Sugiero que las organizaciones de Derechos Humanos y los familiares del diplomático Carmelo Soria, soliciten al gobierno del Presidente Boric, y al Ministerio de Justicia y otros organismos que correspondan que se tramite el que los acusados y condenados por violación de Derechos Humanos, como el caso de los asesinos Quihot, Belmaar y Salinas, se les retire el beneficio de sus pensiones, argumentando que "el o la persona que "habiendo sido condenado por Sentencia Judicial por la comisión de delitos de Derechos Humanos, se le impida el goce de una pensión pagada por el redimen previsional Capredena". haciendo con ello justicia a familiares, al país, al estado de Derecho e incluso a la honra de las FF. AA. .