En lo que puedo constituir otro duro golpe a la imagen internacional del gobierno de Sebastián Piñera, anoche el canal La Red anunció que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja por lo que considera intromisiones antidemocráticas de La Moneda en el libre ejercicio del periodismo y de la prensa.

“Esto básicamente se trata de poner límites, se pone un límite y se dice: esto no se está dispuesto a tolerar en una sociedad democrática”, afirmó el abogado Branislav Marelic en el programa ‘Mentiras Verdaderas’, instancia en que la estación televisiva dio a conocer el hecho. “Por tanto, esto se tiene que poner en conocimiento de las autoridades correspondientes, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

“Que Magdalena Díaz dé explicaciones de por qué aceptó hacer esa llamada, porque pudo negarse y no lo hizo. Atentó contra el libre ejercicio de la prensa a pedido del Presidente y eso debe explicarlo, si no es en Chile que sea en San José o en Washington”.

El caso que gatilló la decisión de La Red fue el fallido telefonazo de la asesora presidencial Magdalena Díaz al dueño de ese canal en Miami. A raíz de la entrevista al ex frentista Mauricio Hernández Norabuena que ‘Mentiras Verdaderas’ emitió el lunes 15 de marzo, Díaz llamó a un teléfono personal de Ángel González, quien reside en Miami, para quejarse por la línea editorial de la estación televisiva desde la llegada de Víctor Gutiérrez como director ejecutivo. “Su canal se fue a la izquierda”, transmitió a pedido del propio presidente Piñera. “El daño que se le hace a la democracia con esta línea editorial es complicado pues genera divisiones en el país”, le dijo al propietario de Albavisión, que es ciudadano estadounidense de origen mexicano. Estos detalles fueron revelados por INTERFERENCIA en su artículo “Los entretelones de la polémica llamada de La Moneda al dueño de La Red”.

“Esto debería dar pie para hablar de la situación generalizada en Chile, porque lo que está en riesgo es la libertad de expresión”, afirmó Marelic a nuestro medio tras su aparición en el programa. “Lamentablemente días después pasó lo de Julio César Rodríguez y eso demuestra que la presión presidencial no es un caso aislado”.

En efecto, tal como reveló en exclusiva INTERFERENCIA, el Presidente llamó el miércoles 31 de marzo a Jorge Carey, un alto ejecutivo de Chilevisión, para quejarse de que el conductor del matinal hablara ese día de la “variante Piñera” en referencia a las erráticas medidas sanitarias del gobierno (ver: “Comentario de Julio César Rodríguez en matinal gatilla reclamo de Piñera a Chilevisión”).

Tras la publicación de ese artículo el sábado 10 de abril -y mientras el hashtag ‘variante Piñera’ se posicionaba como el número uno en las redes sociales- la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda contactó a varias editoras y editores de prensa para convencerlos de publicar un desmentido del gobierno.

A los dos telefonazos fallidos a altos directivos de canales de TV -a los que tal vez se deban agregar otros aún desconocidos para la opinión pública- se suma el silencio presidencial ante el espionaje telefónico que el Ejército realizó a seis periodistas, entre ellos Mauricio Weibel, quien destapó el llamado Milicogate, y Pascale Bonnefoy, corresponsal en Chile de The New York Times y profesora de la Universidad de Chile. Hasta ahora La Moneda no se ha pronunciado al respecto.

Altas fuentes de La Red aseguran a este medio que estos y otros casos de hostigamientos a la prensa también influenciaron la decisión de recurrir a la corte con sede en San José, Costa Rica. “Los periodistas y muchos reporteros gráficos han sufrido detenciones, algunos torturas, amenazas y llamadas de presión, esto ya parece dictadura”, afirma una de estas. “¿Y quién acá en Chile hace algo? Nadie, nunca hacen nada con estos casos, nunca vemos justicia. La inteligencia militar, los carabineros… todos actúan con impunidad”.

Respecto a los antecedentes que la empresa de comunicaciones presentará a la CIDH, un ejecutivo del canal afirma que “queremos dejar al descubierto estas prácticas que ya parecen dictatoriales”. Y continúa: “Que Magdalena Díaz dé explicaciones de por qué aceptó hacer esa llamada, porque pudo negarse y no lo hizo. Atentó contra el libre ejercicio de la prensa a pedido del Presidente y eso debe explicarlo, si no es en Chile que sea en San José o en Washington”.

En tanto Branislav Marelic, que fue presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, aseguró a nuestro medio que la intención de esta movida es “tratar de prevenir atentados y riesgos mayores a la prensa”, aunque no descarta que la CIDH incluso pueda llegar a realizar audiencias.

Polémica en Anatel: "Un mal chiste"

A las presiones gubernamentales la prensa que se muestra más crítica a La Moneda, y en especial hacia la figura presidencial, se suma la indiferencia que las autoridades han mostrado ante las constantes amenazas que han sufrido reporteros, fotógrafos y audiovisualistas que han cubierto en terreno manifestaciones y protestas.

Según datos del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, entre octubre de 2019 hasta marzo de este año se han registrado y denunciado 294 casos de agresiones y detenciones de periodistas, cifras que no se daban desde la época de la dictadura. La mayoría de estas agresiones han sido cometidas por la fuerza policial.

Consultados al respecto hace una semana, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, con sede en Nueva York) aseguró que “seguimos monitoreando las vulneraciones de la libertad de prensa en la región y nos encontramos bastante preocupados por la situación de la seguridad de los periodistas en Chile”.

La Corte de Apelaciones de Santiago tiene sobre su escritorio un recurso de protección en contra de Piñera por violar la libertad de expresión e información en el caso del telefonazo a Miami.

Mientras el gobierno ignora estas graves vulneraciones al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, no ha dejado de lado sus intentos por seducir a los grandes medios de comunicación, en especial a los de la TV.

Ayer se supo que Ernesto Corona, el presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel, que agrupa a las emisoras del país), envió un correo electrónico a los directores de los canales con una minuta de trabajo realizada por Juan Carlos Silva, subsecretario de Cultura y las Artes. El gobierno les estaba ofreciendo la posibilidad de postular a fondos culturales.

La propuesta, según le consta a nuestro medio, fue bien recibida por casi todos los ejecutivos, entre ellos Jorge Carey de Chilevisión. Pero a uno de ellos le pareció una bofetada; a Víctor Gutiérrez de La Red.

En varios medios digitales se esparció ayer en la tarde la lapidaria respuesta de Gutiérrez al presidente de la Anatel.

“Ernesto, agradezco tu buena intención. Pero me parece un mal chiste del Ministerio de Cultura. Ahora aparecen, buscan limpiar imagen al gobierno? Un poco tarde para eso. La Red, NO postulará, ni pedirá nada al gobierno. Intimidar y censurar con llamadas y seguimientos e intervenciones telefónicas a los periodistas y canales, no es democrático. Es dictatorial. Y ahora aparecen los de ‘cultura’. Muchos actores botados y ellos ofreciendo postulaciones. Un chiste! Ya saben qué hacer con sus postulaciones….”.

Mientras tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago tiene sobre su escritorio un recurso de protección en contra de Piñera, presentado el sábado 10 de abril por el senador Alejandro Navarro, por violar la libertad de expresión e información en el caso del telefonazo a Miami.

El tribunal aún no se pronuncia si lo acogerá o no.