca va a existir un compromiso real de la empresa por los daños que han causado”.

En esa línea, Barrera dijo que “SQM siempre trata de meterse a escondidas a las comunidades, de buscar otras instituciones dentro de las comunidades a quien ofrecer financiamientos a proyectos que son muy chicos, para ellos no es nada económicamente”. 

El viernes 21 de agosto, La Tercera publicó $1.700 millones por la paz en el Salar de Atacama: SQM llega a acuerdo con comunidad indígena en proceso por uso de agua. Un artículo que ha sido criticado por algunas de las comunidades afectadas, por lo que informaron que durante esta jornada publicarán un comunicado desmintiendo al medio del empresario Álvaro Saieh.

Sobre la misma publicación de La Tercera, una fuente cercana al tema, indica que la noticia, menciona que “Toconao llegó a acuerdo con SQM, pero lo que no dicen es que fue en el marco de la transferencia de un campamento que fue construido por SQM en los años 90’ encima de un cementerio indígena, un sitio arqueólogo, se dice que llegó a acuerdo, pero no se dice que es en el marco de una devolución. Además, dicen que el acuerdo entre la comunidad de Peine y SQM es inminente y no hay ninguna relación”.

Además, comenta que las presiones de la empresa a las comunidades, son “parte de una cultura organizacional que hay en SQM, una sensación que son intocables, que pueden hacer lo que quieran, como si siguiéramos en los 80”.

Cabe recordar que durante 28 años, SQM estuvo liderada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, quien dejó la presidencia de Soquimich en 2015, tras el conocido caso del financiamiento irregular y las boletas ideológicamente falsas entregadas a la minera no metálica por parte de diversos personeros políticos.

En agosto, la Comunidad Indígena Atacameña de Camar y SQM Salar S.A. suscribieron un convenio extrajudicial que deja a la agrupación fuera del proceso judicial que las comunidades indígenas iniciaron en diciembre de 2019 contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona.

Ante las acusaciones sobre estos eventuales actos de cooptación desde SQM a las comunidades, desde la empresa señalaron a nuestro medio que “esto no corresponde a la realidad. Sí podemos asegurar que este tipo de acuerdos establecen un diálogo de respeto recíproco entre la empresa y las comunidades que esperamos que se consolide en el tiempo. Nuestro esfuerzo es lograr una operación que esté cada vez en mayor armonía con nuestro entorno y nuestros vecinos”.

Consultados por INTERFERENCIA respecto a las acusaciones que apuntan a que SQM está realizando el procedimiento sin realizar una consulta indígena “previa, libre e informada”, desde la empresa señalaron que “respecto de la Consulta Indígena, le corresponde al Estado determinar su procedencia, a través de sus órganos competentes. Entendemos que en el caso de los procesos de sanción no corresponde y así lo ha confirmado el Tribunal Ambiental. Nosotros acatamos las decisiones que tome la autoridad en este ámbito”. 

“Sin perjuicio de lo anterior, SQM ha mantenido una constante comunicación con las comunidades vecinas, nos importa su opinión y entender sus preocupaciones. En este sentido, el convenio suscrito con Camar entrega a la comunidad incluso mejores herramientas y mecanismos que el mismo proceso de consulta indígena. Asimismo, como empresa, estamos disponibles para efectuar todas las mejoras que sean requeridas a nuestro Plan de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la SMA y el Primer Tribunal Ambiental”, aseguraron.

En relación a su acuerdo con Camar, la empresa afirmó que “el convenio suscrito entre la Comunidad de Camar y SQM incluye concesiones recíprocas, incluida instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas. Esto, permite desarrollar una nueva forma de relacionamiento que, desde el reconocimiento, el respeto mutuo, la buena fe entre las partes y en una relación de paridad, se hace cargo directamente de las preocupaciones y percepciones de la comunidad al establecer instancias permanentes de diálogo de igual a igual. Este acuerdo representa un estándar a considerar para futuros acuerdos con comunidades indígenas del Salar de Atacama”.

Rectificación: Este artículo ha sido modificado el miércoles 26 de agosto a las 13:32 hrs en su frase "Luego, en 2018, volvió a SQM contratado como asesor estratégico", respecto al rol del señor Julio Ponce Lerou en SQM. Según indicó la empresa a INTERFERENCIA, "esta asesoría no se concretó. No existe el retorno a la compañía que se menciona", por lo cual la frase fue retirada.

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