La Fundación Educacional Mario Veloso Oses, administrada por la Iglesia Adventista, es sostenedora de 14 colegios en las regiones del Bíobio y Ñuble y recibe todos los años millonarios aportes del Ministerio de Educación. Tanto así que en 2019 tuvo un monto de platas públicas sin ejecutar de más de 3.200 millones de pesos.

A pesar de contar con ese saldo a su favor y de obtener nuevos subsidios este año, esta fundación cristiana optó por acogerse a la Ley de Protección del Empleo que el gobierno diseñó para hacerle frente a la pandemia sanitaria por el coronavirus. Esta ley permite al empleador suspender el contrato de sus trabajadores por unos meses, dejando de pagar los salarios. En el caso de esta sostenedora, suspendió el contrato a seis trabajadores, pasando sus sueldos a depender de los seguros de cesantía de los propios empleados. 

Pero este no es el único caso. INTERFERENCIA tuvo acceso a la rendición de cuentas de colegios subvencionados por el Estado durante el 2019, donde figuran una serie de instituciones con saldos sin gastar, correspondientes a la Subvención General, la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el Incremento de Subvención por Proyectos de Integración Escolar (PIE).

De la lista total de escuelas con saldo, 29 colegios se acogieron a la Ley de Protección al Empleo, a pesar de que presentaban un saldo de subvenciones de más de 100 millones de pesos que arrastraban del año pasado. Del listado, esta redacción identificó a 10 sostenedores que registraron dineros sin ejecutar por más de 300 millones de pesos y que optaron por acogerse a este beneficio para empleadores. 

Top 10 de colegios con máximos fondos estatales no ejecutados que se acogieron a Ley de Protección al Empleo

Consultados por este tema, desde el Mineduc indicaron que las subvenciones y su fiscalización es labor de la Superintendencia de Educación. Desde la Superintendencia, se nos dijo que la tarea de fiscalizar si la escuela cumplía con el requisito de no tener dinero para pagar salarios - lo que justificaría que se acogiera a la Ley de Protección al Empleo - correspondía a la Inspección del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo. 

INTERFERENCIA consultó a la Inspección del Trabajo sobre si la institución ha fiscalizado la situación de estos sostendedores de centros educativos. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta por parte de la entidad.  

Según una entrevista realizada por CIPER en abril de este año a Alejandro Charme y Cecilia Flores, asesores de la ministra del Trabajo María José Zaldívar, en realidad el Estado no estaría fiscalizando si las empresas realmente tienen la necesidad de acogerse a la Ley de Protección al Empleo, en términos de vivir una crisis económica que le impida pagar sueldos. Esto, debido a que la ley no consideraba este tipo de fiscalización ni definía claramente qué significaba que un empleador había sido “afectado” por la pandemia. "Es un pacto de buena fe", afirmó Charme en la entrevista.

Para Carlos Díaz Marchant, presidente metropolitano del Colegio de Profesores, la situación es inaceptable. “No hay ningún motivo para que estos sostenedores se adscriban a la Ley de Protección al Empleo”, afirma, ya que “tienen los recursos destinados para este año y además suculentos saldos por el ejercicio del año anterior”. 

Desde la Superintendencia de Educación señalaron a INTERFERENCIA que “no necesariamente tener saldos en una subvención significa que el dinero está disponible para pagar remuneraciones, debido a la naturaleza y fines específicos que tiene cada subvención, pues hay reglas que cumplir para ciertos usos”.

Marchant indica que estos montos sí se podrían destinar a salarios. Las tres subvenciones para la cual los sostenedores registraron saldos sin ejecutar - esto es, la subvención general, SEP y PIE - permiten el pago de remuneraciones,señala el dirigente, por lo que no habría justificación real para suspender el contrato y pago de sueldo a sus trabajadores. “Como Colegio de Profesores metropolitano vamos a pedir un pronunciamiento a la Contraloría respecto a esto [...] para ver la legalidad de este actuar de los sostenedores y, de ser necesario, se pongan las sanciones respectivas, para que esta situación no siga”, aseguró. 

Según el cruce de la rendición de 2019 presentada a la Superintendencia de Educación y el listado de empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, las instituciones educativas que suspendieron contrato a al menos uno de sus trabajadores acumulan un monto total de más de 9.000 millones de pesos no ejecutados el año pasado. Casi 30 establecimientos registran más de $100 millones empozados desde el 2019.

El top 10

La Fundación Educacional Mario Veloso Oses es, por lejos, el sostenedor que más dinero no ejecutó en 2019, con un remanente de 3.251 millones de pesos . La institución acogió a la ley de protección del empleo a seis de sus trabajadores, en la modalidad de suspensión del contrato. La fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene más de dos veces el dinero sin gastar que el segundo en la lista. 

Contactado vía correo electrónico por INTERFERENCIA, el administrador de la Fundación Educacional Mario Veloso Oses y director de Educación de la Iglesia Adventista, Roy K. Mayr, indicó que “la información que me envía es absolutamente incorrecta”. Tanto la lista de rendición de cuentas como el listado de empresas acogidas a la Ley de Protección al empleo son documentos oficiales provenientes del Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, respectivamente. Se le consultó en un segundo correo a Mayr cuál de estos dos documentos sería el que está incorrecto, sin recibir respuesta. 

Mayr indicó que “como fundación educacional nos corresponde rendir cuentas sobre el uso de los recursos a la autoridad llamada para tales efectos, esto es, la Superintendencia de Educación; es lo que hacemos y continuaremos haciendo, siempre que seamos requeridos y con total transparencia”.

Por su parte, la Corporación Educacional Gutiérrez Catalán fue la entidad que registró el segundo monto más alto de subvención no ejecutada el 2019, con casi 1.400 millones de pesos. Aun así, suspendió contratos a nueve de sus trabajadores. Consultados al respecto, desde el Colegio Misionero de Agostini, desde donde se recibió la subvención otorgada a la corporación, indicaron que "existieron problemas en la plataforma del Ministerio de Educación, pero se envió a la persona encargada del Mineduc los pagos efectuados del año 2019 como pruebas que señalan las subvenciones, y estas son muy inferiores a lo percibido en dicho periodo". 

Cabe destacar que esta corporación cuenta con antecedentes de irregularidades. En 2015 fue multada por la Superintendencia con 70 UTM - unos 3 millones de pesos, a la fecha - por contravenir la normativa educacional; sanción que fue apelada por el sostenedor y rechazada por la entidad fiscalizadora. 

Le sigue la Corporación Educacional Trabunco de Peñaflor, con un remanente de subvenciones de 1.052 millones de pesos, y que suspendió contrato a cinco trabajadores este año debido a la pandemia sanitaria.

En cuarto lugar de la lista de los sostenedores con más montos de subvenciones sin gastar del año pasado y que este año se acogieron a la ley de Protección al Empleo, está la Corporación Educativa Grasp, que tiene a su cargo un establecimiento educacional: el Colegio Nahuel de Paine. Según registros de la superintendencia, este sostenedor se quedó con un saldo de 701 millones de pesos en subvenciones y acogió a la Ley de Protección al Empleo a un trabajador.

Esta escuela ya había estado en la polémica hace unos meses. En abril de este año fue denunciada por la Superintendencia de Educación a la Fiscalía Nacional Económica por obligar a los apoderados a abonar $40.000 para la compra de materiales escolares con la Librería Los Alpes, empresa de propiedad de los mismos dueños de la escuela.

En la lista, continúa la Fundación Educacional Tupungato, con 693 millones de saldo de subvenciones y 10 trabajadores acogidos a la ley de Protección al Empleo; la Fundación Educacional Umbrales del Alba, con 632 millones de pesos y cuatro trabajadores acogidos a la ley; la Corporación Educacional Los Pinos San Bernardo, con 540 millones de remanente en subvenciones y 9 trabajadores acogidos a la ley; y, la Corporación Educacional Renaciente San Javier de La Pintana, con 523 millones de pesos en subvenciones remanentes y un trabajador acogido a la ley de Protección al Empleo. Todos estos sostenedores tienen sólo un colegio bajo su administración.

La Fundación Educacional Altazor, en tanto, explicó que "sólo le suspendimos el contrato a un trabajador  a solicitud de él mismo (de nacionalidad peruana), quién se encontraba de vacaciones en su país cuando se cerraron las fronteras y no pudo volver hasta mediados de octubre del presente año".

Respecto a los $516 millones que figuran como no ejecutados en la rendición de 2019, el sostenedor indicó que "no tenemos un saldo de 500 millones, esa diferencia que aparece corresponde a un error en las rendiciones de cuentas, error por el cuál hemos sido multados". Según la fundación este error podrá ser solucionado luego de que la Superintendencia abriera un proceso de rectificación que "nos permitirá finalmente corregirlo".

El décimo de la lista es la Fundación Educacional Forgone, que tiene a su haber 319 millones de pesos de subvenciones del año pasado. Esta institución se acogió a la ley de Protección al Empleo con 10 trabajadores.

El resto de los sostenedores presentes en la lista de los 10 que más fondos mantienen empozados y que suspendieron el contrato de trabajadores, no pudieron ser ubicados, luego de que se les escribiera a su correo presentado en el “Registro de Correos Electrónicos 2020 Sostenedores Superintendencia de Educación”, disponible en la página web de la entidad fiscalizadora del Mineduc.