En cadena nacional, desde un cité en la comuna de Independencia, el presidente Gabriel Boric (CS) dio a conocer el contenido del Pacto Fiscal que estuvo trabajando su ministro de Hacienda, Mario Marcel (cercano al PS), desde la anterior cuenta pública, donde el Gobierno ató el destino de su programa social a una elusiva Reforma Tributaria.

Finalmente, la Reforma Tributaria mutó a un Pacto Fiscal, el cual incluyó una serie de nuevas materias vinculadas a la recaudación tributaria, más allá del alza de impuestos a los sectores más acomodados que supone la política pública original -la Reforma Tributaria-, la cual fue desechada como tal en marzo, de manera bochornosa, luego de que el Gobierno no consiguiera los votos ni siquiera para discutir el proyecto, con lo que -además- la discusión quedó constitucionalmente postergada durante un año calendario.

Así las cosas, el Pacto Fiscal fue construido por Marcel a partir de distintas instancias de diálogo, en la que diversos actores fueron entregando sus diagnósticos y perspectivas sobre los problemas generales del sistema tributario, más allá del alza de impuestos implícita en una Reforma Tributaria, con lo que la política pública terminó ampliándose a diversos temas.

En concreto, Marcel y su equipo, identificaron seis áreas, siendo solo una de ellas relacionada al alza de impuestos, la cual, de todos modos, deberá esperar a marzo para volver a ser presentada al Congreso, pues el Gobierno decidió no insistir en el punto, vía el Senado.

De tal modo, Boric fue el encargado de hacer el anuncio de estos seis puntos, los que se centran en la fijación de los principios para un sistema tributario moderno; la priorización del gasto público; la implementación de reformas para la transparencia, la eficiencia y la calidad en el Estado; el impulso al crecimiento de la economía; la fiscalización de las obligaciones tributarias y la reforma al impuesto a la renta; y el establecimiento de mecanismos para el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas.

Sin embargo, el rol del presidente no fue solo hacer pedagogía de las políticas públicas de su administración, sino que también debió darle un sentido político, el cual busca endosar a la oposición la responsabilidad por no dar curso al diálogo en estas materias, y los costos de no emprender ninguna reforma social importante.

“No insistiremos en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado por dos votos en la Cámara de Diputados, pues hubo un sector de la política que desgraciadamente nunca quiso sentarse a la mesa a encontrar un acuerdo por el bien de Chile. Ustedes saben bien quienes son”, señaló Boric. 

El mandatario agregó que “desde acá quiero asegurarles que mi gobierno no va a renunciar jamás a mejorar las pensiones de los miles de jubilados que viven en condiciones indignas, con pensiones por bajo el sueldo mínimo, después de haber trabajado toda una vida. Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en mejorarles la calidad de vida a ellos, a quienes les debemos tanto. No hay tiempo que perder. Nuestra prioridad son ustedes, que no pueden seguir esperando. Hay que generar los recursos que suban ya las pensiones a nuestros compatriotas, que han dado una vida de esfuerzo y trabajo a nuestra patria”.

En esa línea, en la parte final de su discurso, el presidente también aprovechó de reiterar que “la voluntad de diálogo prevalecerá a pesar de que algunos no quieran sentarse a la mesa porque las familias chilenas merecen cariño, respeto y justicia social, y para eso estamos acá. Por lo mismo no habrá negativa que nos aleje de nuestro compromiso por un Chile justo y desarrollado para todos y todas. Las cifras que nos ha entregado la Casen demuestran que si tomamos las decisiones correctas y ponemos al Estado a trabajar por las personas y no quedarnos en la pelea política chica es posible hacer retroceder aún más la pobreza y la desigualdad”.

La jugada parece gozar de cierto oxígeno, en tanto la derecha cometió el error de apresurarse en asociar la negociación del Pacto Fiscal a la caída del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), en momentos en que todavía no aparecían los computadores sustraídos de ese ministerio, ni los nombres de los delincuentes que perpetraron el robo. Conocidos estos antecedentes, las acusaciones contra Jackson aparecieron como destempladas, y el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, y principal portavoz contra el ministro, quedó debilitado, y más, considerando la situación judicial de su padre, Eduardo Macaya, a quien el senador defiende, y quien es acusado de abusos sexuales contra sus nietas.

Hace unas semanas, en medio del denominado Caso Convenios, el ministro Jackson respondió a la oposición y señaló que “esperaría que las personas que vertieron irresponsablemente esas opiniones se retracten, de tal manera que nosotros podamos seguir avanzando en el debate para el cual estamos convocados”.

“El tiempo va a ir esclareciendo las situaciones. Hemos colaborado en todo lo que hemos podido con la Fiscalía y me imagino que el tiempo también en ese sentido va a ir dándonos la razón y esperando también que en la conversación eso pueda ser reconocido por el resto de la comunidad política y dentro de la opinión pública, pero no tengo mucho más que aportar en ese aspecto”, señaló Jackson en entrevista con 24 horas.

Con eso cobraron más credibilidad las 32 jornadas de diálogo que emprendió Marcel -tal vez un aprendizaje del estilo de la ministra de Trabajo Jeanette Jara (PC), quien así sacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales-, en donde el Gobierno alcanzó a conversar incluso con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), pero no con la oposición, por negativa de ésta.  

Ahora, la derecha respondió de todos modos con escepticismo. “Me hace dudar de que el presidente de verdad quiera llegar a un acuerdo. Insultarnos es una muy mala estrategia y demuestra poca inteligencia… Él nos acusa de no haber querido conversar el tema de la Reforma Tributaria cuando se rechazó. Pero yo le quiero recordar que ese proyecto estuvo en la Cámara de Diputados por ocho meses y teníamos sesiones diarias en la Comisión de Hacienda. Presentamos decenas de indicaciones y todas las rechazaron”, dijo el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

El timonel de la UDI, Javier Macaya, se sumó a las reacciones afirmando en su cuenta de Twitter que la propuesta es “un acuerdo entre dos partes” y que “si la invitación parte sin asumir las responsabilidades políticas de la corrupción y se saltan norma de no poder sin 2/3 de senadores repetir ideas matrices de un proyecto rechazado antes del primer año, es difícil construirlo”.

Desde Republicanos, el diputado Agustín Romero declaró que “si el Gobierno cree que van a mejorar el trabajo y aumentar el crecimiento económico poniendo impuestos en un momento de recesión o poniéndole impuesto al trabajo como lo quiere con la Reforma Previsional, evidentemente este tipo de medidas no van a llegar a los objetivos que se tienen”.

Por su parte, desde los gremios y las pymes, hubo distintas reacciones a los anuncios. Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoraron que el anuncio del Ejecutivo incluyera ejes orientados a incentivar el crecimiento, combatir la informalidad, modernizar el Estado, entre otras. Pese a ello, se mostraron críticos con la idea de que el Gobierno insista con la idea de incluir una reforma tributaria para recaudar 2,7% del PIB (US$ 8 mil millones), aunque calificaron como “una buena noticia” que se descartara el impuesto al patrimonio y las utilidades retenidas.

En tanto, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) valoraron lo anunciado y destacaron que se ponga el crecimiento "en el centro". Asimismo, apuntaron a la importancia de la eficiencia del gasto público. En una declaración, la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, sostuvo que “creemos que una mayor eficiencia del gasto público podría ayudar mucho a financiar los programas sociales propuestos (pensiones, seguridad y salud), por lo que es importante poder cuantificar cuánto sería este aporte”. 

Desde el gremio constructor, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) consideraron oportuno que la modernización del Estado, un mejor gasto público, disminuir la informalidad y medidas que incentiven la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo estén sobre la mesa. Sin embargo, expresaron su preocupación respecto a que “se mantenga la idea de subir impuestos y no se incentive el ahorro”.

Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) enfatizó en que si bien valoraron el “racionalizar el gasto público y por esa vía contribuir al crecimiento económico del país”, manifestaron su preocupación por “algunas medidas enunciadas como la que señala una reforma a la tributación a la renta, que incorpore aumentos de impuestos”. Además, respecto al ámbito minero, valoró que se propongan medidas en orden a disminuir en 30% el tiempo de tramitación de proyectos mineros, pero consideran que “es insuficiente para que se despliegue con fuerza la inversión minera”.

En tanto, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) consideró que “es una buena medida que el Gobierno haya incorporado como uno de los ejes del pacto fiscal el combate contra la informalidad con iniciativas tendientes a sancionarla y controlarla junto con otras destinadas a la formalización de las pymes”.

A su vez, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), valoró los anuncios del Gobierno sobre “lineamientos generales del pacto tributario”. En detalle, el gremio se manifestó a favor de la racionalidad impulsada por el Ejecutivo en orden a una modernización del sistema tributario y a la maximización de la eficiencia del gasto y del crecimiento económico como aportes determinantes para un mejor resultado fiscal.

Eduardo del Solar, presidente de Convergencia Nacional de Gremios Pyme, agradeció que el Ministro Marcel haya acogido la solicitud que hicieron desde su sector en cuanto a “postergar el debate tributario para marzo y concentrar los esfuerzos del pacto fiscal en reactivar la economía, la inversión, el empleo y la formalidad”, mientras que la presidenta de Unapyme, Gianina Figueroa, valoró que desde el Ejecutivo fueron escuchados en las más de diez reuniones con el Ministerio de Hacienda. “Impulsar la ruta del emprendimiento con incentivo salarial, la formalización a la gestión, al financiamiento y al crecimiento de las empresas de menor tamaño, sin duda nos proyecta en un mejor desarrollo”, sostuvo.